Política fiscal hondureña es cada vez más débil y menos legítima: ICEFI

Por: Redacción CRITERIO

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha publicado el día de hoy una evaluación sobre los dos años del segundo gobierno de Juan Orlando Hernández, revisando el cumplimiento de las metas contenidas en el «Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022. Avanzando con paso firme».

Después de analizar lo propuesto y lo logrado en las áreas económica, social, fiscal y de transparencia, el Instituto señala que los resultados son preocupantes, principalmente por la consolidación de una política fiscal desvinculada del fortalecimiento democrático y cada vez con menor capacidad para enfrentar las causas del subdesarrollo de Honduras. A partir de los diversos informes preparados sobre Honduras, el Icefi invita al gobierno, los partidos políticos, los sectores empresariales y sindicales, la academia y los ciudadanos en general, a avanzar en una discusión de la política fiscal que permita alcanzar acuerdos para una reforma fiscal integral.

En el plano económico, la apuesta gubernamental es que la economía crezca en un rango de entre 3.3 y 4.3% anual, meta que se ha cumplido en 2018 y 2019. Sin embargo, el Icefi advierte que Honduras se encuentra en un proceso de desaceleración económica, pues en 2019 el crecimiento económico fue de 3.4%, muy inferior al 4.8% de 2017. Adicionalmente, no se cumplieron las metas asociadas con la mejora en los punteos en algunos índices globales, como el Índice de Competitividad Global y el Doing Business. Por el contrario; en ambos índices se ha registrado un deterioro significativo. Adicionalmente, para 2019, se observa una caída en la atracción de inversión extranjera directa (IED), no cumpliéndose la meta establecida en el Plan gubernamental.

En el ámbito social, una de las metas cumplidas ha sido la relacionada con la tasa de pobreza extrema, pues el objetivo era que para 2019 ésta se situara en 38.7%, y el valor observado fue de 36.7%, lo que significa un total de 4.9 millones de personas en esta condición; no obstante, el logro, el Instituto recuerda que ese valor continúa siendo superior al porcentaje de pobreza extrema contabilizado en Honduras en 2009 (36.4%). En cuanto a la educación, se aprecian caídas en las tasas netas de cobertura particularmente, en los ciclos primero, segundo y tercero. Además, se constatan rezagos en el ámbito de salud y un aumento de la tasa de homicidios.

Para el Icefi, esta situación está vinculada a una provisión insuficiente de bienes y servicios públicos, asociada a un enfoque de austeridad en la inversión social, particularmente en educación y salud. En el caso de educación, se redujo la participación de un 20.4% del presupuesto total a un 19.9% entre 2018 y 2019 y, en el caso de salud la caída fue de 9.8 a 9.7% en esos mismos años; el Icefi lamenta que, para 2020, el panorama sea poco halagüeño, pues con el presupuesto aprobado, se confirma el recorte del presupuesto de la Secretaría de Educación que pasará de representar 4.85% del PIB a 4.49, entre 2019 y 2020; y la Secretaría de Salud tendrá una disminución en su presupuesto al pasar de 2.39 a 2.37% del PIB
 
En materia fiscal, las metas priorizadas por el Ejecutivo están enmarcadas en la reducción del déficit fiscal y la deuda pública, empero, ninguna de esas metas se ha cumplido. En cuanto al déficit fiscal, en 2018 se presentó el valor más bajo de lo que lleva gobernando el presidente Hernández, al haber cerrado con 1.6% del PIB, incluyendo fideicomisos, sin embargo, esta situación fue momentánea, pues el 2019 se cerró con un déficit de 3.0% del PIB el más alto desde 2016. Sobre la deuda pública, el valor de 2019 fue equivalente al 49.1% del PIB, mayor al saldo de 46.4% establecido como meta; adicionalmente desde 2015 la ratio de deuda pública va en pleno ascenso, ubicándose en un valor superior al recomendando, para países como el hondureño, que es de 40.0% del PIB.  Este deterioro de las finanzas públicas es agudizado por la caída en la recaudación tributaria, pues en 2018 había sido de 18.0%, sin embargo, para 2019 la recaudación cayó, cerrando con un 17.1%, apenas superior a lo recaudado en 2015; a lo que hay que sumarle que cada vez más la recolección de tributos depende de impuestos al consumo, lo que hace más regresiva la carga tributaria.
 
Adicionalmente, el Icefi advierte que las decisiones adoptadas en esta materia están consolidando una política fiscal desvinculada del fortalecimiento democrático y cada vez con menor capacidad para enfrentar las causas del subdesarrollo de Honduras, entre las que se encuentran la desigualdad y la exclusión social, la violación de los derechos humanos, la lenta transformación y modernización del sector productivo, el desempleo y la precarización de los trabajadores y sus familias, la violencia, la corrupción y la captura del Estado por intereses particulares.

Al estudiar en particular la transparencia y la lucha contra la corrupción, para el Icefi, los retrocesos son alarmantes. Los resultados del Índice de percepción de la corrupción confirman que durante la presidencia de Juan Orlando Hernández se mantiene la tendencia a empeorar su calificación: al pasar de 29 puntos en 2018 a 26 en 2019, y caer 14 puestos en el ranking mundial. Este resultado ratifica la preocupación de la ciudadanía hondureña expresada también en los resultados del Barómetro global de la corrupción de América Latina y el Caribe 2019, pues el 91.0% de los entrevistados expresó que la corrupción en el Gobierno es un problema grave, el 62.0% sostiene que el Gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción y el 54.0% consideró que este flagelo aumentó en el último año.

Se suma la no renovación del mandato de la de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), lo que representa un golpe mortal a los pocos avances en la lucha contra la corrupción.  Estos fenómenos afectan la legitimidad de la administración pública y, en particular, de la política fiscal.  En ese sentido, otra de las metas que se había impuesto el gobierno hondureño era obtener, en 2019, un puntaje de 5.85 en el Índice de Democracia. Sin embargo, según The Economist Intelligence Unit, Honduras apenas obtuvo un puntaje de 5.42, el más bajo desde 2006, año en el que inició la elaboración de este índice. Esto significa que Honduras es considerado como un régimen híbrido, al tener una combinación de elementos democráticos y autoritarios.
 
Como resultado de este análisis, el Icefi reitera su recomendación de establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación de las metas establecidas en el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022, para que la ciudadanía pueda conocer los avances y retrocesos que se están teniendo. En el ámbito económico, para cumplir con lo ofrecido, el Gobierno debe liderar una transformación de la matriz productiva, transitar de una política de atracción de inversiones arcaica, que se sustenta en privilegios fiscales a una integral que se enfoca en las causas estructurales: innovación, educación, lucha contra la corrupción, mejora del bienestar social, respeto al Estado de derecho, entre otros. También, se deben impulsar políticas públicas enfocadas en la reducción de las desigualdades, así como en la garantía de los derechos de todas las personas.

 A partir de los diversos informes preparados sobre Honduras, el Icefi invita al gobierno, los partidos políticos, los sectores empresariales y sindicales, la academia y los ciudadanos en general, a alcanzar acuerdos para una reforma fiscal integral que incluya una mejora de los ingresos públicos y tributarios, por medio de una lucha efectiva contra la evasión y elusión de impuestos, así como la reducción sustancial del gasto tributario; y una hoja de ruta que plantee resultados concretos en la mejora en la eficiencia de la administración tributaria. Por el lado del gasto, aumentar la cobertura y calidad de bienes y servicios públicos, mejorando la planificación y la ejecución del gasto público, mediante la adopción de la gestión por resultados y un modelo efectivo de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Asimismo, avanzar hacia una revisión técnica de los fideicomisos para plantear su minimización y cierre, así como un mejor manejo de la deuda pública. Asimismo, se deberá acordar una hoja de ruta para garantizar la autonomía, efectividad y calidad de las instituciones democráticas, asfixiadas en la actualidad por un contexto político que promueve caminos para la corrupción y la impunidad.

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