Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras. -El estado de excepción implementado por el gobierno de Xiomara Castro como su principal arma contra la criminalidad, no parece tener éxito, ya que sólo en el sector transporte se contabilizan 27 asesinatos en lo que va de 2023.
Unos 27 transportistas han perdido la vida de manera violentra, según registros del sector, pese al estado de excepción que vive Honduras desde el 6 de diciembre del año pasado, aplicado como la principal arma del gobierno de Xiomara Castro contra la criminalidad.
Algunos de los argumentos del gobierno para aplicar el estado de excepción fueron la oleada de asesinatos y la agresividad de la extorsión, entre otros sectores, principalmente el rubro del transporte. Sin embargo, desde su implementación la sangre de los trabajadores de ese sector continúa corriendo por Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde se han registrado la mayoría de los asesinatos.
La cifra parece mínima, pero es solamente una isla en un mar de inseguridad que mantiene atemorizado al pueblo hondureño que exige a las autoridades la desarticulación de estas agrupaciones criminales que circulan de forma campante por el país.
“Desde que comenzó el estado de excepción los cambios para combatir la criminalidad del crimen organizado son pocos. Quizás se refleje en el pequeño comerciante, pero en nuestro rubro, no, cada día el sector se mantiene más atemorizado al no saber si trabajar o no por esta violencia que impera”, lamentó el dirigente del transporte, Jorge Lanza.
El estado de excepción entró en vigencia el 6 de diciembre de 2022 en 126 de los 298 municipios que conforman Honduras. Días atrás, se confirmó que se mantendrá hasta el próximo 5 de junio, indica el PCM- 24- 2023 publicado en el diario oficial La Gaceta.
Esta medida forma parte del Plan “Solución Contra el Crimen” que impulsa el gobierno, en la que de manera paralela se está ejecutando una intervención penitenciaria encabezada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva mientras varios departamentos del país se mantienen militarizados.
Según la Policía Nacional, desde enero a abril se logró reducir en 340 homicidios vinculados con el cobro de extorsión, en comparación a los primeros meses de 2022, y se han realizado 206 capturas vinculadas a la comisión de ese delito.
Además, con relación a los allanamientos de vivienda (que desde el estado de excepción no se necesita de una orden judicial para hacerlo), la Policía Nacional registró, entre 2021 y 2022, 205, mientras que desde que está en vigor el estado de emergencia se han realizado más de dos mil, diez veces más.
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MODUS OPERANDI
El empresario del transporte, Wilmer Cálix, explicó que el modus operandi del crimen organizado para realizar el cobro de extorsión es simple, aunque difícil de contrarrestar: llegan a las estaciones de buses, taxis o mototaxis con una nota o un celular en el que detallan las indicaciones que se deben seguir para hacer el pago exigido a cambio de no asesinarlos.
Si los transportistas no acatan la orden o no siguen los lineamientos expuestos por la gobernanza del crimen organizado, mandan advertencias como, por ejemplo, atentar contra las unidades de transporte mientras van con sus pasajeros y en el peor de los casos el asesinato de un integrante del rubro, detalló Cálix.
Las alternativas que tienen los transportistas son pocas o nulas, pues los entes de seguridad no responden y no es posible entablar diálogos con las agrupaciones criminales y la única opción que tienen para salir con vida de esa encrucijada es dejar su empleo y buscar otra manera de llevar el sustento hasta sus casas, reprochó.
“Y el motivo por el que asesinan no es porque nos neguemos a pagar la cuota de extorsión, sino porque no tenemos de donde sacar ese dinero; es demasiado, cada unidad paga de manera semanal. En lo que va del año nos han quemado tres buses; tres taxis y 6 mototaxis”, dijo Cálix a Criterio.hn.
Por ejemplo, en la capital hondureña las rutas de buses que conduce a la colonia Cerro Grande, Calpules y Las Torres, no están trabajando en su totalidad porque a algunos conductores se les advirtió que si movían sus unidades de transporte los iban a terminar asesinando por no cumplir con el pago de extorsión, señaló.
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IMPUNIDAD
Para la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, la impunidad que se promueve en el país es el principal factor que motiva a las distintas agrupaciones criminales a continuar cometiendo el delito de extorsión.
“Es la impunidad precisamente la que permite que los índices delincuenciales crezcan cada día más. No es cierto que ha reducido la extorsión, esta continúa porque aquí lo que hace la policía es capturar a los peones, que son esos muchachos que andan llevando los recados a los cabecillas”, expresó.
Señaló que “estos mandaderos al ser detenidos a los días salen en libertad y es ahí donde el delito queda en impunidad y eso motiva a las organizaciones a seguir con sus fechorías (…) al ver que no son procesados ante la ley se sienten con todas las facultades de seguir cometiendo delitos”.
De igual manera, aseveró que en las instituciones policiales hay un gran número de agentes ligados al crimen organizado encargados de facilitar información a cambio de grandes cantidades de dinero.
“Además, existe otro aspecto que es la colusión de muchos de los policías ligados a las maras y pandillas que se dedican a la extorsión. Entonces definitivamente no los combaten, lejos de combatirlos más bien les avisan y les ayudan en sus actividades para no ser arrestados y desarticulados”, explicó.
Borjas sugirió que debería hacerse una depuración policial efectiva y que no que sea “timorata” como la que inició el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y que continuó Juan Orlando Hernández (2014-2022).
“Nunca se ha hecho una verdadera depuración policial. A las personas que sacaron era porque estorbaban en las actividades delincuenciales de otros (…) algunos de la cúpula fueron retirados, pero con baja honrosa, con su imagen totalmente limpia y premiados económicamente porque se les dio sumas millonarias”, opinó.
La depuración policial que inició en 2010 y terminó en 2020, separó de sus cargos a unos 19 mil efectivos y a la mayoría no se les efectuó un proceso judicial en su contra, situación que fomentó la impunidad en el caso de los que cometieron crímenes, de acuerdo con Borjas.
