Tegucigalpa. En la audiencia de individualización de pena contra David Castillo por su coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron al Juzgado de Sentencia se imponga la condena máxima de 25 años de privación de libertad y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
El abogado de la Causa Berta Cáceres, Víctor Fernández, sostuvo que en el caso contra David Castillo no hay circunstancias atenuantes. En cambio, expuso que existen una serie de circunstancias agravantes, entre las que citó la alevosía; el abuso de superioridad y de confianza; la ejecución del crimen aprovechando las circunstancias de tiempo y lugar; y que el crimen se ejecutó por motivos racistas o de carácter ideológico.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN EL CRIMEN
Sobre el abuso de superioridad y de confianza, Fernández señaló que Castillo participó en el crimen contra la lideresa indígena desde la estructura de la empresa mercantil identificada como Desarrollos Energéticos S.A., lo que constituye a criterio del abogado como un elemento de superioridad sobre Cáceres.
Además, refirió que el condenado participó junto a una estructura militar en la forma en cómo se ejecutó el crimen, donde dos personas de las que ya fueron encontradas culpables -Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez- también fueron miembros de las Fuerzas Armadas, junto a una tercera -Henry Hernández- quien también era militar.
«Este extremo visto por si solo, son al menos cuatro personas con formación militar y además en conexión con la institucionalidad de las Fuerzas Armadas […] constituye un elemento obvio de superioridad que facilitó la ejecución del crimen», afirmó el abogado Fernández durante su participación en la audiencia.
Asimismo, citó al perito Harald Waxenecker con relación a que el crimen se ejecutó por una combinación de una estructura empresarial delincuencial con una estructura militar que entró al mundo criminal. Fernández señaló que el hecho se produjo de noche y que Castillo tuvo una participación de controlador o director de la ejecución del crimen por lo que tenía conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar en que se iba a ejecutar el crimen.
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En cuanto a la ejecución del delito por motivos racistas o de carácter ideológico, Fernández sostuvo que a la acusación le parece fundamental la pericia del perito Harald Waxenecker, en la que se señaló que Cáceres «quedó inserta en un choque entre una visión sobre el uso o el manejo de la naturaleza de la que es parte el condenado Roberto David Castillo, que impone la lógica del mercado sobre la naturaleza».
ELEMENTOS PERSONALES AGRAVANTES CONTRA CASTILLO
Fernández también enunció cuatro elementos personales del crimen de David Castillo contra Berta Cáceres. En primer lugar, su condición de militar en condición de retiro de las Fuerzas Armadas vinculado a un hecho criminal. El segundo punto, la vinculación del imputado como funcionario público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la que su cargo estaba vinculado al manejo estratégico del modelo energético del país.
En tercera categoría su condición de empresario y beneficiario de concesiones del Estado, donde Castillo apareció vinculado a dos sociedades mercantiles, todas beneficiarias de concesiones del Estado. Finalmente, como cuarta categoría, Fernández señaló que Roberto David Castillo fue reparado por el Tribunal Superior de Cuentas por sus funciones en la ENEE, porque siendo funcionario cobraba un salario y además cobraba otro salario como miembro de las Fuerzas Armadas, donde si bien devolvió parte de lo reclamado ya carga sobre él el antecedente personal.
El expresidente de la empresa de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo fue encontrado culpable como coautor del asesinato de la ambientalista el pasado lunes 5 de julio. La familia de Berta Cáceres exige que se capture y procese a los autores intelectuales detrás del asesinato de la lideresa indígena.
