Tegucigalpa. – El comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Fernando Emilio García Rodríguez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra nueve integrantes del Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
García declaró que le corresponde al MP tipificar los delitos, pero les pide investigar posibles actos de abusos de autoridad y usurpación de funciones respecto a atribuciones constitucionales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La denuncia de aproximadamente 50 páginas fue acompañada con un anexo que respalda el inicio de la investigación, que deberá continuar la fiscalía, así como maletines de documentos que ya han sido compartidos con el ente acusador del Estado, afirmó.
Los hondureños integrantes del CAMP señalados son: Ebal Jair Díaz Lupían, Octavio Rubén Sánchez Barrientos, Ricardo Leonel Cardona López, Ricardo Rodolfo Maduro Joest, Arnaldo Castillo Figueroa, Carlos Alejandro Pineda Pinel, Erick Felipe Hernández Sánchez, Carlos Eduardo Suazo Pineda y Francisco René Flores Bonilla.
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García apuntó que la denuncia se enfoca en las actuaciones previas y posteriores a la derogatoria de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, así como toda la legislación secundaria relacionada a estas.
La derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE y otras normativas se realizó en abril de 2022. Sin embargo, para que esta entrara en efecto se requería su ratificación en la siguiente legislatura y con mayoría calificada, 86 votos.
LA EVOLUCIÓN DEL CAMP
En febrero de 2014, mediante el Decreto Legislativo No. 368-2013, se ratificaron a las y los 21 miembros del CAMP, entidad que en teoría actúa como supervisora de las actividades de las ZEDE. No obstante, su ubicación física y actuales miembros es desconocida, a excepción de quienes forman parte de la Comisión Permanente del CAMP.
Inicialmente, únicamente cuatro de los 21 integrantes eran hondureños: el expresidente Ricardo Maduro Joest; los cuestionados e investigados por corrupción Ebal Jair Díaz Lupían y Ricardo Leonel Cardona López, ambos nacionalizados ciudadanos nicaragüenses; y el exfuncionario y ejecutivo de la banca, Octavio Rubén Sánchez Barrientos.
Pese a que, a lo largo de los años, el CAMP ha ido mutando y cambiando a sus integrantes, ya sea por renuncia o muerte, García señaló que la realidad es que continúa la opacidad con respecto a sus nombres. Si bien se han logrado identificar a al menos nueve hondureños en el CAMP, no se conocen los nombres de los otros 12 integrantes.
“El 9 de marzo del 2022 le solicitamos a los cinco empresarios principales de las tres exZEDE que estaban funcionando y que funcionan todavía que nos entregaran todos los compromisos que el gobierno anterior había asumido con ellos. No nos entregaron absolutamente nada”, refirió el comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Las ZEDE a las que se refiere García son: Próspera, ubicada en Roatán y José Santos Guardiola, Islas de la Bahía y el Puerto de Satuyé en La Ceiba, Atlántida; Morazán en Choloma, Cortés; y Orquídea en San Marcos de Colón en Choluteca.
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS, UN OBSTÁCULO PARA CONOCER QUIÉNES INTEGRAN EL CAMP
El motivo por el que la administración de Xiomara Castro habría abordado con los inversionistas de las ZEDE revelar los compromisos a los que llegaron con el gobierno previo, está relacionado a la práctica de destrucción de documentos públicos, pese a que es un delito.
En abril de 2022, Criterio.hn publicó que en el 80% de las instituciones del Estado se habrían destruido documentos claves con el objetivo de esconder actos de corrupción.
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Fernando García declaró que han investigado 700 cajas de documentos correspondientes a los doce años de gobierno por administraciones del Partido Nacional entre 2010 a 2022, pero no han encontrado un acta de consejo de ministros que revele la información de quiénes son los actuales integrantes del CAMP.
“Lo cual demuestra la opacidad, la oscuridad, en que se manejó la administración pública anterior”, compartió.
En junio de 2022, representantes de organizaciones y movimientos ciudadanos interpusieron ante el Ministerio Público dos denuncias relacionadas a la posible usurpación de funciones cometidas por los miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE, mejor conocido como CAMP.
Los denunciantes remarcaron que, la potestad de legislar, recaudar impuestos, establecer mecanismos y tasas tributarias de exportación e importación, y otros, son atribuciones exclusivas del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.
En agosto de 2023, Criterio.hn publicó la investigación “ZEDE Próspera, el proyecto anarcocapitalista que se ha adueñado sigilosamente del 3% de isla en el caribe hondureño”. En esta pieza investigativa se abordó cómo se realizaron una serie de incorporaciones territoriales de cara a las elecciones de noviembre de 2021.
