Juristas aseguran que la nueva Corte Suprema de Justicia sí tendrá la capacidad de revertir las sentencias de impunidad de su predecesora
Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados y diputadas del Congreso Nacional están a las puertas de seleccionar a las magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ejercerá funciones entre 2023 y 2030.
La elección ha sido considerada una oportunidad irrepetible con miras a adecentar el más alto nivel de administración e impartición de justicia en el país. Sin embargo, no parece ser ese el rumbo al que la clase política está llevando la elección, debido a que están primando intereses político-partidarios.
El 25 de enero de 2023 fracasó el primer intento por elegir a las 15 personas que se desempeñarán en estos cargos de la Corte Suprema de Justicia. Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción nominativa que incluía a 15 de los 45 aspirantes que les remitió la Junta Nominadora.
A partir de ese momento, las negociaciones han estado enfocadas a la cantidad de magistraturas que se repartirán los tres partidos políticos principales: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. El 11 de febrero de 2023 vacará en sus funciones el actual pleno de magistrados y lo deseable es que antes de esa fecha, es decir como límite el 10 de febrero de 2023, deberán estar elegidos los nuevos altos jueces del Poder Judicial.
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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, citó a las diputadas y a los diputados a una sesión a las 3:00 de la tarde del viernes 10 de febrero para continuar con la elección de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, desde las distintas bancadas se asegura que todavía no están listos los consensos y acuerdos requeridos para elegir a los 15 altos jueces del Poder Judicial.
UNA CORTE QUE FAVORECIÓ LA IMPUNIDAD ESTÁ POR SALIR
Más allá de lo anterior, la actual Corte Suprema de Justicia, que está a pocos días de ser relevada, se caracterizó durante sus siete años de actividad por su displicencia frente a grandes casos de corrupción, sobre todo los que presentó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Dentro de ese abanico de personas cobijadas por la impunidad que emanó del actual Supremo figuran los exfuncionarios y exdiputados que fueron sobreseídos por el Caso Pandora, que presentaron conjuntamente, el 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Las investigaciones del ente internacional y de la Fiscalía determinaron que, mediante una operación dirigida por Hilda Hernández (fallecida hermana del expresidente, Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico), se malversaron unos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Dentro de esta red de corrupción a gran escala, se vieron involucrados en actos corruptos varios funcionarios y diputados, entre ellos el expresidenciable por el Partido Liberal, Elvin Santos, los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua y Rodolfo Irías Navas, el narcotraficante confeso y exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina (recientemente extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico), y el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Antonio Lara.
Los encargados de emitir los sobreseimientos en favor de 22 de los imputados, el 4 de agosto de 2020, fueron los tres magistrados salientes Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, Edwin Francisco Ortez Cruz y María Fernanda Castro Mendoza, quienes actuaron como magistrados de Apelaciones en un caso donde se designó a Lidia Álvarez Sagastume como jueza natural.
La liberación de los implicados en el Caso Pandora se generó aun cuando el Ministerio Público y la MACCIH habían presentado los suficientes indicios de culpabilidad en su requerimiento fiscal.
Los magistrados se ampararon en la vigencia del decreto 116-2019, un pacto de impunidad que se instauró entre liberales y nacionalistas, cuando Mauricio Oliva, del Partido Nacional, manejaba a su antojo las decisiones del Legislativo. El actual Congreso, que preside Luis Redondo, ha sido incapaz de lograr los consensos para derogar dicha normativa.
El decreto 116-2019 le impide al Ministerio Público ejercer acción penal en contra de un legislador acusado por corrupción, sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
El 14 de noviembre de 2022, un grupo de diputados y exdiputados del Partido Nacional salió también beneficiado por el decreto 116-2019. En esta ocasión, la diputada Gladis Aurora López, quien además fue vicepresidenta del Congreso Nacional entre 2014 y 2018, el diputado Milton Puerto, y los exlegisladores Welsy Vásquez, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez recibieron sus cartas de Libertad tras haber quedado absueltos por el Caso Arca Abierta.
Durante 2019, a otros imputados en este caso, entre ellos los exdiputados del Partido Nacional, Óscar Álvarez y Juan Carlos Valenzuela, así como a la exlegisladora de Libertad y Refundación (Libre), Audelia Rodríguez, ya se les había favorecido con sobreseimientos provisionales.
En este caso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, designó a Reynaldo Antonio Hernández como juez natural y a los magistrados Wilfredo Méndez Romero, Miguel Arturo Pineda Valle y Rafael Bustillo Romero como magistrados de Corte de Apelaciones, quienes declararon “ha lugar” un recurso de apelación interpuesto por el defensor de los imputados, Dagoberto Aspra. El juez Reynaldo Antonio Hernández finalmente ratificó su libertad el reciente 12 de enero de 2023.
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Nuevamente figuró la vigencia del decreto 116-2019 dentro de estas resoluciones, según informó, en su momento, el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Meses atrás, específicamente el 1 de septiembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia había favorecido a otros diputados y exdiputados acusados por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO) de fraude y lavado de activos en lo que se conoció como Caso Corrupción en el Congreso.
El diputado que fue sobreseído fue el nacionalista Alberto Chedrani, mientras que otros exdiputados de ese partido, Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz, Rodimiro Mejía y Vicente León también se vieron beneficiados por la determinación de la magistrada que actuó como jueza, Reina Auxiliadora Hércules Rosa. La Corte de Apelaciones la integraron los magistrados Edgardo Cáceres Castellanos, Reynaldo Antonio Hernández y Wilfredo Méndez Romero.
En una entrevista con Criterio.hn del 2 de septiembre de 2022, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, declaró que no se explicaba cómo la jueza natural, aun cuando se le presentaron los suficientes medios probatorios documentales, testimoniales y periciales suficientes para iniciar un juicio oral y público, los favoreció con sobreseimientos.
Otras determinaciones recientes de la Corte Suprema de Justicia están relacionadas con el Caso Astropharma.
Días atrás, el 31 de enero de 2023, la Sala de lo Penal integrada por los magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García declaró “no ha lugar” un recurso de casación presentado por el Ministerio Público contra la sentencia del 13 de septiembre de 2019 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, mediante la cual se dejaron libres a Marco Tulio Gutiérrez, Lena Gutiérrez (exvicepresidenta del Congreso Nacional), Julio César Gutiérrez y Ginette Gutiérrez, el “Clan Gutiérrez”, y otras 11 personas.
El pronunciamiento absolutorio de estos magistrados dejó libres a todos estos implicados en el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
MAGISTRADOS DE LA CSJ CÓMPLICES DE LA LIBERTAD DE DIPUTADOS Y EXDIPUTADOS ACUSADOS POR CORRUPTOS
- Jorge Alberto Zelaya Zaldaña
- Edwin Francisco Ortez Cruz
- María Fernanda Castro Mendoza
- Wilfredo Méndez Romero
- Miguel Arturo Pineda Valle
- Rafael Bustillo Romero
- Lidia Álvarez Sagastume
- Edgardo Cáceres Castellanos
- Reina Auxiliadora Hércules Rosa
- José Olivio Rodríguez Vásquez
- Alma Consuelo Guzmán García
SÍ SE PUEDE REVERTIR, DICEN EXPERTOS
A pesar de las lamentables resoluciones judiciales antes expuestas, analistas jurídicos explican que la nueva Corte Suprema de Justicia sí tendrá la capacidad de revertir estos casos porque podrá determinar si las determinaciones judiciales se enmarcaron en la legalidad y porque estará en capacidad de determinar si el decreto 116-2019, que favoreció a los implicados en Caso Pandora, Caso Arca Abierta y Caso Red de Corrupción, es inconstitucional.
Aunque el decreto 116-2019 se mantiene vigente, un fallo de inconstitucionalidad por parte de la próxima Sala de lo Constitucional, revertiría la libertad de quienes se vieron beneficiados por ese adefesio legal, según explicó a Criterio.hn el analista político y jurídico, Raúl Pineda Alvarado.
“Si existiera una declaración de institucionalidad, entonces serían inexistentes y carentes de validez todas las sentencias efectuadas por la Corte Suprema de Justicia anterior por haberse hecho fuera del marco normativo de la Constitución, que es la norma fundamental y contra la cual no puede haber resolución judicial alguna”, declaró.
Y añadió: “Estos casos ya mencionados pueden ser perfectamente reabiertos si la Corte declarase con inconstitucionalidad el decreto 116-2019 y cualquier otra normativa que favorezca la impunidad y que se haya emitido en contra del espíritu de la letra de la propia Constitución”.
Por su lado, el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, declaró que un desafío de la nueva Corte Suprema es “determinar si fueron conforme a la legalidad las sentencias como las de la Junta de Comandantes que dieron el golpe de Estado y las de todos los graves casos de corrupción que fueron sobreseídos por la Corte actual”.
Las primeras sentencias se ejecutaron en el período 2009-2016, cuando el Poder Judicial era presidido por Jorge Rivera Avilés, y las segundas bajo el mandato de Rolando Argueta, desde 2016 hasta el presente.
“Cuando una sentencia absolutoria está basada en el engaño y es producto de la maquinación de quienes investigan, acusan y resuelven, y el proceso y la sentencia sirven a otro objetivo distinto de la justicia, nos encontramos ante una cosa juzgada aparente o fraudulenta”, explanó.
