A menos de cinco meses del sufragio, Honduras parece dirigirse no hacia una fiesta cívica, sino hacia un nuevo campo minado de confrontación, sospechas y denuncias de fraude
La legitimidad del proceso no puede depender únicamente de los resultados, sino del respeto a las reglas del juego, la transparencia en su aplicación y la inclusión de todos los actores en la toma de decisiones
Tegucigalpa, Honduras. -A 145 días para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, el proceso electoral en Honduras se encuentra atrapado en una espiral de incertidumbre, confrontación política y desconfianza ciudadana, alimentada por una institucionalidad electoral debilitada, acusaciones cruzadas de fraude y una creciente polarización ideológica alimentada por partidos políticos antagónicos.
La ciudadanía enfrenta un clima de incertidumbre por un tripartidismo conflictivo que ha llevado sus disputas al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos consejeros son representantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) (oficialismo), Nacional y Liberal (oposición), afectando la transparencia y la credibilidad del proceso electoral.
En lugar de ofrecer certidumbre, el ambiente previo a las elecciones parece diseñado para generar más dudas que respuestas. Tanto el oficialismo como la oposición han lanzado acusaciones mutuas de querer manipular los resultados, lo que ha sembrado una peligrosa sensación de que no importa quién gane, el perdedor, de cualquiera de los bandos, vociferará que se fraguó “fraude”.
En medio de este escenario, la sociedad hondureña se polariza nuevamente entre discursos de derecha e izquierda, acentuando la división social y el desencanto democrático.
TENSIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL
El pasado martes 8 de julio de 2025, a las 4 de la tarde los consejeros del CNE —Cossette López, presidenta; Ana Paola Hall y Marlon Ochoa— se reunieron con la comisión legislativa y posteriormente se presentaron ante el pleno del Congreso Nacional.
Los consejeros fueron citados para explicar los retrasos en el proceso de contratación de la empresa encargada de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), luego del fallido intento de recibir las ofertas que había sido convocado el pasado lunes 7 de julio.
En los alrededores del hemiciclo se encontraban simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) quienes se presentaron para respaldar al consejero Ochoa. Mientras que los miembros de los partidos Nacional y Liberal, respaldaban el accionar de las consejeras López y Hall.
Una vez que los consejeros del CNE se incorporaron a la sesión del pleno en el Congreso Nacional, este poder del Estado se convirtió en una escena simbólica del conflicto. Aplausos desde la oposición, abucheos del oficialismo, daños en el mobiliario del Legislativo y la irrupción de colectivos de Libre marcaron el ambiente de crispación.
Las bancadas opositoras cuestionaron el ingreso de simpatizantes del oficialismo. Por otro lado, el diputado liberal Jorge Cálix agredió al legislador oficialista Nelson Leiva, desatando la molestia de los congresistas del Partido Libre.
Mientras las agresiones estaban en su apogeo, los consejeros exponían sus argumentos, pero estos no estuvieron exentos de los insultos, descalificaciones de ambos bandos y las agresiones.
Las consejeras Cossette López, presidenta, y Ana Paola Hall, secretaria, lograron, por unos minutos, dar sus intervenciones, pero abandonaron el pleno por la intromisión de los colectivos del Partido Libre.
Mientras que Ochoa expuso sus argumentos y denunció la confabulación del bipartidismo –partidos Liberal y Nacional— para efectuar el fraude electoral. Mientras hablaba, algunos diputados opositores intentaron silenciarlo.
“Yo no soy corrupto (…) y abogamos y luchamos por tener elecciones limpias, justas y transparentes”, externó el consejero mientras diputados oficialistas lo rodeaban para evitar que las bancadas opositoras le lanzaran bolsa con agua.
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¿DÓNDE RADICA EL CONFLICTO?
La génesis del conflicto entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) se deriva por la falta de consensos en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, presidenta del CNE, proponen que las actas sean verificadas previa a la divulgación de resultados con participación humana.
Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa ha rechazado la propuesta de sus compañeras del pleno, porque abre la puerta a manipulaciones electorales y ese sistema permitiría a cualquiera de los partidos políticos alterar los resultados de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
“En ninguna parte de la Ley Electoral dice que antes de que se divulgue un resultado debe intervenir un humano. Eso es una intromisión y una usurpación de funciones. Solo las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pueden certificar los resultados”, explicó, señalando que el modelo que pretenden imponer sus colegas viola el artículo 279 de la Ley Electoral.
Esta situación ha alimentado un discurso repetitivo desde ambos bandos: si no se adaptan las reglas del juego a sus intereses, el proceso será considerado fraudulento. Un círculo vicioso que erosiona aún más la institucionalidad electoral.
En similares términos se expresó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, quien advierte que el principal enemigo del proceso es la desconfianza y la incertidumbre sembrada desde el tripartidismo.
En conversación con este medio digital, el exfuncionario del órgano electoral apuntó que tanto los partidos como sus líderes han perdido legitimidad ante la ciudadanía.
“Siempre existen conflictos o problemas en los procesos electorales, pero en este momento y en este proceso están sucediendo hechos que no se habían producido en procesos anteriores”, lamentó el entrevistado.
También destacó que esta desconfianza no es nueva, pero sí se ha agudizado en este ciclo electoral por la intensidad de las hostilidades entre los partidos tradicionales y el partido de gobierno.
“Hay una lucha desmedida por el poder que ha salido de lo habitual. Ya no se trata solo de ganar una elección, sino de eliminar al adversario”, dijo Aguilar.
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POLARIZACIÓN PUEDE LLEGAR A ESCENARIOS DE CONFRONTACIÓN SIMILARES AL 2009 Y 2017
Lo sucedido en la convocatoria de las empresas oferentes en el proceso de contratación del TREP y la fallida sesión del pleno del Congreso Nacional, revivió el caos del 9 de marzo, durante las elecciones primarias, cuando se denunciaron irregularidades, improvisación y desorden en la logística del proceso electoral.
Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advirtió que el conflicto en el CNE sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) va más allá de lo técnico.
Irías considera que esta crisis tiene raíces estructurales profundas. “Hay una polarización intensa que parte del golpe de Estado de 2009 y que se ha profundizado con el tiempo. Se trata de una disputa estructural sobre las reglas mínimas del juego democrático”, dijo a Criterio.hn.
Para Irías, si el CNE no logra acuerdos mínimos entre los partidos sobre las reglas básicas del proceso, las elecciones podrían desembocar en una nueva crisis política de escala nacional similares a lo ocurrido tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 o la crisis postelectoral del 2017 con la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad.
Asimismo, señaló que el diseño del CNE, constituido por representantes de los tres partidos políticos mayoritarios, impide la autonomía necesaria para actuar como árbitro imparcial.
En consecuencia, los estándares de transparencia, legitimidad y profesionalismo que demanda un organismo electoral están comprometidos, lo cual abre la puerta a una elección plagada de señalamientos de fraude electoral.
Para el analista político Carlos Cálix, el panorama se complica aún más por la multiplicidad de temas que semanalmente alteran la agenda política y amplifican la incertidumbre.
“Estamos viviendo un proceso inédito, donde cada semana hay un nuevo escándalo que altera el rumbo del debate político”, explicó Cálix en una entrevista brindada a Criterio.hn.
Además, observa una estrategia deliberada de confusión y desorientación, que ha conllevado a que los actores estén utilizando el caos como herramienta política. A su juicio, el discurso constante sobre fraude por parte de todos los bandos, es una manera de preparar el terreno para desconocer resultados que no les favorezcan.
CAOS EN ELECCIONES PRIMARIAS SE PUEDE REPETIR EN LAS GENERALES
Analistas consultados por Criterio.hn coinciden que las desavenencias entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), las constantes denuncias de fraude y los retrasos en el cronograma electoral pueden llevar a un caos similar al ocurrido en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 o, peor aún a la crisis poselectoral de 2017, cuando el entonces presidente, Juan Orlando Hernández, propició un colosal fraude y se perpetuó en el poder, argumentado de manera antojadiza un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la reelección presidencial que es prohibida en Honduras.
La posibilidad de que se repitan incidentes como los del 9 de marzo o de noviembre de 2017, en las elecciones generales, no es remota. Cálix estima que existe al menos un 50% de probabilidad de que el proceso del 30 de noviembre sufra interferencias o anomalías.
Esta cifra podría aumentar, advierte, si se suman los antecedentes históricos: elecciones cuestionadas en 2005, 2009, 2013, 2017 y hasta inconsistencias detectadas en 2021.
“Hay patrones que se repiten, como interrupciones del sistema de transmisión, denuncias masivas de fraude y descalificación de los resultados por los actores perdedores”, recordó el analista.
Si bien es probable que las elecciones se celebren, los analistas coinciden en que el camino hacia ellas estará marcado por conflictos, sabotajes institucionales y una tensión creciente.
La consecuencia más peligrosa no es sólo el posible caos del día electoral, sino la erosión permanente de la legitimidad democrática y el daño a la cohesión social.
“Sin un pacto mínimo entre los partidos, sin un árbitro creíble y sin una ciudadanía que confíe en su voto, las elecciones podrían no resolver nada, sino agravar aún más la crisis estructural del país”, concluyó Irías.
A menos de cinco meses del sufragio, Honduras parece dirigirse no hacia una fiesta cívica, sino hacia un nuevo campo minado de confrontación, denuncias de fraude, incertidumbre y posibles fracturas institucionales con consecuencias imprevisibles para la gobernabilidad y la frágil democracia.
