Tegucigalpa.- Cuatro organizaciones presentaron este jueves un recurso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contra una resolución que deja en reserva datos relacionados con el financiamiento político.
Desde abril de 2018, los datos personales de las personas naturales o jurídicas que aportan desde el espacio privado a una campaña política en cualquier nivel electivo, así como la base de datos sobre aportes financieros de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia, Fiscalización a partidos Políticos y Candidatos se encuentran en condición de reserva a solicitud de la Unidad de Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y sus Candidatos (UFTF).
Esta medida es ilegal porque vulnera el derecho de acceso a la información pública e impide el control social de la ciudadanía y la prensa, señala el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), una de las cuatro organizaciones que interpusieron el recurso.
“El corazón de la corrupción política radica en el financiamiento ilícito de las campañas electorales”, dijo a principios de mayo el director del Cespad, Gustavo Irías, durante la presentación de varias propuestas de reformas sobre el financiamiento político.
La resolución de hace tres años del IAIP entorpece también el derecho a la participación ciudadana y de ejercer su derecho a auditar la procedencia de los recursos utilizados por los candidatos y sus partidos, así como el destino que se les da a estos, señala también el Cespad.
Infringe además los artículos 2 y3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y los artículos 2, 35 y 37 de la Ley de la UFTF, según los cuales es obligación de los partidos políticos así como del mismo UFTF divulgar tales datos.
Por tanto, la resolución no se ajusta a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y tampoco a la ley de la UFTF que solo establecen reserva o confidencialidad acerca de la filiación política, religiosa e ideológica del aportante, pero no del nombre ya que más bien son sujetos obligados.
Así mismo, la resolución contradice la disposición normativa de la Ley de Política Limpia relativa a la rendición de cuentas de las aportaciones y la prohibición de reserva de información sobre estas.
Las otras organizaciones que interpusieron el recurso son la Coalición Anti-corrupción (CAC), el Bufete Jurídico de los Pueblos (BJP) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), con el acompañamiento de la organización internacional Abogados sin Frontera-Canadá.
