Tegucigalpa, Honduras.- El presupuesto de la Secretaría de Defensa, de cara a 2023, será uno de los que más crecerá, según el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos que discutirá y aprobará el Congreso de la República durante las próximas semanas.
El presupuesto pasará de L 9,336,149,156.00, en 2022, a los L 10,662,758,329.00, hacia 2023, con un incremento de L 1,326,609,236.00 y una variación del 14%, situación que ha despertado críticas en los sectores defensores los derechos humanos, quienes más bien han insistido en que se debe convocar a un diálogo nacional sobre la factibilidad de continuar manteniendo las Fuerzas Armadas.
“Las Fuerzas Armadas son y serán un enemigo de la democracia y, por lo tanto, me parece absurdo que en vez debatir sobre su futuro, se les esté aumentando el presupuesto”, lamentó el investigador en derechos humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, en entrevista con Criterio.hn.
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Las recientes determinaciones han generado un alto contraste, incluso, con el Plan de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que planteaba una desmilitarización de la seguridad ciudadana durante su administración.
Sin embargo, su sobrino político, José Zelaya, secretario de Defensa, ha solicitado una ampliación en la partida presupuestaria de más de L 1,000,000,000.00, que será destinada al fortalecimiento de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada en 2014 bajo la Administración Juan Orlando Hernández, y a la compra de equipo militar y aéreo.
FFAA, EL ENEMIGO DE LA DEMOCRACIA
Históricamente, las Fuerzas Armadas han estado vinculadas a las más profundas crisis de derechos humanos en Honduras, entre ellas las desapariciones forzadas de la década de 1980 y, más recientemente, las crisis derivadas del golpe de Estado de 2009 y del fraude electoral de 2017.
“Me parece una bofetada a la ciudadanía y a las víctimas de los años 80, del golpe de Estado y de la crisis poselectoral de 2017, porque no es posible que se les incremente el presupuesto y que se les asigne sin un verdadero proceso de rendición de cuentas”, añadió Mejía Rivera.
Durante la década de 1980, a las Fuerzas Armadas hondureñas se le adjudicó la responsabilidad en las desapariciones forzadas de cientos de personas, entre ellos Tomás Nativí, un dirigente estudiantil del que nunca se volvió a saber, mientras que tras el golpe de Estado fueron más de 50 los ciudadanos ejecutados y, después de la crisis poselectoral de 2017, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), fueron cerca de 30 las personas asesinadas.
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Bertha Oliva nunca volvió a ver a su esposo Tomás Nativí y tras ello, décadas atrás, fundó el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). Oliva considera que la decisión del Gobierno, de fortalecer los presupuestos de las Fuerzas Armadas, es y será un grave error.
“Eso va a en contra de lo que uno sueña. Las Fuerzas Armadas, no nos lo han contado, lo hemos vivido, cuando se les da mucho poder, han ocasionado golpes de Estado y asesinatos de todos los que se han opuesto”, dijo a Criterio.hn.
En coincidencia con Joaquín Mejía Rivera, del ERIC, uno de los principales problemas es que a las Fuerzas Armadas no se les han impuesto sanciones tras el golpe de Estado de 2009 y tras la comisión de los crímenes de lesa humanidad generados con las desapariciones forzadas.
Según el Cofadeh, en la década de 1980, el Ejército hondureño desapareció a 184 personas. Sin embargo, este número solo corresponde a casos que fueron denunciados, por lo que la cantidad podría ser mucho mayor.
“Olvidar todo lo que han cometido y aumentar sus presupuestos, lo único que les da es poder e impunidad para seguir cometiendo los mismos delitos. Si estamos alimentando a la víbora, la cosa puede ser mucho peor de lo que ya hemos vivido, y ese es mi gran miedo”, prosiguió Bertha Oliva.
ESPALDARAZO DE XIOMARA CASTRO
El espaldarazo del Gobierno hacia el Ejército hondureño, además del incremento a sus presupuestos, se ha visto evidenciado con el protagonismo que se le ha otorgado a la Policía Militar, señalada por represión, a la que se le ha permitido continuar violando derechos humanos, como ocurrió recientemente, el 7 de noviembre de 2022, con el desalojo violento a miembros de la etnia Garífuna en la localidad de Punta Gorda, Roatán, quienes se resistían a despojarse de tierras que les pertenecen.
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De igual modo, además de sus constantes violaciones a los derechos humanos, la institución castrense ha sido señalada, por la justicia de Estados Unidos, de haber facilitado logísticamente el tráfico de drogas durante las últimas décadas en Honduras, sin que exista una rendición de cuentas para los militares involucrados. Aún así, su presupuesto continúa en incremento.
