Presentan nuevo proyecto de decreto para más impunidad de directivos de periodistas

El diputado y empresario de medios de comunicación del departamento de Atlántida, Rodolfo Irías Navas, se convierte en aliado de los directivos del CPH en su cruzada por la impunidad

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.-Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) lograron a través de sus aliados políticos en el Congreso Nacional, la presentación de una reforma a la ley del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), en busca de sustraer al ente de la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de bloquear demandas de afiliados que ponen al descubierto normas ilegales adoptadas para esquilmar la pensión de los afiliados.

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Los directivos del CPH, presididos por Dagoberto Rodríguez Coello, llegaron hace unas semanas al Congreso Nacional a reunirse con directivos del Poder Legislativo, presuntamente para exigir la derogación del nuevo Código Penal. Sin embargo, hoy se conoció que en medio de dichas deliberaciones los directivos del gremio periodístico pidieron nuevamente que se reforme la ley del IPP, que les otorga un escudo de impunidad que evita sean auditados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El proyecto de decreto, que busca otra reforma de la ley del ente de pensiones de los periodistas, fue presentado el jueves por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, con miras a que el IPP no pueda ser demandado en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, que es donde corresponde por ser “un organismo de derecho público”, según lo consigna su ley de creación.

Complaciendo la petición de los directivos del CPH, el diputado y ex presidente del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas, presentó una reforma al decreto 59-2000, encaminada a eximir al IPP de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contrario a lo que establece su ley de creación.

“Los conflictos y demás relacionados a la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista, no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser esgrimido ante la justicia ordinaria civil o laboral”, dice la reforma propuesta por Irías Navas.

Irías, en su argumentación para justificar la reforma, dice que el IPP es una institución que representa intereses gremiales por lo que su gestión corresponde a sus afiliados sin intervención del gobierno. Agrega que se ha generado confusiones indebidas e interpretaciones que pretenden someter las actuaciones de naturaleza laboral y otras actuacciones o decisiones del Institito de Previsión Social del Periodista a la competencia de lo Contencioso Administrativo.

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La reforma propuesta por Irías Navas dice textualmente:

“Artículo 1. Reformar por adición el artículo 1 del Decreto 59-2000 (…) que interpreta los artículos 2 y  64 del decreto 190-85 de fecha de fecha 30 de octubre de 1985 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de diciembre de 1985, el cual deberá leerse de la siguiente forma: Artículo 1.  Interpretar los artículos 2 y 64 del Decreto 190-85, conocida como Ley del Instituto de Previsión Social del Periodista, en el sentido de que siendo un organismo de Derecho Público, no estatal, gremial sin fines de lucro, dedicado a la prestación de beneficios sociales y de conformidad a su ley, no le son aplicables las normas contenidas en las leyes de la República, en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas; su representación legal corresponde al presidente de la Junta Directiva, quien podrá delegarla con autorización de esta en otro miembro de la misma; los conflictos y demás relacionados con la actividad del Instituto de Previsión Social del Periodista no son actos de administración pública y la solución de tales conflictos no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debiendo ser dirimido ante la justicia ordinaria civil o laboral.

1/2 Proyecto @RodolfoIrias reformar por adición el artículo 1, 2 y 64, conocido como la Ley Del Instituto De Previsión Social Del Periodista, siendo un organismo de derecho público, no Estatal gremial, sin fines de lucro; dedicada a la prestación de beneficios sociales. pic.twitter.com/GMBRF6STT2

— Congreso Nacional (@Congreso_HND) August 15, 2019

2/2 no sean aplicables las normas contenidas en las leyes en cuanto control supervisión, vigilancia de operaciones financieras y administrativas. @RodolfoIrias #SesiónLegislativa pic.twitter.com/ybOPy7THnE

— Congreso Nacional (@Congreso_HND) August 15, 2019

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Pero el diputado nacionalista Irías Navas obvia decir que el decreto 59-2000 es utilizado por los directivos del CPH para evitar que el ente de pensiones de los periodistas sea auditado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, violando el decreto 60 de la Constitución que establece que: “En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la Ley”.

Los directivos de los periodistas recurrieron a sus “amigos” diputados en el Congreso Nacional para obtener un segundo blindaje de su escudo de impunidad, después de más de cuatro años de violaciones reiteradas a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, negándose a entregar información de las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones.

“Los directivos del Colegio de Periodistas nuevamente acuden al Congreso Nacional por más impunidad, lo que evidencian, es que son parte del pacto de Impunidad que empobrece a Honduras. A nosotros como afiliados del IPP nos esquilman el derecho a una pensión justa”, dijo el periodista Gustavo Palencia, que solicita con poco éxito información de las operaciones financieras del organismo.

Estos periodistas en esta nueva incursión en el Poder Legislativo, pidieron, además de conservar el escudo de impunidad que les aprobaron en el año 2000, una  ampliación para evitar que el Instituto pueda ser demandado por sus afiliados en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, donde corresponde, por ser el IPP “un organismo de derecho público”.

Varios afiliados han presentado demandas contra  el IPP en los juzgados de lo Contencioso Administrativo (demandas que están en proceso), debido a que los directivos les han otorgado pensiones disminuidas en más de un 50 por ciento, al margen de la ley, lo que constituye un fraude para los periodistas que se jubilan.

Los directivos del CPH, varios de ellos también miembros de la dirigencia del IPP, rechazan tenazmente la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y se niegan a entregar información a sus afiliados y a ciudadanos, a lo que están obligados, debido a que captan transferencias del Estado.

“Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino al ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por la vía civil”, dijo Dagoberto Rodríguez Coello, en su cuenta de twitter @darocohn.

Reforma a la ley del IPP está relacionada a que somos una entidad gremial y no estatal y por ende no estamos sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino del ámbito civil. Es decir, que si alguien quiere entablar una acción legal lo deberá hacer por vía civil.

— Dagoberto Rodríguez Coello (@darocohn) August 15, 2019

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Rodríguez Coello, jefe de redacción de diario La Prensa en Tegucigalpa, y  el ex presidente de la junta directiva del IPP, Eduin Natividad Romero, fueron multados con más de 26.000 lempiras el primero, y 8.000 lempiras el segundo, por violar reiteradamente la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El jefe de redacción de La Prensa en Tegucigalpa ha gastado casi medio millón de lempiras en abogados para presentar más de ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de resoluciones del IAIP, que ordenó al IPP entregar información, y han erogado importantes recursos en asesorías y consultorías para ese mismo fin.

Los dirigentes del IPP, han operado sin ninguna auditoría de la CNBS más de 400 millones de lempiras, y rechazan tenazmente publicar información de sus operaciones en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Los fondos del ente de pensiones de los comunicadores han sido desangrados desviando recursos importantes en otorgar un millonario salario y privilegios al eterno gerente de la institución, que debieron ser destinados a las pensiones y beneficios de los afiliados.

A los periodistas afiliados se les viola su derecho a la igualdad ante las leyes, y se les coloca en estado de indefensión, al no cumplirse la obligación del Estado de tutelar su derecho a la previsión social.