Presidenta Castro ofrece exoneraciones a empresarios de EE UU, mientras el SAR condena dichos beneficios

Luego de evaluar los números el SAR determinó la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales, sin embargo, en paralelo el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya anuncia beneficios fiscales a empresarios estadounidenses

Tegucigalpa. Mientras las autoridades del Servicio de Administración de Rentas (SAR) apuestan por eliminar las exoneraciones fiscales por ser un mecanismo inequitativo y perjudicial para el Estado, el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, anuncia inversión extranjera con exoneraciones por cinco años.

Honduras deja de recaudar entre 40 a 45 mil millones de lempiras al otorgar exoneraciones y exenciones fiscales, más del 40% son exoneraciones al Impuesto Sobre Venta (ISV). Más de 2,053 empresas no pagan impuestos y el 38% de las grandes empresas que reportan ganancias superiores a los mil millones de lempiras reciben privilegios, provocando desigualdad, inequidad y evasión fiscal.

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Los datos anteriores fueron expuestos hace unas semanas por las autoridades de la SAR, quienes, en aquel momento crearon la necesidad de eliminar los privilegios fiscales y anunciaron un proceso de recorte de dichos beneficios.

A finales de julio, el gobierno reveló tres informes que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habían sido declarados en secreto por el régimen de Juan Orlando Hernández y que señalaban que las exoneraciones fiscales eran inequitativos e ineficientes, por lo que el organismo recomendó la extinción o eliminación gradual de dichos privilegios fiscales.

Sin embargo, hace una semana el asesor presidencial Héctor Zelaya, hijo de la presidenta Castro, anunció que empresarios de Estados Unidos invertirán USD 180 millones y que el gobierno les brindará exoneraciones fiscales por, al menos, cinco años y un proceso de vía rápida para su instalación inmediata.

“Hoy compartí el anuncio de la Presidenta Xiomara Castro que toda nueva inversión privada que venga con la iniciativa «Call to Action» (llamado a la acción) tendrá un período de gracia fiscal de 5 años y un fast track (vía rápida) para iniciar operaciones tan pronto como sea posible”, escribió entre otras cosas, Zelaya, el pasado 22 de agosto en su cuenta de Twitter.

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El subdirector del SAR, Christian Duarte, ha asegurado que las exoneraciones fiscales “no sirven para atraer inversiones” y que en Honduras se desnaturalizó el modelo que solo benefició a un grupo reducido creando privilegios en algunos sectores económicos.

“En Honduras ha devenido un sistema inequitativo y que, en la historia más reciente del país, ha sucedido que muchos no se les cobra impuestos y a quienes se les cobra, se les han incrementado las cargas. Las exoneraciones otorgadas no han tenido éxito en atraer inversiones nuevas al país”, declaró.

Duarte expuso que desde el 2009, tras la defenestración del entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales, se incrementaron beneficios y otros se extendieron con la finalidad de atraer inversión, generar fuentes de empleo y reducir los índices de pobreza. Sin embargo, la misma inversión y las fuentes de empleo se han reducido, mientras la pobreza impactó en el 73 % de la población.

Para el funcionario, se tiene un concepto erróneo que los empresarios apuestan por exoneraciones cuando sus prioridades es estabilidad política y seguridad jurídica, por lo cual la instrucción de la presidenta es un proceso de reclasificación de contribuyentes, revisión y eliminación gradual de exoneraciones, pero en paralelo otros funcionarios del gobierno promueven más privilegios a través de exoneraciones.

“Ni se ha revisado, evaluado y discutido las exoneraciones y continúa el mal enfoque de pretender ser atractivos a la inversión a punta de privilegios fiscales”, cuestionó el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.

A juicio del economista, “hay una contracción en el gobierno” ya que, por un lado, se están elaborando estrategias para eliminar gradualmente los beneficios fiscales, mientras por otro se promueven, sin una clara estrategia de cómo abordarlas.

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Para Duarte, muchas empresas han logrado constituirse como oligopolios y monopolios producto de exoneraciones y exenciones fiscales.

El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE) y rector de la Universidad José Cecilio del Valle, Julio Raudales, señala que las exoneraciones fiscales en Honduras son “un sistema tributario injusto, inequitativo” y valora que “por décadas han sido muy inequitativos, muy injustos e ineficientes, beneficiando a unas pocas personas, afectando a la mayoría”.

Por su parte, la empresaria Juliette Handal concuerda que los inversionistas y empresarios apuestan por seguridad jurídica y no por incentivos fiscales, e incluso es de la tesis que aquella empresa que no pueda sobrevivir sin otorgarle beneficios debe ser cerrada.

“Lo que importa para los inversionistas es la seguridad jurídica. Una empresa que no puede sobrevivir sin exoneraciones, mejor que cierre. Muchos empresarios nos hemos enfrentado sin ningún privilegio ni ventaja y, aun así, hemos salido adelante”, dijo.

Añadió que el gobierno debe hacer un esfuerzo grande para eliminar las exoneraciones fiscales al coincidir que solo promovieron inequidades y “han sido para crear privilegios o dar un cheque en blanco para beneficio de algunas personas y no en beneficio del Estado”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé es del criterio que se deben revisar los indicadores de las empresas que han sido favorecidas con privilegios fiscales y medir si generan empleos y desarrollo, de lo contrario, proceder a quitarle el beneficio.

“Debemos revisar los indicadores que realmente nos dictan que estamos camino a un desarrollo, debemos de medir cada una de las empresas exoneradas, qué es lo que provee a cambio y tratar de ver que, lo que está dando, le provee la condición para continuar con esa exoneración. La racionalización es lo correcto”, considera.

Cerró instando al gobierno que su enfoque principal debe ser la inversión interna y eso permitirá que la inversión extranjera venga al país.

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