Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.-Los pobladores de Zacate Grande se encuentran excluidos de los programas aprobados por el Estado para enfrentar la crisis alimentaria y sanitaria producto de la llegada del Covid-19 a Honduras. Así lo demostró el informe de veeduría comunitaria: “Por que no han llegado los programas para combatir la crisis alimentaria en Zacate Grande?”, publicado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) y la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Entre los principales hallazgos del informe, la periodista e investigadora del Cespad, Claudia Mendoza, detalla la doble exclusión que viven los habitantes de Zacate Grande, a quienes durante años se les ha negado su título de tierra y producto de esto no pueden acceder a los beneficios de las políticas públicas emitidas en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020.
Asimismo el gobierno local utiliza la coyuntura, para evitar ejecutar políticas locales que podrían beneficiarlos, alegando que ellos se encuentran en propiedad privada; pese a saber que los pobladores y sus familiares han residido por generaciones en este lugar. Es importante destacar que los pobladores de Zacate Grande han sufrido persecución, criminalización y judicialización por parte del Estado para beneficiar a familias como la Facussé y Gutiérrez, quienes aducen ser los propietarias de estas tierras.
Los pobladores temen que aprovechando la crisis causada por la pandemia, el Estado arrebate sus tierras utilizando el numeral cuatro del Decreto Ejecutivo PCM-030-2020 que entrega las tierras nacionales y ejidales a la agroindustria. Sin prever que un gran número del territorio ejidal y nacional son ocupados por grupos campesinos, indígenas y garífunas, quienes históricamente han sido víctimas de la injusticia de la distribución de la tierra.
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En relación al derecho a la alimentación, la misma es violentada. La ayuda que se ha entregado a las comunidades (dos bolsas solidarias en cinco meses por un valor estimado en cuatrocientos lempiras), no es una medida que mitigue o ataque el hambre porque es “insuficiente y poco sustentable” informaron los pobladores. Asimismo, la entrega es realizada por medio de sesgos políticos y en algunas aldeas se han marginalizado primordialmente a los líderes y lideresas de la comunidad.
Finalmente, el informe señala que producto del confinamiento, el derecho al trabajo y movilización es seriamente afectado provocando la pérdida de ingresos presentes y futuros, impactando en la economía local. Un ejemplo de este extremo, es que las y los campesinos han enfrentado serios problemas para adquirir semillas y otros insumos para sembrar la tierra y aprovechar las lluvias. Todo esto sin mencionar que no les está permitido reunirse en grupo para avanzar en los cultivos.
