Tegucigalpa.- El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), mediante un pronunciamiento, exigió a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por nombrar de manera arbitraria a Diana Rubí Argueta Pérez, hermana del presidente del Poder Judicial, como notaria.
El pasado 9 de febrero, la hermana de Rolando Argueta, presidente de la CSJ, obtuvo el título Exequátur de Notario con apenas un año de haber egresado de una universidad privada y recientemente colegiada en el CAH pese a que cientos de abogados aún esperan la oportunidad para lograr el nombramiento.
La Constitución de la República de Honduras otorga la facultad exclusiva a los magistrados de la CSJ para otorgar el título de notario público a quienes ostentan el título de abogados siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Según la normativa que define el reglamento para ser notario establece que los interesados deberán someterse a un examen escrito, además de presentar la constancia de inscripción al ente colegiado que acredite cinco años de permanencia.
Sin embargo, el CAH denuncia que durante 2014-2015, la Corte realizó una serie de reformas, especialmente en el artículo 20, que no han sido llevadas a cabo, como ser: la divulgación obligatoria del listado de aspirantes al cargo que deben ser publicadas en, el menos, dos diarios de circulación nacional a fin que se puedan presentar denuncias sobre sus actuaciones.
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El malestar de los jurisconsultos surge luego que la hermana de Argueta se graduó de abogada el 28 de septiembre de 2020, un mes después solicitó la solicitud de colegiación para someterse al examen entregando los documentos requeridos el 7 de diciembre del mismo año.
Dos meses después, el 9 de febrero de 2022, se sometió al examen siendo registrada como notario pública el 17 de febrero, todo en tiempo record pese que cientos de abogados han esperado varios bienios para someterse al examen.
“Este colegio, en nombre de todas las abogadas y abogados de Honduras censura y condena la conducta abusiva de los magistrados del Tribunal Supremo, que ofende la dignidad de todo el gremio y del pueblo hondureño puesto que su actuar es contrario a los que se espera de los representantes máximos de la administración de justicia de nuestro país, por lo que exigimos la inmediata intervención de la FETCCOP y CNA para que proceda a realizar las investigaciones pertinentes y terminar con el tráfico de influencias y erradicar la destrucción de la fe pública”, detalla el documento.
Para el presidente del ente, Fredis Cerrato, la acción de los magistrados de la Corte reflejan el claro abuso de poder y corrupción que emana desde ese poder del Estado cuestionado por responder a intereses del conservador Partido Nacional y del exgobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitado en extradición por los Estados Unidos por delitos vinculados con la narcoactividad.
“Las actuaciones de la Corte han dejado mucho qué desear, realmente no tienen compostura, me dejan perplejo. El pueblo los está observando y ahorita acaban de hacer notaria a la hermana del presidente de ese poder; ese tipo de cosas lastima mucho al gremio porque hay hombres y mujeres capaces, que tienen años de estar pidiendo un espacio para hacer un examen”, reprochó.
Según Cerrato, quienes deben de impartir la justicia son las principales figuras que quebrantan las normativas y estamentos legales para beneficiar, por medio de compadrazgos políticos, a sus familiares y amigos.
“Los magistrados que son los que deben administrar justicia en un país y son los que quebrantan los mismos procedimientos y reglamentos; entonces, qué podemos esperar. Lo que hacen es una decepción enorme, por eso le hemos pedido al Ministerio Público que actúe, que intervenga, que revise cada expediente de los que se han hecho notarios”, sostuvo.
A criterio de la exjueza de sentencia, la abogada Gracia María Bertrand, el nombrar a los notarios públicos en Honduras se convirtió en un modo operandi del Poder Judicial para beneficiar a los círculos cercanos al poder.
“Eso ocurre cuando la política manipula la “Casa de Justicia”, los exequátur los reparten como barajas a los amigos y contactos políticos, quienes aprueban sin estudiar. Existen profesionales que hemos esperando 15 años para hacer el examen y no nos dan cita”, recriminó.
Cabe indicar que, hasta agosto de 2021, Honduras tiene alrededor de 1,305 hondureños registrados como notarios públicos quienes tienen la facultad de otorgar cartas poderes para que una persona pueda actuar en nombre y por cuenta de otra, fideicomisos, testamentos, consultorías jurídicas, constitución de sociedades, entre otros.
