Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras

Por: Sandra Cuffe/The Intercept

fotos de Orlando Sierra

Era la media noche cuando rompieron la puerta. Los niños, de 3 y 6 años, y sus padres estaban profundamente dormidos en su casa en Pimienta, un pueblo a 18 millas al sur de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras. «Llegaron a las tres de la madrugada», dijo la madre de dos niños cuya casa fue saqueada.

Agentes de las fuerzas especiales entrenados y apoyados por los EE. UU., Conocidos como TIGRES, así como agentes de investigación criminal registraron el hogar familiar, voltearon las camas y rompieron las almohadas mientras ella y sus hijos observaban. Su pareja ya había sido esposado y llevado afuera.

 «Mis hijos estaban asustados y llorando», le dijo a The Intercept frente a un juzgado de San Pedro Sula. «Nos trataron como criminales, apuntando con sus armas hacia nosotros».

Según la ley hondureña, las órdenes de registro solo deben ejecutarse entre las 6 am. y las 6 p. M., Pero se han reportado numerosos casos de redadas nocturnas por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos dos meses, cuando el gobierno hondureño reprime las protestas contra las elecciones impugnadas que entregaron la presidencia a Juan Hernández en noviembre.

La Secretaría de Seguridad de Honduras afirma que las redadas y detenciones en Pimienta se llevaron a cabo legalmente, sobre la base de informes de la comunidad, cubiertos por órdenes de arresto, supervisados ​​por un fiscal y llevados a cabo durante las horas permitidas por la ley.

Los chalecos antibalas y los objetos robados fueron confiscados durante los registros, escribió un portavoz de la Secretaría en respuesta a preguntas de The Intercept. Sin embargo, todos los relatos de las redadas y arrestos de los residentes y testigos de Pimienta cuentan una historia diferente: redadas nocturnas y al amanecer, niños aterrorizados y la participación de TIGRES. A algunos residentes se les dijo que había una orden de registro y otros no, pero nadie recordaba haber visto uno.

En total, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 10 redadas en las primeras horas del 26 de diciembre y arrestaron a 11 residentes de Pimienta por cargos relacionados con la destrucción de propiedades y el asalto a agentes de policía en el contexto de protestas contra el fraude electoral.

Las fuerzas especiales de TIGRES han sido controvertidas desde su fundación en 2013, y su corta historia ha sido perseguida por denuncias de robo y corrupción relacionadas con narcotraficantes.

Formados en Honduras y en los Estados Unidos por Green Berets del 7. ° Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne), los TIGRES reciben un apoyo sustancial del Departamento de Estado de EE. UU. Y han sido participantes activos en la represión gubernamental durante la actual crisis política en Honduras.

Hernández prestó juramento para su segundo período el 27 de enero, dos meses después de que las elecciones generales del 26 de noviembre se vieron empañadas por informes generalizados de fraude. Una temprana ventaja de 5 puntos que favorecía al candidato opositor Salvador Nasralla se evaporó luego de que el sistema de transmisión de datos electorales se desconectara durante horas. Los observadores de la Organización de los Estados Americanos documentaron una serie de irregularidades y se negaron a respaldar la victoria de Hernández, alegando que era imposible tener certeza alguna sobre el resultado.

A los pocos días de las elecciones, los partidarios de la oposición salieron a las calles de todo el país, desafiando un estado de excepción y un toque de queda para protestar por el fraude electoral. Los mítines, marchas y bloqueos de carreteras que sacudieron el país durante dos meses completos continúan aquí y allá.

La respuesta del gobierno ha sido una violenta represión estatal en curso, con las fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes en múltiples ocasiones. Más de 35 manifestantes y transeúntes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad y otros autores desconocidos, cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. Al menos 22 personas continúan encarceladas en diferentes partes del país por cargos relacionados con protestas.

La administración de Trump ha apoyado a Hernández, un aliado estadounidense desde hace mucho tiempo en la región, como el vencedor de las elecciones, y la asistencia de seguridad continúa fluyendo. El Departamento de Estado emitió una certificación en noviembre, dos días después de las elecciones impugnadas, lo que permitió a Honduras recibir millones de dólares de ayuda condicionada al progreso en materia de derechos humanos y corrupción.

El gobierno ilegal ha sido particularmente violento en el noroeste de Honduras, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El apoyo de la alianza de oposición es más fuerte en la región, que también impulsa la economía nacional, y los manifestantes han estado bloqueando las carreteras principales durante meses. Joaquín Mejía, un abogado que trabaja como investigador de derechos humanos para el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, conocido como ERIC, un grupo de defensa dirigido por jesuitas, cita la larga historia de resistencia beligerante de la región como un factor clave detrás de la efusión de protestas y bloqueos y la consiguiente represión y militarización. «Las fuerzas militares actuaron como si estuvieran en una zona de guerra, en el sentido de que continuaron con la lógica de disparar rondas en vivo contra las personas que protestaban: una población desarmada», dijo Mejía a The Intercept en la oficina de ERIC en El Progreso, Yoro. . Las fuerzas de seguridad también dispararon gases lacrimógenos indiscriminadamente, incluso en los hogares de las personas, y sometieron a los detenidos a un trato cruel e inhumano, dijo Mejía. «Entraron en hogares sin órdenes de registro», agregó. «Los miembros de la institución [policía nacional] solo portan armas no letales para desalentar actos violentos y durante los desalojos [de protestas] los procedimientos policiales buscan evitar daños a terceros», dijo la Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad cuando se le preguntó sobre los informes. del uso excesivo de la fuerza, incluido el disparo de balas reales.

«La Policía Nacional emprende todas sus acciones en cumplimiento de la ley, con estricto respeto por los derechos humanos y los procedimientos policiales establecidos en el Manual de Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas», escribió la Dirección a The Intercept, aunque no está claro exactamente a qué documento se refieren. Sin embargo, la oficina hondureña en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho declaraciones públicas condenando el uso del gobierno de la fuerza excesiva contra los manifestantes, así como ataques a defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios. El transporte y el disparo de armas por parte de las fuerzas de seguridad durante los desalojos de las protestas ha sido ampliamente documentado en fotografías, videos, informes de los medios de comunicación y grupos de derechos humanos. «

Los miembros de TIGRES, que ahora está bajo la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la fuerza policial, estuvieron a la vanguardia de las operaciones conjuntas para arrestar manifestantes en las ciudades de Pimienta y Villanueva, en Cortés. El mandato de las Unidades de Grupos de Respuesta de Inteligencia y de Seguridad Especial, cuyo acrónimo significa «tigres» en español, a menudo se informa que es para combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas. Ese puede ser el caso en la práctica; sin embargo, ninguno de ellos se menciona explícitamente en la ley que creó la fuerza, que simplemente establece que su propósito es abordar «las principales amenazas a la seguridad pública».

Los TIGRES fueron creados por ley en 2013. Hernández, era presidente del Congreso Nacional en ese momento y fue quien propuso el proyecto de ley. La capacitación de los agentes de TIGRES comenzó en 2014, después de que Hernández asumió la presidencia hondureña. Green Berets del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. (Airborne) y miembros de Comandos Jungla, una fuerza de élite de la policía colombiana, entrenaron a los agentes de TIGRES, que fueron reclutados de la policía y las fuerzas militares hondureñas. A la graduación de junio de 2014 de la primera ola de TIGRES asistió Lisa Kubiske, embajadora de los Estados Unidos en Honduras en ese momento.

Los instructores de Green Berets y Comandos Jungla entrenaron a otra clase de TIGRES en un curso básico de Comando de 12 semanas al año siguiente. Según una publicación en Facebook de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. O INL, a mediados de 2015, un total de 322 agentes habían completado el curso, que es la capacitación básica para todos TIGRES.

En febrero de 2015, los agentes de TIGRES viajaron a la Base de la Fuerza Aérea de Eglin en Florida durante dos semanas de entrenamiento avanzado del 7º Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne). Junto con la puntería, el entrenamiento de combate urbano fue un componente clave en Eglin. En 2016, miembros de TIGRES y del Ejército hondureño completaron entrenamiento especial con la Fuerza de Tarea Caiman, impartida por miembros de la Guardia Nacional de la Florida. TIGRES también participó en al menos una misión médica interinstitucional dirigida por el Comando Sur de los EE. UU., Cuya Task Force Bravo tiene su base en la base conjunta de Soto Cano, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital hondureña.

El Departamento de Estado de EE. UU., A través del INL, apoya a TIGRES y a otras unidades y fuerzas especiales hondureñas con una combinación de capacitación, financiamiento, investigación y asesoría. El INL también ha contribuido fondos para la construcción y equipamiento de un segundo complejo TIGRES, en El Progreso, cuya ceremonia de inauguración se llevó a cabo en enero de 2017. Las otras instalaciones de TIGRES están ubicadas en Lepaterique, a 40 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.

Un vocero dijo que el Departamento de Estado está «al tanto de varias denuncias graves de violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad hondureñas en el período posterior a las elecciones y ha pedido al gobierno de Honduras que investigue de manera rápida y exhaustiva todos esos incidentes y llevar a los perpetradores ante la justicia «.}

Tres días después del arresto del 26 de diciembre de 2017 de 11 residentes de Pimienta por parte de TIGRES y otros agentes de la ley, más de 20 familiares de los detenidos se congregaron frente a un juzgado de San Pedro Sula, esperando noticias de la audiencia en el interior. Varios familiares hablaron con The Intercept, pero todos pidieron el anonimato debido a problemas de seguridad.

«Hay miedo, mucho miedo», dijo a The Intercept  Ovidio Silva, un pastor evangélico local en Pimienta que acompaña a algunos de los familiares de los detenidos en San Pedro Sula. «Más que nada, me preocupan los jóvenes de nuestro municipio», dijo.

Silva ha sido pastor en Pimienta durante los últimos 14 años. Ha conocido a la mayoría de los arrestados durante años, muchos de ellos desde que eran niños; son principalmente jóvenes trabajadores, dijo. Mientras que algunos pueden haber participado en protestas de la oposición, él afirma que no tuvieron nada que ver con los incidentes de incendio premeditado y asalto a oficiales de policía de los cuales son acusados.

En diciembre, cuatro policías fueron desarmados y desvestidos en ropa interior en medio de las protestas en Pimienta. El gobierno dice que los oficiales fueron atacados y agredidos por los manifestantes, y las fotografías parecen indicar que fueron golpeados. Los residentes de Pimienta dicen que los agentes se habían infiltrado en las protestas, por lo que fueron removidos, desarmados y detenidos para evitar que instigaran la violencia. Finalmente fueron entregados a otras fuerzas de seguridad.

También se inició un incendio dentro de la estación de policía en Pimienta. En medio de protestas en diciembre, varias estaciones de policía en toda la región fueron blanco de incendios y otros daños. Según los manifestantes de la oposición, el daño a las estaciones de policía se infligió en respuesta directa a las fuerzas de seguridad que abrieron fuego con rondas en vivo durante los desalojos de los bloqueos de carreteras.

Silva pasó tres años en la fuerza policial nacional en la década de 1990 y cree que los responsables de cualquier delito en Pimienta deben enfrentar la justicia, pero es crítico con las redadas y arrestos. Los lugareños temen a las autoridades y los residentes son juzgados en los medios como delincuentes, dijo. Los 10 hombres arrestados en Pimienta (uno de los detenidos era una mujer) se afeitaron la cabeza antes de ser llevados a la audiencia del 29 de diciembre.

Más recientemente, los agentes de TIGRES estuvieron involucrados en el arresto de siete personas en Villanueva, incluido Javier Rubí, concejal del concejo municipal electo de la alianza opositora. Fueron acusados ​​de cargos relacionados con incendios premeditados y daños y perjuicios en la estación de policía de Villanueva. Los siete fueron liberados después de una semana debido a la falta de pruebas.

El veterano activista Edwin Espinal y otro manifestante, Raúl Álvarez, no tuvieron tanta suerte. Frente a tres cargos relacionados con la destrucción de la propiedad en el Hotel Marriott en Tegucigalpa durante una protesta el 12 de enero, se encuentran en prisión preventiva en la prisión de La Tolva, a 40 millas al este de la capital. Un pequeño campamento del ejército se encuentra directamente al otro lado de la carretera de la cárcel.

El director de esa prisión es Osman Alexis Rivera Rosales, quien figura en la lista de estudiantes en tres cursos de 1996 en la Escuela de las Américas de EE. UU. O SOA, ahora conocido como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. (La lista de participantes del curso, obtenida por el grupo de defensa sin fines de lucro SOA Watch a través de la solicitud de Freedom of Information y publicada en línea, solo cubre de 1946 a 2004, por lo que el entrenamiento de Rivera en EE. UU. Puede no haber terminado ahí).

No se han recibido informes de violentas maltrataciones en La Tolva, aunque Espinal y Álvarez estuvieron en celdas de aislamiento durante 22 horas al día durante sus primeras dos semanas allí, y ninguno ha podido recibir ninguna visita de sus familiares. Pero las generaciones anteriores de graduados de SOA estuvieron entre los peores violadores de los derechos humanos en Centroamérica durante la década de 1980, y ese es el precedente que pone a los activistas hondureños nerviosos ante las tropas entrenadas por los EE. UU. Que se vuelcan contra los manifestantes.

«Volveremos a los viejos tiempos», dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Las cosas pueden empeorar, porque junto con la práctica anterior, las fuerzas de seguridad del estado ahora están mejor entrenadas y mejor equipadas, le dijo a The Intercept.

«Hoy tienen toda la experiencia, todos los conocimientos, y saben que no les pasa nada con ningún tipo de violación de los derechos humanos cometidos, ya sea individual o colectivamente, contra la ciudadanía», dijo.