Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El Comité Municipal de Defense de los Bienes Comunes y Públicos, pide al poder judicial y a quienes lo integran que paren ya la violación de los derechos humanos y constitucionales de los pobladores de las comunidades de Guapinol y San Pedro en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
En una conferencia de prensa realizada este jueves señalaron que el uno de septiembre, en medio de numerosas irregularidades y testimonios contradictorios, la Juez de jurisdicción nacional, Lisseth Vallecillo dio la razón a la empresa minera Inversiones Los Pinares que usó de forma maliciosa el sistema de justicia penal para castigar a siete defensores del agua y la vida de Guapinol y Sector San Pedro por su resistencia pacífica contra la instalación ilegal de una mina sin haber consultado y obtenido el consentimiento de las comunidades afectadas.
Apuntan que la Juez, que no tiene jurisdicción para conocer el caso, dictó auto formal de procesamiento por los delitos de privación injusta de libertad e incendio agravado sin motivar su fallo y son dar razones para decretar prisión preventiva aunque los delitos por los cuales son acusados deben de gozar de medidas sustitutivas.
Días después, la Juez Vallecillo fue ordenada a dar sus razones por una Juez de la Corte de Apelaciones, pero hasta la fecha, la Juez Vallecillo se ha negado acatar la orden, señala el comunicado.
Instituto Nacional Penitenciario hace lo que quiere
A pesar que la Jueza Vallecillo ordenó al Instituto Nacional Penitenciario enviar a los defensores al Centro Penal de Olanchito, Yoro, sin embargo, la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario no acató la orden judicial y en su lugar tomó la decisión arbitraria de enviarlos a la cárcel de máxima seguridad de La Tolva en Morocelí, El Paraíso. decisión que ha sido denunciada ante el Ministerio Público.
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Los pobladores de Guapinol de conocimiento público que los compañeros defensores del agua y la vida han sido víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por las autoridades del sistema penitenciario, al menos uno de ellos fue trasladado en ropa interior hacia la cárcel.
El régimen gubernamental ha violentado el marco general del derecho nacional constitucional y la jurisprudencia del sistema interamericano de Derechos Humanos, así como los protocolos de Naciones Unidas sobre el tratamiento a personas privadas de libertad
El Comité, junto a su equipo de defensa legal y junto a la solidaridad nacional e internacional, exigen al Estado de Honduras, a través de los responsables de gobierno en el sistema Penitenciario, el Ministerio Público, el sistema judicial y demás instituciones responsables, rectifique lo más pronto posible las decisiones anteriormente denunciadas y dejen en libertad a los defensores.
De inmediato exigieron que los defensores, presos políticos por defender el agua y la vida, sean trasladados al Centro Penal de Olanchito, Yoro La cárcel de máxima seguridad en Morocelí es para criminales de alta peligrosidad, no para defensores de la vida reconocidos por el mismo Estado de Honduras.
En esa cárcel, están en grave peligro la seguridad integral de Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Orbin Hernández, Ewer Cedillo, Daniel Márquez, Arnold Alemán y Kelvin Romero.
Responsabilizan al Sistema Nacional Penitenciario, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Instituto Hondureño de Geología y Minas, a la Secretaría del Ambiente, Gobierno Municipal de Tocoa y a la empresa minera Inversiones Los Pinares de cualquier situación lamentable en Ia vida de los presos políticos y demás defensores y defensoras del agua y la vida en Guapinol y el Municipio de Tocoa, Colon
Además señalaron que Jeremías Martínez, defensor del agua y la vida está preso desde diciembre de 2018 en el Centro Penal de La Ceiba por los mismos delitos, el Juez Carlos Irías de León que conoce del caso tampoco tiene jurisdicción, ni argumentos sustentables para enviarlo a prisión, y será sometido a Audiencia Preliminar el próximo 24 de septiembre en los Juzgados de San Pedro Sula
