Por Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. Varios diputados del Congreso Nacional de Honduras se mantienen legislando pese que fueron electos violentado la Constitución de la República y otros tienen sentencia firme por parte de la justicia que los inhabilita.
Los congresistas del conservador Partido Nacional, Erasmo Portillo y Roy Dagoberto Cruz, fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por violentar lo establecido en la Constitución en su artículo 188, inciso 10, que impide ser electo como diputado a familiares de altos funcionarios del gobierno.
Portillo tiene parentesco de afinidad con Ricardo Antonio Álvarez, que fungía como designado presidencial, al ser yerno mientras Cruz es primo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
Lo establecido en la normativa constitucional prohíbe que el cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los citados en los numerales 1, 2, 4, 8 y 9 del mismo artículo sean elegidos diputados.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declaró con lugar el recurso de apelación que presentó Cruz sobre su inhabilitación justificando que la resolución del CNE vulnera los derechos fundamentales sin seguir el procedimiento administrativo acorde establecidas en la Ley Electoral siendo el CNE quien dejó sin valor sus propias acciones cuando aceptó la inscripción de los candidatos Portillo y Cruz.
Cabe señalar que, en las elecciones de 2017, Cruz fue electo diputado pese a la denuncia interpuesta ante el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) al violentar la normativa constitucional, pero los magistrados afines al conservador Partido Nacional validaron su elección basando su determinación en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 23, que establece que toda persona puede ser elegido en elecciones.
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Por lo anterior, existiendo dictámenes anteriores y resoluciones de los nuevos organismos electorales, ambos congresistas desempeñan sus funciones dentro del Poder Legislativo pese a violentar la constitución.
Por su parte, el diputado Tomé fue condenado a tres años de reclusión y seis de inhabilitación especial por el delito de abuso de autoridad por haber adjudicado la frecuencia de canas 12 a la sociedad Televisora Hondureña S.A. siendo titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En tanto, el congresista Casaña fue condenado por el delito de abuso de autoridad agravado más inhabilitación por seis años por haber modificado la estructura de pensiones y jubilaciones cuando fungía como titular del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
El Código Penal de Honduras, en su artículo 499 establece que el delito de abuso de autoridad no representa un castigo de cárcel solo inhabilitación y, el artículo 44, indica que la inhabilitación produce la privación definitiva del cargo u oficio público sobre quien recayere la acción siempre que tenga una relación directa. También, produce la incapacidad para obtener el mismo u otros similares durante el tiempo de la condena.
Por lo anterior, tanto Tomé como Casaña están inhabilitados para formar parte de la administración pública, sin embargo, fueron electos de forma directa por la ciudadanía y son congresistas del Poder Legislativo no ocupan un cargo de una institución centralizada, descentralizada o desconcentrada.
Cabe resaltar que la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su artículo 51, detalla que la calidad de diputado se pierde cuando el congresista tiene una sentencia firme que lo condene por un delito doloso o inhabilitación que le impida terminar el periodo por el cual fue electo.
El abogado Edy Tábora, del Bufete Justicia para los Pueblos, explicó que la sentencia contra Tomé y Casaña fue aplicada bajo el Código Penal anterior, no obstante, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ambos congresistas son beneficiados sin afectarles el cargo de diputados siendo la sala constitucional quien aplique la retroactividad de la ley a causa del recurso de revisión que presentó Tomé.
Las reformas al Código Penal que implementó el Partido Nacional benefició a los dos diputados rojinegros debido que el delito de abuso de autoridad ya no se castiga con prisión y la inhabilitación especial solo recae en cargos de instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas, en tanto, el Congreso Nacional es un poder del Estado y los congresistas no están contemplados como funcionarios.
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DESIDIA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Para el exmagistrado del TSE, Augusto Aguilar, la desidia comienza desde los propios partidos políticos porque son los encargados de revisar y estructurar las planillas políticas teniendo que validar las condiciones de elegibilidad de cada candidato a cargos de elección popular.
“Son errores por falta de información que comienza desde el mismo partido y entonces remiten al organismo electoral esas planillas. En el CNE debieron haber dicho que estaban inhabilitados, que no podían participar en las elecciones generales”, explicó.
A consideración de Aguilar, la ley electoral de Honduras tiene “muchas lagunas” que permiten que situaciones como estas sean permitidas por lo que instó al Congreso Nacional aprobar verdaderas reformas electorales que garanticen procesos transparentes al tiempo de fortalecer los organismos electorales.
De igual manera, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD por sus siglas en inglés), Luis de León, considera que el problema radica en las inconsistencias de los procesos electorales que al final deja en manos de la Corte Suprema de Justicia la resolución de casos que corresponden a los organismos electorales.
“Hizo falsa investigación por parte de los organismos electorales. Necesitamos tener un sistema de gestión electoral de alto nivel. El problema que tenemos es que improvisamos los procesos electorales y los preparamos 30, 40 o 50 días antes de las elecciones… Necesitamos tener los tiempos suficientemente holgados para hacer una revisión adecuada de los candidatos para evitar este tipo de problemas”, expuso.
