La elección en propiedad de las autoridades del Ministerio Público generaría mayor confianza en los países cooperantes interesados en el financiamiento de una eventual CICIH, según analistas consultados por Criterio.hn

Tegucigalpa, Honduras.- Nombrar en propiedad al fiscal general y fiscal general adjunto se presenta como una necesidad para evitar entorpecimientos en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

La instalación de la CICIH, en caso de superarse las dos fases establecidas en el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dependerá del financiamiento aportado por los países cooperantes.

Uno de los países que ha abogado por la instalación de un mecanismo anticorrupción en Honduras ha sido Estados Unidos. Así lo demostró Eric Jacobstein, subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos para Centroamérica, el pasado 25 de octubre, cuando compareció ante la Cámara de Representantes durante una reunión que abordó la relación bilateral entre Estados Unidos y Honduras.

Honduras también ha buscado financiamiento con otros países como Suecia, Reino Unido, Suiza, Canadá, Corea del Sur, Brasil y España para financiar el mecanismo de la CICIH. Este financiamiento se llevaría a cabo entre los países cooperantes y el Gobierno, según las propuestas preliminares.

El 12 de diciembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el reciente «uso de violencia y el socavamiento de la democracia para permitir un nombramiento interino irregular y sin precedentes del fiscal general y fiscal general adjunto».

Dentro de las sanciones figuró la cancelación de visas a funcionarios del Gobierno de Xiomara Castro y a algunos diputados oficialistas dentro del Congreso Nacional.

La decisión se generó después de que el 1 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso Nacional eligió a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto, argumentando que en el Ministerio Público existía ausencia definitiva desde el 1 de septiembre, cuando vacaron Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.

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Estados Unidos, a través de su Embajada en Tegucigalpa, condenó la forma en que se eligieron interinamente a la cúpula del Ministerio Público, pese a que altos funcionarios del Gobierno defendieron que el nombramiento se fundamentó en el artículo 208, numeral 11, de la Constitución de la República que faculta a la Comisión Permanente a realizar el nombramiento interino.

ES IMPORTANTE TENER AUTORIDADES EN PROPIEDAD

A consideración del analista jurídico Álex Navas, es imperativo que el Congreso Nacional sea capaz de generar los consensos necesarios y nombre en propiedad al Fiscal General y Fiscal General Adjunto que actuarán durante cinco años a partir de su nombramiento, para evitar el riesgo de que Estados Unidos se oponga a respaldar la llegada de la CICIH al país.

“Creo yo, se pone en riesgo al no nombrar en propiedad a los fiscales generales. Se pone en riesgo porque los estadounidenses, que fueron los mayores cooperantes de la MACCIH, al ver que hay inestabilidad en las instituciones que cooperarán con la CICIH, van a poner en duda su apoyo financiero a la CICIH y poner en riesgo la firma del convenio. Estados Unidos es un actor primario en la confección del nuevo convenio”, expresó Navas a Criterio.hn.

Navas explicó que las autoridades del Ministerio Público deben ser los aliados naturales de la CICIH. “Por lo tanto, para mí, no es válido decir que no es importante el nombramiento de los fiscales generales”.

El analista y académico, que también laboró como investigador en la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), expresó que “los norteamericanos y los europeos confían en la solidez de los operadores de justicia”.

“El nombramiento interino es legal, pero no tiene todas las solemnidades que exige la Constitución para elegir a los fiscales generales en propiedad. Y eso se necesita para darle legitimidad a la institución y confianza a la sociedad de que se está trabajando de forma independiente y autónoma”, manifestó.

Por su lado, el integrante del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH y exdiputado del Congreso Nacional, Aníbal Cálix, consideró que no solamente se pondría en peligro el convenio de la CICIH, sino también el apoyo técnico y financiero que Estados Unidos brinda al Ministerio Público.

“Cuando un cooperante se manifiesta de manera concreta contra un tema en particular, es de esperar que la ayuda esté definitivamente en tela de duda”, indicó Cálix en conversación con Criterio.hn.

El excongresista indicó que una elección con 128 diputados dará legitimidad a la Fiscalía “tanto a nivel interno como a los ojos de la cooperación internacional”.

En respuesta, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, manifestó que se continúa trabajando en los consensos necesarios para elegir en propiedad al fiscal general y fiscal general adjunto.

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“Por supuesto que es necesario, no solo por la CICIH, pero puedo garantizar que estamos trabajando para que los fiscales generales sean elegidos en propiedad y por cinco años, como lo dice la Constitución”, indicó Barrios a Criterio.hn.

No obstante, defendió el nombramiento interino, pues consideró que, ante la falta de fiscal general y fiscal general adjunto, “la Comisión Permanente estaba facultada para elegir de manera interina”.

Con relación a la suspensión de las visas a funcionarios y diputados, aseguró que es una decisión soberana. “Las acciones de la Comisión Permanente son completamente constitucionales, y a Estados Unidos solo le queda respetar nuestras decisiones”, expresó.

La elección del fiscal general y fiscal general adjunto, según el artículo 233 de la Constitución de la República, debe realizarse con 86 votos.