Tegucigalpa.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo, presentó un proyecto de ley permita a la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO) adscrita al Ministerio Público ejercer acción penal sin autorización del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla.
La normativa conformada por seis artículos, tiene la finalidad de fortalecer las acciones de la fiscalía anticorrupción, que dirige Luis Javier Santos, relevando las directrices del fiscal general y el fiscal adjunto que han limitado la judicialización en casos de corrupción de alto impacto.
“El Ministerio Público ha demostrado incapacidad ante los ojos del pueblo hondureño en la lucha frontal contra la corrupción lo que ha permitido una impunidad absoluta en muchos casos y, que aparte de los daños directos al pueblo, la comunidad internacional no cree en la institucionalidad del país”, consideró Redondo.
El artículo 1 contempla otorgar un grado de independencia superior a la UFERCO sobre las demás fiscalías a efecto que los fiscales procedan al ejercicio de la acción penal pública de oficio, es decir, que actúen directamente en la judicialización de casos de corrupción sin que se deba someter su decisión a la aprobación previa de Chinchilla.
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Además de dotar de un estatus especial a la unidad anticorrupción para cumplir con sus funciones sin obstáculos, se estipula que las dependencias del Estado que limiten el acceso a documentos solicitados por el Ministerio Público o que entreguen información desfasada tendrán una sanción pecuniaria que supera los 200 salarios mínimos e incurrirán en responsabilidad penal.
“Es imposible cuando toda investigación y acciones tienen que ser aprobadas por la dirección general de la fiscalía… (La Ley) Es con la finalidad de lograr avances significativos en el desmontaje y desarticulación en las estructuras y redes de corrupción”, señaló Redondo.
Asimismo, el proyecto contempla que el personal asignado a la UFERCO gozará de inamovilidad de sus cargos mientras esté vigente el decreto y no podrá ser sujeto de sanciones por sus acciones que realice.
En caso que un miembro de la UFERCO sea destituido o separado de su cargo antes o durante la vigencia del proyecto será restituido con el goce de todos los derechos.
El artículo 3 establece que la normativa estará vigente hasta que asuma un nuevo fiscal general y adjunto como titulares del Ministerio Público a quienes se les deberá presentar informes pormenorizados de los casos presentados durante el periodo de vigencia en caso de aprobarse la ley.
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También, se ordena al Ministerio Público incrementar en un 10% el presupuesto asignado a la UFERCO y aquellas disposiciones que contraponen el decreto que presentó el titular del Poder Legislativo quedarían en suspenso mientras esta tenga vigencia.
“Uno de los temas que nos interesan es el fortalecimiento de la UFERCO, dándole mayor capacidad al fiscal Luis Javier Santos quien nos ha pedido que revisemos las atribuciones que le quitaron”, expuso el vicepresidente del Congreso y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé.
Kenneth Madrid, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expuso que otorgar facultades a la UFERCO de manera autónoma viola los preceptos constitucionales que manda que la titularidad de la acción penal la tiene el fiscal general y los fiscales actúan por delegación.
El artículo 232 y 233 de la Constitución de Honduras establecen que la acción de persecución penal recae única y exclusivamente al Ministerio Público mientras que el Decreto Legislativo 228-93 contentiva de la Ley del Ministerio Público, en su artículo 24, le da la potestad al fiscal para que con su venia se libren requerimientos fiscales, entre otras autorizaciones.
A criterio del exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, el proyecto de derecho que presentó Redondo “es una acción muy bien intencionada”, pero no resuelve la lucha contra las redes y estructuras de corrupción en Honduras.
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El fiscal general es sindicado de ser parte de la estructura que erigió el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Durante el juicio contra el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez se declaró que Chinchilla fue impuesto por JOH, como popularmente se le conoce a Hernández, para proteger la narcoactividad y no presentar requerimientos contra los implicados en la red delictiva.
Además, es importante recordar que, en 2010, Chinchilla asumió como magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Fue el único que no fue destituido por el Congreso Nacional presidido por Hernández en diciembre de 2012.
En 2013, fue electo fiscal general con 92 votos de 128 diputados bajo un proceso cargado de denuncias de nulidad. En 2018, unos 88 diputados, en su mayoría afines al conservador Partido Nacional, lo reeligieron en el cargo de manera arbitraria al no ser parte de la lista de postulantes que había entregado la Junta Nominadora violentando el artículo 233 de la Constitución.
Varios congresistas contemplan someter a juicio político a Chinchilla por vinculaciones con el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa de ley para dicha acción.
