Tegucigalpa, Honduras.- Por la capacidad de establecer diálogos para la aprobación de leyes, derogación de decretos y elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) que demuestran carecer los diputados de las distintas bancadas, tampoco podría llegar a consensos para aprobar un artículo que derive en la consulta popular que están impulsando desde el Poder Ejecutivo que preside la presidenta hondureña Xiomara Castro.
“Cuando hablan de una consulta popular para traer el socialismo, uno se pregunta ¿cómo lo harán?, ¿con qué fuerza?, Libre (partido de gobierno) está debilitado y tienen que recomponer sus cuadros porque ya no son lo de la campaña, es un Libre anémico, con mucha inconformidad”, opinó el analista político Raúl Pineda Alvarado, exdiputado en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Alvarado, que fue uno de los diputados nacionalistas aliados al entonces expresidente Juan Orlando Hernández (privado de su libertad en Estados Unidos), sostuvo que el discurso que promueve el oficialismo, aunque carece de apoyo por la población, podría desestabilizar al mismo gobierno y alertar a sectores opositores.
La reacción de Pineda Alvarado recae sobre el discurso que emitió la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en el marco de la Cumbre G77 + China, celebrado en La Habana, Cuba, en donde recordó que uno de sus objetivos es conseguir que el sistema socialista democrático se instale en el país, y eso lo conseguirá a través de una consulta popular.
“Para nosotros alcanzar el socialismo democrático es una misión y razón de ser para cambiar y mejorar radicalmente la calidad de vida de nuestra gente y que se respete la consulta popular como la vía que hemos escogido para alcanzar nuestro objetivo”, mencionó la mandataria.
Agregó que “ha llegado el momento de ponerle punto final a los patios traseros porque no somos piezas de un tablero de interés de la apología de la dependencia. Nuestras naciones no deben continuar sufriendo la privatización masiva de nuestros territorios”.
De igual manera, diputados del oficialismo han planteado la vía de la consulta popular como el camino para resolver varios temas que podrían desencadenar una crisis en la sociedad como, por ejemplo, la falta de diálogos en el Congreso para escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público, que tenían que haber sido electas desde el uno de septiembre.
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Y, ante la ineficiencia que permea tanto en los diputados opositores, como en los oficialistas para ponerse de acuerdo en la discusión de la agenda legislativo, Sergio Castellanos, congresistas del partido Libertad y Refundación (Libre), reconoció su incapacidad y planeó que, a través de una consulta popular, se disuelva en Congreso, ya que sólo en septiembre han sesionado menos de cinco veces.
“Lo que no sirve hay que cambiarlo (…) vemos un gobierno que se ha vuelto ingobernables por el boicot de los grupos de poder, ante esa situación lo único que cabe es hacer un plebiscito, eso lo plantea Sergio Castellanos, y que el pueblo decida si el Congreso debe seguir o se disuelve”, planteó Castellanos.
“Si elige que se disuelve, vamos a montar un proceso electoral con los organismos respectivos y que se elija un nuevo Congreso Nacional, pero no vamos a estar dos años bajo un Congreso que atenta contra el pueblo hondureño”, añadió.
CAMINO DEL OFICIALISMO PARA UNA CONSULTA ES INCONSTITUCIONAL
Aunque desde el Poder Ejecutivo estén planteando el escenario de una consulta popular, la incapacidad de análisis y diálogos que promueven los diputados en el Congreso Nacional, lo impediría, porque para hacer un plebiscito o referéndum se necesita aprobar un decreto o ley especial con la mayoría calificada de votos (86).
El artículo 5 de la Constitución de la República establece que, para que en Honduras ocurra esa eventualidad, el Congreso Nacional, con el favor de los 86 votos, debe aprobar un decreto que le otorgue las facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) de convocar, organizar y dirigir la consulta popular en temas relacionados con la estabilidad política y la paz social.
En pocas palabras, el camino que desde el gobierno le quieren dar a la consulta popular es inconstitucional porque, por ejemplo, la ley ya establece el mecanismo por el que se deben elegir las autoridades de la fiscalía debe ser en un proceso de elección en el Congreso Nacional.
“Sabemos que el referéndum y plebiscito son legales, el punto que hay que abordar es, ¿qué van a consultar?, lo que se va a consultar debe estar constitucionalmente permitido porque, de lo contrario, la esencia de la consulta sería inconstitucional”, opinó el analista político Oliver Erazo.
“Por ejemplo no podemos preguntarle al pueblo hondureño si quiere una constituyente para cambiar la forma de gobierno republicano y democrático que tenemos a un socialista porque ya está establecido en la ley”, agregó Erazo.
Erazo, al igual que otros analistas, sostuvo que el partido de gobierno tiene el poder económico para hacer una consulta popular, pero que su militancia lo acuerpe sería complicado, ya que han perdido la credibilidad y confianza que tenían antes de estar en el poder.
De acuerdo con la cúpula que maneja al Consejo Nacional Electoral, órgano encargado del proceso de elección popular, una consulta popular le costaría al pueblo entre 400 a 500 millones de lempiras y la podrían hacer en un poco más de tres meses.
Además, Erazo sostuvo que el gobierno de Xiomara Castro en lugar de andar pensando o iniciando debates para una consulta popular relacionada a temas políticos, lo mejor que puede hacer es atender las crisis que enfrentan varias instituciones que terminan afectando directamente al pueblo hondureño.
“El gobierno tiene presupuesto para todo, menos para afrontar demandas sociales del país. Una consulta no es una demanda social, una demanda social es falta de medicamentos en los hospitales, generación de empleos, mejorar las escuelas. Estos son los temas que debemos abordar para el pueblo”, mencionó Erazo.
Aunque desde su campaña política prometió llevar a cabo varias consultas populares, todavía los escenarios por los que las haría no se han concretado, pero desde el Congreso y el Ejecutivo están dejando entrever que en los próximos meses podría llevarse a cabo la primera de este gobierno, pero para eso necesitan el pleno consenso de los diputados.
