“Es una torpeza que un gobierno que dice ser democrático en menos de 48 horas haya convocado al CNDS como si estuviéramos amenazados y en guerra”, dice el analista Raúl Pineda Alvarado.
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras. – El error de la presidenta Xiomara Castro fue ordenar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) investigar el origen de la manifestación en la zona sur del país en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria y no apoyarse en el marco legal instruyendo a la Secretaría de Trabajo para explorar las causas y si se violentaron los derechos de los trabajadores, coinciden fuentes consultadas por Criterio.hn.
También lea: Acerca de la progresividad global del sistema tributario en Centroamérica
“Lo lógico es que se utilicen los canales ya establecidos. Primero que se interpongan las denuncias en la secretaría de Trabajo y luego, a través del departamento de inspectoría, investigar si los derechos de los trabajadores fueron violados”, mencionó el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía.
Añadió que “si los empleados fueron un objeto de manipulación de los empresarios que están contra esta ley (Justicia Tributaria), con el proceso que está en el marco legal, estos podrían ser señalados por cometer el delito de acoso laboral”.
Sin embargo, para Mejía este tema todavía se encuentra en el campo de la suposición, ya que, el gobierno no contiene pruebas que demuestren la manipulación de la clase empresarial sobre los empleados y la clase laboral no denuncia por temor a perder su trabajo.
“Para mí es difícil decir qué pudo haber pasado. El hecho (manifestación) pudo ser impulsada por empresarios que violentaron los derechos humanos de sus trabajadores protestando contra el gobierno, pero debe demostrarse con denuncias”, sostuvo.
El experto en derechos humanos es claro: el que violente los derechos humanos de un empleado para favorecen intereses personales, debe ser procesado legalmente por violentar las leyes.
El 9 de mayo, un grupo de trabajadores de Choluteca, en el sur del país, salió junto al alcalde Quintín Soriano a protestar en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, al aducir que amenaza la estabilidad laboral
En menos de 48 horas, la mandataria hondureña, en respuesta, convocó al CNDS a una reunión de emergencia para “frenar las pretensiones de impedir la discusión y aprobación de la ley que pone fin a la corrupción tributaria”.
Tras la reunión, Castro ordenó investigar el origen de la manifestación que se desarrolló en el departamento sureño del país, argumentando que fueron los empresarios de esa zona quienes, bajo amenazas, obligaron a sus trabajadores a salir de protestar.
El artículo 79 de la Constitución de Honduras dice que toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso.
De interés: Presidenta Castro ordena investigar protestas en contra de Ley de Justicia Tributaria
HONDURAS NO ESTÁ EN GUERRA
El analista Raúl Pineda Alvarado manifiesta que Honduras no está siendo amenazada y tampoco está en guerra, por lo que, convocar al CNDS para ordenar investigar una manifestación que podría ser impulsada por empresarias no es acertado.
“Es una torpeza que un gobierno que dice ser democrático en menos de 48 horas haya convocado al CNDS como si estuviéramos amenazados y en guerra. Que no sorprenda que metan un proyecto de decreto para coartar la libertad de expresión”, dijo.
El exdiputado del Partido Nacional coincidió con Mejía al indicar que “Castro no tenía por qué convocar al CNDS para ordenar investigar una manifestación pacífica en contra de una ley que está impulsando, sólo tenía que pedir a la Secretaría de Trabajo denuncias que han hecho empleados que fueron acosados o violentados para asistir a esa manifestación”.
En caso que, se encontrara que los empresarios manipularon y amenazaron a sus empleados para salir a las calles a manifestarse, es el Ministerio Público (MP) el encargado de determinar por qué delitos se les acusaría (acoso laboral o abuso laboral).
“Pero como los trabajadores no están poniendo denuncia ante el Ministerio de Trabajo por violación a los derechos laborales, recurren a otras estrategias. El gobierno está activando la función del MP de alguna forma intimidar a los que están protestando diciéndoles que pueden ser castigados por cometer delitos”, advirtió.
Aunque ambas fuentes entrevistadas por Criterio.hn no se pronunciaron sobre el tema, llama la atención que la presidenta Xiomara Castro haya solicitado la intervención del CNDS cuando en su plan de gobierno prometió desarticular dicha instancia al considerarla inconstitucional porque le confiere suprapoderes al titular del Poder Ejecutivo, provocando la cooptación de los poderes Legislativo, Judicial y del Ministerio Público.
Según los empresarios, de aprobarse la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso Nacional, habrá pérdidas de empleos por la carga impositiva que tendrán que pagar las empresas al desaparecer los incentivos fiscales, por lo que en reiteradas ocasiones han asegurado que esa aprobación no favorece al país.
En respuesta, el gobierno asevera que los beneficios fiscales han sido utilizados de manera arbitraria, prestándose, en muchas ocasiones, a acciones corruptas que impiden que los que más generan ingresos paguen menos impuestos que los más pobres. Asimismo, ha desmentido a los empresarios porque es falso que los beneficios que están vigentes sean eliminados de tajo, pues estos culminarán hasta finalizar su vigencia.
Otro argumento del gobierno es que sólo el 6% de las personas ocupadas, de un universo de 2,4 millones, pertenecen a empleos generados por las empresas beneficiadas con los incentivos fiscales.
El proyecto de ley, según el gobierno, contempla una reforma tributaria que mejora la distribución en el pago de los impuestos, lo que incluye reducción de exoneraciones, combatir la evasión fiscal, eliminar lagunas del Código Tributario a favor de los grupos privilegiados, entre otras cosas.
El proyecto de ley prevé la eliminación de 12 regímenes de exoneraciones y crea las Zonas Francas y el Régimen de Incentivos de las Inversiones para el Desarrollo (Rinde), lo que prioriza 15 rubros productivos para las inversiones privadas, públicas y mixtas.
Por otro lado, con la aplicación de la normativa se eliminarán las Zonas Libres (Zoli), Ley de Régimen de Importación Temporal (RIT), entre otras, medidas que no avala la empresa privada hondureña porque se han beneficiado desde hace varios años, cuestiona el oficialismo.
Foto de portada: Redes sociales Gobierno de Honduras
