Tegucigalpa.- Pese a que el defensor de Guapinol y sector San Pedro, Arnol Javier Alemán cuenta con una carta de libertad y oficios del juzgado que ratifican la misma, la Policía Nacional continúa ignorando la documentación y capturándolo.
Alemán, junto a Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Jeremías Martínez Díaz, guardaron prisión preventiva ilegal por más de 899 días por la defensa del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, amenazado por un proyecto minero, hoy en pausa.
Esta no es la primera vez que Alemán es detenido pese a contar con carta de libertad. En mayo de 2022 fue arbitrariamente arrestado, cuando viajaba acompañado por su familia.
Mientras que, a mediados de marzo de ese mismo año, a tan solo 22 días de su liberación, los defensores fueron retenidos cuando se dirigían al Registro Nacional de las Personas a tramitar sus nuevos documentos nacionales de identificación, tras una detención ilegal de 2 años y seis meses.
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Arnol Alemán fue detenido cerca de las 9:00 de la noche en Tela, Atlántida, Caribe hondureño, cuando retornaba de San Pedro Sula, en el noroccidente, junto a su familia, incluida su hija, quien recibió atención médica especializada, informó a Criterio.hn el abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez.
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO POLICIAL CONTRA DEFENSORES SE MANTIENE
La abogada Kenia Oliva de este mismo bufete, señaló a Criterio.hn que lo grave es que la Policía Nacional «sigue argumentando, cuando lo detiene, que tienen la orden de captura vigente en el sistema, y aunque ellos muestran su carta de libertad –ahora caminan también con los oficios del Juzgado—aun así, la policía los detiene»
Oliva –quien forma parte del Bufete Justicia para los Pueblos el cual representó a los defensores del Parque Nacional Carlos Escaleras– explicó que ya se enviaron los oficios del Juzgado a la Dirección Policial de Investigación y a la Secretaría de Seguridad, para borrarlos del registro y dejar sin valor la orden de captura vieja, no obstante, esta sigue apareciendo en el sistema.
En la misma línea el abogado Carlo Jiménez, apuntó que continúa siendo un problema que la DPI no borre del sistema las órdenes de captura, lo que a la vez permite este tipo de abusos.
“Las contraordenes de captura fueron libradas en su momento por el Juzgado, fueron llevadas a la DPI, pero la DPI simplemente no ha hecho el trámite de pasarlas a pasivo, que así le llaman”, comentó Jiménez.
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El profesional del derecho especuló que esta inacción desde la DPI podría tratarse de “una forma de sacar dinero porque a pesar de que reciban las contraordenes de los juzgados, están esperando que sea el ciudadano, el usuario —en este caso particular Arnol— que vaya a realizar un trámite, que haga un pago que alimenta la burocracia para pasar esa orden a pasivo”.
No obstante, remarcó que lo que se está haciendo es violentando las garantías constitucionales de la población en general, al ser sometida a repetidas detenciones por una orden de captura que ya no esta vigente.
“Están sometiendo a las personas que ya fueron criminalizadas a una situación de acoso y hostigamiento constante. Arnol venía de consulta médica con su hija que tenía algunos días de estar enferma, vienen regresando en la noche y los someten a toda esta situación”, declaró Jiménez.
EL CASO ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO, PERO INSISTEN EN DETENERLOS
El abogado del equipo jurídico Justicia para los Pueblos contó que tras la detención de Arnol Alemán en Tela —frente a su esposa, hija y otros familiares que les acompañaban—, este fue trasladado a San Pedro Sula, donde pasadas las 10:00 de la mañana de este miércoles continuaba detenido en el Juzgado para la verificación del sobreseimiento y las cartas de libertad.
“No sé cuál es el atraso, pues toda esa información está en manos del Poder Judicial y además es de conocimiento público la situación de la detención ilegal”, reprochó.
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Jiménez recordó que incluso el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitarias de las Naciones Unidas concluyó en febrero de 2021, que el encarcelamiento contra los ocho defensores del agua era arbitrario, por lo que urgieron al Estado hondureño a liberarlos, garantizar su reparación e investigar a los responsables de su detención ilegal.
“La detención desde un principio fue ilegal y arbitraria y aún así insisten en esta situación de acoso, mantienen vigentes estas órdenes de captura sin razón. Es el Estado de Honduras el que sigue fallándoles, el que sigue violentando los derechos de estas personas defensoras del ambiente en Guapinol”, concluyó.
REACCIONES DE DEFENSORES DE DD HH
Tras conocerse la noticia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó preocupación por la retención de Alemán.
A la vez que recordó “a las autoridades de Honduras su obligación de garantizar la seguridad y el derecho al libre tránsito de las personas defensoras de DDHH, incluyendo aquellas a quienes se les haya dictado un fallo absolutorio a su favor en procesos judiciales”.
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, cuestionó desde redes sociales: “¿Es esta la nueva Policía y la nueva Corte Suprema de Justicia?”, tras el traslado de Alemán al Juzgado de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula.
Mejía posteó que “no es de extrañar que, de acuerdo con el @CIEDHes [Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos], Honduras ocupe el primer lugar en América Latina y el segundo a nivel mundial con el número más alto de acciones judiciales abusivas en contra de personas defensoras (SLAPPs)”.
Aludió que la detención de Alemán ocurrió después que veinte miembros de la Camara de Representantes de Estados Unidos expresaron a traves de una carta su preocupación por la situación de las personas defensoras del río Guapinol.
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La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos condenó al Estado de Honduras por la continua persecución en contra de Arnol y su familia, quien tras dos años y medio de prisión arbitraria sigue encontrando inconvenientes para retomar su vida.
En 2023 fueron asesinados tres defensores del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras, dos de ellos hermanos de Reynaldo Domínguez, también defensor y miembro del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El 7 de enero fueron asesinados Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Posteriormente, el 15 de junio fue abatido en la casa familiar, Óscar Oquelí Domínguez.
