Tegucigalpa.- Al menos diez organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron al Juzgado de Trujillo, en el departamento de Colón, garantizar el principio de publicidad penal y debido proceso en la audiencia de revisión de medidas de los ocho defensores de Guapinol, a celebrarse este martes 26 de octubre, a la 1:15 de la tarde.
Las organizaciones señalan que el principio de publicidad penal es reconocido por el derecho internacional como un medio esencial para que pueda ejercerse el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades por parte de la comunidad en general.
También remarca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este principio como un derecho de todas las personas acusadas, orientado a protegerlas de la administración de justicia a puerta cerrada sin escrutinio u observación pública.
La solicitud fue realizada mediante una carta dirigida a los jueces que llevan el caso en el Tribunal de Sentencia de Trujillo, con copia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juez Rolando Argueta.
En la misiva, establecen que por más de dos años las instituciones y organizaciones firmantes han dado seguimiento a «las represalias adoptadas en contra de legítima protesta ejercida por el Comité de Bienes Públicos de Tocoa. Estas represalias incluyen el procesamiento judicial y la prolongada detención ilegal de la libertad de ocho defensores ambientales pertenecientes al Comité».
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Asimismo, siguiendo la resolución de julio de 2020 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a causa de la pandemia de COVID-19, en la cual «alienta a los Estados a que pongan a disposición del poder judicial tecnología de la información y las comunicaciones actualizada y soluciones innovadoras en línea, que permitan la conectividad digital, para facilitar el acceso a la justicia y el respeto del derecho a un juicio justo».
En consonancia con esta directiva, las organizaciones llaman al Tribunal a que en primera instancia se garantice que los medios electrónicos a los que se refiere la resolución del Consejo de Derechos Humanos estén disponibles y operativos.
En segundo lugar, a que se permita la participación presencial en la sala de audiencias de una persona delegada por dicha coalición de observadores para que asista y reporte ante las organizaciones que forman parte de la coalición y otros interesados.
Como punto final, piden se permita que la persona observadora pueda transmitir por medios electrónicos vía internet lo que sucede en la sala, con el objetivo de contar con un sistema de respaldo en caso que los medios proporcionados por el Tribunal presenten problemas técnicos.
Tras más de dos años de detención, luego de ignorar por meses las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el caso Guapinol, y extender por seis meses más la medida de prisión arbitraria, el Juzgado de Trujillo, Colón, finalmente admitió la solicitud de audiencia de revisión de medida cautelar contra los ocho defensores de Guapinol.
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Los defensores son acusados por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea y la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V.; esta última propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido empresario Miguel Facussé.
Los ocho defensores del agua perjudicados por la medida son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez Díaz. A la fecha, han permanecido 26 meses bajo prisión arbitraria.
Las organizaciones firmantes de la carta son: el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Honduras; la Clínica de Derechos internacional de los DDHH, Escuela de Derecho, Universidad de Virginia, Estados Unidos – Internacional; el FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional; la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos – Internacional; Protection International – Mesoamérica, Internacional; el ERIC-SJ, Honduras; el Equipo Jurídico de Derechos Humanos, Honduras; la Fundación San Alonso Rodríguez, Honduras; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Honduras; y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan, Honduras.
