Gobierno de Honduras busca un mecanismo con facultades de investigación y persecución penal, autonomía e independencia
Tegucigalpa, Honduras. -La presidenta, Xiomara Castro, entregó al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la propuesta de convenio para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras (CICIH), la misma coincidió con la tercera visita de expertos de la ONU al país centroamericano.
Castro busca que con la aprobación del convenio Naciones Unidas apoye la instalación de un mecanismo internacional que investigue los casos de corrupción público privada y permita la aplicación de justicia contra aquellos que se han beneficiado con el saqueo del erario.
Según lo manifestado por el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, la propuesta entregada por la mandataria es para que la CICIH tenga todas las facultades de investigación y persecución penal, autonomía e independencia.
El diplomático precisó que en octubre se negociará y suscribirá dicho convenio para que la instalación de la CICIH sea una realidad, ya que este ha sido un clamor de los hondureños. Hasta el momento se desconoce el contenido del documento entregado por Castro al secretario general de Naciones Unidas.
Por otro lado, el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, recibió a los Pedro Biscay, experto de la ONU. Aunque el funcionario no dio muchos detalles de dicha reunión, el tema principal fue la situación de la justicia en Honduras, métodos de evaluación y transparencia.
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¿CÓMO GARANTIZAR INDEPENDENCIA PARA LA CICIH?
Funcionarios del Gobierno de Honduras han expresado en diferentes ocasiones que el mecanismo internacional anticorrupción, que se pretende instalar en el país, debe actuar con independencia y autonomía a la hora de investigar y judicializar los casos.
Por otro lado, la oposición asegura que la CICIH no debe ser a la medida del oficialismo o ser utilizada como un arma de “persecución política”.
Al respecto el abogado y exintegrante de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH), Alex Navas, precisó que la independencia del mecanismo anticorrupción no pasa al ser dotada de acción penal, sino que tenga facultades obligatorias para que los casos seleccionados puedan ser judicializados.
Añadió que “es ahí es donde radica la independencia, ya que al darle la figura de querellante adhesivo para que tengan independencia en la judicialización de casos o la presentación de requerimientos fiscales”.
Por lo anterior, el jurista expuso que por ello se necesita la aprobación de la reforma constitucional al artículo 232 de la Constitución de la República, proyecto que fue presentado en 2022 por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya.
Dicha modificación al texto constitucional está encaminada a otorgarle a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), facultades para combatir este flagelo que ha dejado graves perjuicios económicos al país.
Además, es planteada como una necesidad para que a la CICIH no le suceda lo mismo que a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que no tuvo autonomía para actuar con independencia en la persecución penal.
Navas dijo a Criterio.hn que, con el panorama actual del Congreso Nacional, ve lejana la aprobación de esta reforma constitucional, por lo que el convenio para la llegada del mecanismo anticorrupción será parecido al firmado previo a la instalación de la MACCIH en enero de 2016.
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¿QUÉ OTRO CAMINO HAY?
De no existir un consenso en el Poder Legislativo para aprobar la reforma constitucional, el otro camino es una modificación al artículo 6 de la Ley del Ministerio Público y al artículo 25 del Código Procesal Penal e integrar la figura del querellante adhesivo para que la Comisión Internacional trabaje junto a la Fiscalía de la República.
Para el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, lo ideal es otorgarle la figura de querellante adhesivo a la CICIH, ya que el trabajo de dicha comisión será por tiempo limitado.
Días atrás el legislador dijo a Criterio.hn que existe una opción más rápida y que no necesita la mayoría calificada, es la reforma al artículo 6 de la Ley del Ministerio Público y al artículo 25 del Código Procesal Penal e integrar la figura del querellante adhesivo a la CICIH.
Para el abogado, Rodil Rivera Rodil, la opción que debe ser considerada es la reforma al Código Procesal Penal, ya que la Constitución de la República le otorga al Ministerio Público el monopolio de la acción penal.
En declaración a este medio digital detalló que la reforma constitucional no es necesaria porque la CICIH será temporal y este mecanismo ayudará a la lucha contra la corrupción, pero quien tendrá la acción penal es la fiscalía.
Entre tanto, el abogado Alex Navas, la modificación del Código Procesal Penal en vez de la reforma al 232 podría debilitar los procesos investigativos de la CICIH.
“Algunos juristas consideran que hay que reformar el Código Procesal Penal, pero para que un organismo internacional con jueces, abogados e investigadores de otros países puedan presentar una causa ante un tribunal de justicia este mecanismo debe ser protegido y no tenga vicios de inconstitucionalidad como sucedió en Guatemala o con los recursos inconstitucionalidad que presentaron personas que representaban estas estructuras de corrupción”, puntualizó.
