La acción se presentó contra jueza que admitió laudo internacional sin haber sido homologado
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. – La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia al considerar que falló de manera dolosa en contra del Estado.
El Ministerio Público y la UFERCO informaron este jueves mediante un comunicado que el caso que involucra a la jueza está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS INC y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), mediante el cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares.
La misiva señala que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó el reconocimiento a la resolución de la jueza mediante una sentencia emitida el 7 de agosto de 2013, al considerar que era contraria al orden público y porque había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
Pese a ello, el 3 de diciembre de 2019, la jueza reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que, hasta ahora, ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
“Por lo expuesto anteriormente, la UFERCO en el presente antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, solicita se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza, Irisabel Lucía Miranda Hernández”, dice el comunicado.
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Al respecto funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmaron a Criterio.hn que el proceso contra la jueza Miranda Hernández, tiene dos etapas locales en el juzgado civil, una del 2019 y la otra del 2022.
Javier Reyes, funcionario de la PGR, detalló a este medio digital que en el 2019 se presentó una ejecución parcial del laudo que no fue homologado.
Explicó que en el 2010 se le había hecho una sesión de derechos, del laudo principal que, de 19 millones de dólares, que era el contrato, se elevó a 120 millones de dólares.
Luego de eso, se hizo una sesión de 7 millones que, en el 2016, lo ejecutaron por más de 11 millones de dólares. Precisó que la causa fue llevada por la jueza del Juzgado de Letras Civil, Iris Isabel Miranda, quien le dio admisión al proceso, pese a que el laudo no había sido homologado.
Días atrás Criterio.hn confirmó que la Procuraduría Genera la República había denunciado a cuatro funcionarios judiciales por el delito de prevaricato, por haber fallado dolosamente en contra del Estado de Honduras en una millonaria demanda que afectará las arcas del Estado.
Los denunciados son Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzon López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Asmismo, el juez de Letras, Raymundo Esaú Gradiz Vilorio y la secretaria adjunta Elsa Ávila.
La empresa que demandó al Estado de Honduras y que hoy reclama el millonario embargo a la cuenta única, DRC INC, firmó en 1998, tras el paso del huracán Mitch, un contrato con base a una donación de 16 millones de dólares de la Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés).
El contrato fue firmado por el Estado a través del FHIS y DRC INC -empresa estadounidense- quien subcontrato a varias empresas hondureñas. En 2010, la empresa DCR-INC efectuó una cesión de derechos por más de 7 millones de lempiras a una de las empresas subcontratadas, cuya identidad no quiso ser revelada por la PGR porque hay un proceso en marcha. Este caso, fue conocido por la jueza, Irisabel Lucía Miranda Hernández.
