Tegucigalpa, Honduras. – Por antecedentes con la justicia, personales y por una evidente filiación política que han tratado de engavetar, cuatro hombres y una mujer, que se postularon ante la Junta Proponente para ostentar la figura de fiscal general y fiscal adjunto de Ministerio Público (MP), deberían de ser apartados de este proceso.
Criterio.hn analizó el perfil de cada uno de los postulantes, encontrando que la mayoría cuenta con la edad y experiencia que requiere para manejar la fiscalía hondureña. Pero con sus antecedentes profesionales e intereses políticos, es suficiente para que los proponentes los hagan al margen.
Se trata de Mario Roberto Urquía Fajardo, quien actualmente es asesor de la Alcaldía de San Pedro Sula, y se rumora es el ungido por el gobierno a tomar el cargo. También están Yuri Fernando Melara Berlioz, que fue fiscal señalado de corrupción por Estados Unidos; Ivis Antonio Discua Barillas, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, con afinidad nacionalista.
En la lista, que podría ser más extensa, figura la exdiputada Sobeyda Judith Andino Álvarez, que años atrás protagonizó una ridícula escena junto a otro diputado bajo los efectos de alcohol y una de las que votó a favor de la reelección ilegal de actual fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla, y Johel Antonio Zelaya Álvarez, quien ha tratado de llevar un perfil bajo, pero su filiación por Libre no la pudo esconder para este proceso de selección.
El perfil idóneo que buscarán, entre los 25 postulantes, la Junta Proponente, está estampado en lo que manda la Constitución de Honduras, Ley Orgánica del Ministerio Público y el reglamento de la instancia, muy lejano a los perfiles de los abogados mencionados.
Si bien es cierto, ser militante o trabajar en un puesto del Estado, no representa, de acuerdo con el reglamento creado para regir la evaluación de los profesionales del derecho, algún motivo para ser apartado de este proceso.
Sin embargo, desde la misma Junta Proponente, encabezada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, han asegurado que sacaran de este proceso a los abogados que respondan a intereses políticos y sean militantes de los partidos tradicionales del país, los que tienen capacidad de injerencia en la fiscalía.
Por ejemplo, Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante la Junta Proponente, planteó que todo abogado tiene el derecho de postularse por el ejercicio de sus funciones, pero que, en el proceso, sí forma parte de algún partido político y tiene vínculos con la comisión de delitos, simplemente será apartado de este proceso.
“El derecho de petición como hondureños lo tienen todos. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, establece inhabilidades y, una de las inhabilidades, es ser diputado y estar en las altas jerarquías de Estado”, detalló Fernández, el oficial encargado de la transparencia de la Junta.
Relacionado al caso, el artículo 20 de la Ley del MP, que mencionó Fernández, sacó del juego al diputado Jari Dixon Herrera, que meses atrás alardeó de tener el perfil para fiscal general y, después de postularse, a la titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna.
Ese artículo, en síntesis, detalla que no puede ser fiscal un familiar de la presidenta de Honduras, del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y de las Fuerzas Armadas, diputados y funcionarios, pero, para los que se encuentran en esa posición, sí pueden postularse, en la que serán inhabilitados hasta la segunda fase del proceso.
El proceso para elegir a los nuevos abogados que ocuparan los máximos cargos en la fiscalía hondureña a partir del 1 de septiembre de 2023, inició el 19 de junio con la convocatoria para los postulantes, en la que sólo 26 llegaron, ahora 25, porque el jueves renunció la que sería la ungida del oficialismo: Lesly Sarahí Cerna.
Cerna, de no haber renunciado, encabezaría esta lista, porque no cuenta ni con la edad necesaria (40 años) para ser fiscal ni la experiencia en materia penal, ya que egresó como abogada de la universidad el 2017.
Además, se conoció que es muy cercana al núcleo familiar de la familia Zelaya y, de ser electa, como los abogados antes mencionados, respondería a los intereses de los partidos políticos y no cambiaría la hegemonía de corrupción e impunidad que existe en el MP.
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Después del proceso de convocatoria, la siguiente función de los integrantes de la Junta será investigar y analizar los perfiles de los abogados que llegaron a postularse y, en ese mismo espacio, la población tendrá la facultad de denunciar y tachar a los abogados que han incumplido con los requisitos que establece la norma, como violentar derechos humanos y estar salpicado en la comisión de delitos, entre otros.
Después de ese filtro, los abogados serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en la materia procesal y penal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100 puntos, para luego seleccionar a los mejores cinco, nómina que el 21 de julio la Junta presentará ante el Congreso.
En esta nómina que seleccione la Junta, tendrán que incluir dos mujeres y tres hombres, según lo establece la norma de la Junta Proponente, para que los diputados, en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos (86), elija a las dos nuevas figuras del Ministerio Público, que actualmente ocupan Óscar Fernando Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (fiscal adjunto), que dejarán sus puestos el próximo 31 de agosto, para que los nuevo entren a más tardar en funciones el 1 de septiembre.
El antecedente más reciente por el que no ha gustado el desempeño de Chinchilla es porque no logró y no se pronunció por la crisis que se vivió este 2023 en el MP, en el que los empleados llegaron al extremo de no recoger cadáveres en el país, por pedir un reajuste salarial, entre otras cosas.
Y el más alejado es que a Fernando Chinchilla lo señalaron de ser unos de los brazos fuertes del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien no le abrió ningún proceso de investigación y que hoy guarda prisión en Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico.
