Entre 2020 y 2023 66 militares y 20 policías han sido procesados en los tribunales de justicia, estableció el Poder Judicial en respuesta a una solicitud de información presentada por este medio de comunicación.
Tegucigalpa, Honduras. – Entre 2017 y 2022 el Ministerio Público (MP) recibió 922 denuncias contra policías y militares por diversos delitos, mientras ejercían labores de seguridad ciudadana.
Un análisis de datos Criterio.hn con base a información recabada del Ministerio Público especifica que fueron 769 denuncias presentadas, entre 2018 y 2022 en contra de elementos de la Policía Nacional por 20 delitos y 153 interpuestas en contra de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras por 19 delitos entre 2017 y 2022.
Aunque no se precisó el origen de las denuncias, por los antecedentes, se podría deducir que, muchos de ellos fueron acusados en el marco de las represiones orquestadas durante las protestas en contra del fraude electoral de noviembre de 2017 en pro de la reelección de Juan Orlando Hernández, privado de libertad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
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En marzo de 2018 un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que durante las protestas anti fraude electoral, al menos 22 hondureños murieron a causa de balas disparadas por agentes de seguridad del Estado.
Los datos, analizados por este medio de comunicación, se fundamentan en la solicitud de información pública SOL-MP 2112, 2113, 2114 y establecen que, aunque los policías tienen más denuncias, el mayor porcentaje de procesos judiciales corresponden a efectivos militares, con el 12% (18 casos), es decir, 1 de cada 10, mientras que los policías acusados, que van a esa instancia son el 5% (42 casos).
“Analizando estos números sólo se refleja que se necesita de una verdadera depuración porque hay uniformados que ante la necesidad se prestan para la comisión de delitos de alto impacto y otros en pleno abuso del uniforme violentan los derechos humanos”, dijo Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
A juicio de la investigadora para que un proceso de depuración sea efectivo se requiere investigar a fondo las prácticas de los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado y no se repita el pasado cuando se castigó expulsando a inocentes y premiando a los corruptos.
Flores planteó que los depurados deben salir de las instituciones una vez se les haya encontrado su culpabilidad, por ejemplo, de ser cómplices de la criminalidad y orquestadores de abuso de autoridad o violadores de los derechos humanos hasta de los privados de libertad.
El primer proceso de depuración en la Policía Nacional inició en el primer año de gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y se mantuvo hasta 2020, en el segundo año de gestión del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), con la depuración de 19,000 elementos.
El escenario planteado por Flores es contrario a las decisiones adoptadas por las actuales autoridades, ya que a mediados de 2022 empezó el proceso de reintegro de unos 2,000 policías que habían sido separados de la institución uniformada en la última década, por supuesta colusión con la corrupción y la comisión de delitos como la implantación de evidencias.
También, cabe precisar que, aunque en las denuncias interpuestas en la Fiscalía— que de momento permanece en penumbra al no lograse la elección del nuevo fiscal general y fiscal adjunto, por un debate entre la oposición y el oficialismo que impide llegar a consensos—, figuran los militares, pero estos nunca han pasado por un proceso de depuración.
Lo antes expuesto ha desencadenado una crisis que ha impedido, por la ineficiencia de los diputados, que hasta la fecha todavía no se haya realizado el proceso de elección de las nuevas autoridades del ente investigador, lo que en consecuencia ha provocado que el abogado Daniel Sibrián, asuma la titularidad de manera momentánea, hasta que escojan a sus sustitutos.
Sibrián—abogado electo como fiscal adjunto en 2018, afín al Partido Liberal, que es liderado por Yani Rosenthal, quien cumplió con una condena en Estados Unidos por cometer el delito de lavado de activos, por mandato constitucional—, estaba obligado a tomar las riendas del MP, ante la ausencia del entonces fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, quien dejó el cargo el pasado 31 de agosto para ser magistrado en la Corte de Centroamericana de Justicia, con sede en Nicaragua.
El artículo 233 de la Constitución de la República establece que, ante la ausencia del fiscal general (Óscar Fernando Chinchilla) por ausencia, excusa o recusación, el adjunto debe tomar las riendas de forma momentánea.
DE LA DENUNCIA AL PROCESO JUDICIAL
Las acciones contra los policías y militares hondureños, de acuerdo con la base de datos proporcionada por el Ministerio Público, tienen un punto de partida y una siguiente instancia: las denuncias (según el tipo de delito) y los procesos judiciales.
Los policías que fueron denunciados, según el análisis de este medio, fueron por 20 delitos, de los que figuran abuso de autoridad, con el 34% (262 casos), las lesiones, que representan el 14% (109) y violación de los deberes de los funcionarios, con 9% (68).
Las denuncias contra militares varían respecto a las de los policías. Por ejemplo, el principal delito son las lesiones, con el 24% (37 casos), seguido del abuso de autoridad, que representa el 20% (30 casos) y, en tercer peldaño, están las amenazas, con el 16% (25 casos).
Pero, cuando la etapa pasa al proceso judicial, los delitos cambian levemente para los policías: violación de los deberos de los funcionarios, con el 26% (11 casos), abuso de autoridad, con el 21% (9 casos), trato cruel e inhumano, con el 14% (6 casos) y torturas, con el 12% (5 casos).
En tanto, para los militares, la violación de los deberes de los funcionarios, torturas, allanamiento de morada y lesiones son las principales, representando el 68% del total, con 12 casos.
Sin embargo, según la respuesta a la solicitud de información SOL- PJ- 2476- 2023, que se le realizó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los policías, con 66 casos (76%), son los funcionarios a los que más procesos se les ha abierto ante un juzgado, entre 2020 y 2023.
Mientras que los militares, con 20 procesos (23%), son los siguientes en la escala de mayor a menor.
Del periodo analizado por Criterio.hn a la base de datos, en 2021, fue cuando más procesos se abrieron (contra policías y militares), con 37, que significan el 43% del total. Eso quiere decir que de cada 10 casos, 4 procesos iniciaron en 2021.
Con una leve diferencia, 2022 es el segundo: ocurrieron 33 procesos que representan 38%.
2020, con 11 (13%) y 2023, con 5 (6%) siguen en los registros. De este año sólo se contabilizó de enero a agosto, según el reporte oficial.
En tanto, en los delitos por los que se le abrieron procesos a policías y militares, el maltrato familiar es el hegemónico: registra 10 casos que significan el 11%.
Seguido están la portación ilegal de armas de fuego, con 7 casos (8%) y el tráfico de drogas, con 4 casos (5%).
RESOLUCIONES DE LOS CASOS
De acuerdo con el análisis a los registros oficiales, 2022 registra el mayor número de resoluciones a los procesos ingresados de policías y miliatares ante los juzgados, con 53 casos, que representan el 49% del total (108).
Le sigue el 2021, con 33 casos, es decir el 30%; después está 2020 con 15 (14%), y el 2023, con 7 (6%).
Según la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones son mayores que los ingresos, debido a que se resolvieron cosas ingresados en años anteriores.
Por ejemplo, en 2022 ingresan 33 casos contra policías y militares ante los tribunales de la CSJ, pero se resolvieron 53, es decir, se dictaminaron 20 casos acumulados de años anteriores.
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EL VÍNCULO CON LA CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO
Históricamente la policía y los militares en Honduras han estado ligados con el poder político y económico y, en los últimos años, algunos de sus integrantes se confabularon con estructuras criminales abusando de sus funciones, de hecho, algunos se han amparado en los pactos de impunidad que se fraguaron desde el Congreso Nacional en la administración anterior, para evadir la justicia.
Por ejemplo, en febrero de 2020, la Agencia Técnica de Investigación (ATIC) arrestó al comisionado Leonel Sauceda por suponerlo responsable del cometer el delito lavado de activos, pero dos años más tarde (2022) quedó en libertad amparado en el decreto 93-2021, luego que la Sala de Sentencias determinara que no había pruebas para condenarlo.
Además, otro caso que demuestra que la institución armada ha sido cómplice de la comisión de delitos, es el exjefe de la Policía Carlos “El Tigre Bonilla”, quien se mantiene privado de su libertad en Estados Unidos porque la Corte Federal del Distrito Sur lo acusó de conspirar para enviar cientos de kilogramos de cocaína al país norteamericano.
Una evidencia más es el caso de Mauricio Hernández Pineda, expolicía y primo del expresidente Juan Orlando Hernández, quien está privado de su libertad y a la espera de un juicio en Estados Unidos por suponerlo responsable de cooperar para procesar y enviar drogas a EE. UU.
CON ESTADO DE EXCEPCIÓN ABUSOS PUEDEN AUMENTAR
A criterio de la sociología Leticia Salomón, con el estado de excepción en Honduras, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, el abuso por parte de las fuerzas de seguridad podría ir en aumento, ya que viene de la mano con la suspensión de garantías constitucionales que les otorga facultades para hacer arrestos y allanamientos sin necesidad de tener una orden girada por un juez.
“Analizando al actual gobierno podemos ver que están impulsando un fallido plan y no están enfocados en conseguir una política de seguridad. La voluntad política es aquella que tiene claridad para decir: esto es lo que está pasando y así lo lograremos y, como no existe, en el actual gobierno, lo denominan como plan de seguridad que desencadena un abuso de poder”, opinó.
Salomón considera que los policías y militares que se exceden en sus funciones, en el marco del estado de excepción, tienen que recibir los castigos que se merecen, porque el estado de excepción no debe ser sinónimo de impunidad.
Con el estado de excepción en Honduras, a la población se le suspendieron seis derechos garantizados en la Constitución de la República (suscritos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99), lo que, en síntesis, faculta a las autoridades a hacer detenciones y allanamientos de vivienda sin tener ningún tipo de requerimiento fiscal.
De acuerdo con cifras del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), desde el 6 de diciembre de 2022 hasta junio de 2023, con el estado de excepción en vigor, los policías y militares fueron denunciados 193 veces por el uso desproporcionado de fuerza a la hora de hacer un arresto.
La Policía Nacional fue la institución más denunciada, según el Conadeh, con 111 quejas, luego le siguen los miembros de la Dirección Nacional de Maras y Pandillas (DIPAMPCO) con 60 y finalmente se encuentran los militares con 22, todas registradas en los 123 municipios donde se encuentra vigente el estado de excepción.
El reporte del Conadeh refiere que el departamento en el que más se violentaron los derechos humanos, durante el periodo analizado, fue Francisco Morazán con 51 quejas, luego le sigue Cortés con 24, seguido de Atlántida con 16, El Paraíso con 15, Choluteca con 13, Yoro con 9, Comayagua con 8, Santa Bárbara y Olancho con 7 (cada uno), Copán con 6, Intibucá con 3, Gracias a Dios con 2 y Colón con 1.
El Conadeh expone que las fuerzas de seguridad, tras ser denunciadas, argumentan que sus actos son amparados en las facultades que les otorga el estado de excepción y lo hacen con el objetivo de servir y proteger para bajar el índice de criminalidad que campea en el país.
La guerra contra las maras y pandillas comenzó el 24 de noviembre de 2022, cuando la presidenta lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, pero, de acuerdo con artículos de investigación elaborados por Criterio.hn, ese delito no está entre los más golpeados con base a los arrestos que se ejecutaron hasta mayo de 2023 y tampoco se posiciona entre los requerimientos fiscales.
Pero fue hasta el 6 de diciembre de 2022, que las autoridades abrieron paso a los nuevos métodos, implementando así, desde esa fecha, el estado de excepción sólo en Tegucigalpa y San Pedro Sula y tuvo efecto hasta el 6 de enero de 2023. Posteriormente, la medida fue extendida hasta el 20 de febrero, y pasó a abarcar 73 municipios hondureños.
Después se amplió una segunda prórroga desde el 20 de febrero hasta el 6 de abril, en los mismos municipios. La tercera ampliación fue a partir el 7 de abril hasta el 21 de mayo, para extenderlo por cuarta vez hasta el 5 de julio, en la misma franja territorial y la última estará vigente hasta el 17 de noviembre.
Aunque el gobierno alardee que el estado de excepción ha traído resultados eficaces, los rubros más golpeados por la criminalidad, continúan denunciando que se mantienen siendo el blanco principal del crimen organizado. Por ejemplo, los transportistas se quejan que pagan de manera mensual más de 200 millones de lempiras sólo en concepto de extorsión y, por ese motivo, hay unidades, principalmente en el Distrito Central y San Pedro Sula, que han parado sus labores.
El número de denuncias en contra de policías y militares podría tener un reporte durante los últimos meses luego que los militares fueran asignados de resguardar los centros penales. De hecho, organizaciones defensoras de los privados de libertad aseguraron, en septiembre pasado, haber recibido 549 denuncias por supuestas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos dentro de las cárceles en contra de privados de libertad, sus familias, abogados y defensores de derechos humanos.
Asimismo, policías están siendo ligados a abusos y hasta crímenes en el Bajo Aguán, durante operativos que se han registrado, a partir de junio, a raíz de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, supuestamente para solventar los conflictos por la tenencia de tierras.
