Empresarios dicen que cifras presentadas por la mandataria no son correctas, pero aseguran que no se oponen a una revisión
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -El planteamiento de reforma tributaria ha generado resquemores en la empresa privada de Honduras, luego que la presidenta Xiomara Castro anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de “Ley de Justicia Tributaria”.
Castro hizo el anunció la noche del lunes 30 de enero, en una cadena de radio y televisión en la que resumió sus logros del primer año de su gobierno y anunció algunos planes y proyectos a corto plazo.
La titular del Poder Ejecutivo explicó que la modificación a la actual política tributaria no implicará un aumento en los impuestos y que estará orientada a evitar y regular los abusos y los regímenes de exoneraciones fiscales, aunque no dio más detalles de dicho proyecto.
Según la mandataria son más de 60 mil millones de lempiras los que el Estado deja de percibir por concepto de exoneraciones que reciben los empresarios.
En su Plan de Gobierno, Castro detalló que Honduras tiene uno de los regímenes de exoneraciones fiscales más elevados alrededor del mundo al alcanzar el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El anuncio de Castro no es nuevo pues está consignado en su Plan de Gobierno en el que se desglosa una serie de propuestas en materia de política fiscal, entre ellas la anunciada reforma tributaria que reduzca las brechas y la desproporcionalidad en el pago de impuestos.
En el documento se propone un impuesto único a las grandes fortunas, que incluye una reducción de las exoneraciones, el combate frontal de la evasión fiscal, la eliminación de lagunas en el Código Tributario a favor de grupos privilegiados y velados intereses políticos, y la mejora del conjunto de la administración tributaria.
Otra de las propuestas es un pacto fiscal entre diversos sectores beneficiados con exenciones. También lea: Pese a recibir más exoneraciones fiscales, productores de energía no bajan la tarifa al consumidor final
NO SE AUMENTARÁ LA CARGA IMPOSITIVA
Al respecto la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, explicó que la propuesta de la presidenta Castro no pretende sacarle el dinero a nadie, sino que es la intervención del Estado para generar justicia social.
A criterio de Moncada se necesita hacer modificaciones a la Constitución, al tiempo expuso que la reforma a la normativa tributaria no implica la creación de más cargas impositivas.
Además, recordó que en el pasado se crearon 40 leyes para favorecer a un segmento para profundizar la inequidad.
“Los últimos decretos fueron aprobadas en el mes de diciembre del 2021 -en el Congreso Nacional presidido por el nacionalista, Mauricio Oliva- toca hacer la revisión para hacer una modificación justa y que el país pueda proyectarse en la próxima década en mejores condiciones”, sostuvo.
Puntualizó que el gobierno anterior aprobó esas leyes para la generación de inversión que debía rondar en 10 mil millones de lempiras.
Explicó que la reforma conlleva a la revisión de esos decretos para equilibrar esas 40 leyes “que se crearon en la década perdida para poner cargas impositivas a los que menos tienen, porque al final esos que menos tienen son los que resultan sosteniendo la economía”.
Entre tanto el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, aseveró que la propuesta permitirá al gobierno tener la capacidad de hacer la inversión pública que permita garantizar derechos y libertades a la población.
Añadió que la inversión necesita incentivos, pero no puede ser a costa de los ingresos del Estado y del bienestar de la población. Los incentivos tienen que darse de manera específica puntual y en un período de tiempo determinado, dijo.
A juicio del funcionario, dada las condiciones actuales, lo que compete es
ampliar la base tributaria y revisar lo que durante décadas se ha ido constituyendo, porque lo que se adoptó como un supuesto incentivo se ha convertido en un privilegio, un abuso y corrupción por parte de los sectores con mayor ingreso.
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EMPRESARIOS DICEN QUE CIFRAS PRESENTADAS POR LA PRESIDENTA CASTRO SON INCORRECTAS
Según el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, solo en el 2021 se otorgaron al sector privado más de 14 mil millones de lempiras lo cual representa el 29% del gasto tributario en exenciones.
Indicó que es importante revisar las cifras con seriedad y sin utilizar argumentos políticos, solamente aspectos económicos, porque no se puede mezclar ambas situaciones.
Dijo que desde la iniciativa privada no se oponen a la revisión de las exoneraciones fiscales, además, que están dispuestos a dialogar con el gobierno sobre el tema, específicamente sobre los beneficios otorgados durante la última década.
No obstante, desligó de toda culpa al sector privado, asegurando que es el Estado quien debe ser garante de supervisar y controlar las exoneraciones fiscales.
Urtecho calificó la propuesta de reforma a la “Ley de Justicia Tributaria” como una copia de la normativa ecuatoriana, implementada por el expresidente, Rafael Correa.
Sin embargo, precisó que es correcto revisarla y se debe sancionar a los que violan la ley “no a todo el mundo, porque no todo el sector privado se ha beneficiado”.
EXONERACIONES NO ATRAEN INVERSIONES
Durante el foro “Exoneraciones Fiscales”, organizado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL), el pasado 26 de agosto del 2022, el subdirector ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Christian Duarte, aseguró que las exoneraciones fiscales no sirven para atraer inversión.
En su participación puntualizó que, en Honduras, en lugar de fomentarse la inversión extranjera, con la aplicación de las exoneraciones, esta se redujo de 13% en 2001 a 5% en 2019.
Para el economista Julio Raudales la justicia tributaria tiene que ver con que paguen más los que deben pagar y, que, en ese enunciado hay dos vertientes o dos formas de verlo, es decir,
la equidad horizontal que significa que los que son iguales deben pagar igual, y la equidad vertical que implica que los que tienen más ingresos deben pagar más.
Por su parte, el también economista Claudio Salgado considera que las exoneraciones fiscales hacen que el Estado, prácticamente, renuncie a captar impuestos de aquellas élites que si tienen capacidad para pagar y entonces la tributación recae en aquellos que menos tienen.
La captación de los tributos en Honduras se percibe en un 30% a través de los impuestos directos, que son aquellos pagados por las empresas y el 70% a través de los impuestos indirectos, que son los que paga la mayoría de la población, lo que implica que existe una regresividad tributaria como señalan los economistas.
