Paraguay se convierte en el primer país condenado por la ONU por un caso de trasfondo ambiental
El dictamen a favor de la familia del campesino Rubén Portillo marcó un precedente a nivel global en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Estado paraguayo se convirtió en el primer país condenado por la violación de los derechos humanos con connotaciones medioambientales.
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Hace dos días el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer la sentencia en contra del Estado paraguayo por la muerte de Rubén Portillo, debido al uso masivo de agroquímicos.
Su caso ingresó a instancias internacionales en setiembre del 2013, luego de que su familia haya agotado todas las instancias judiciales y penales ante las autoridades competentes de nuestro país desde su deceso, en el 2011.
El Paraguay, ante los ojos del Tribunal, infringió los artículos 6 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El abogado Hugo Valiente, quien acompañó el proceso, refirió a Última Hora que este hecho marcó un precedente importante ante el Comité dado que nunca antes se dio una sentencia que tenga trasfondos medioambientales.
“Es el primer precedente, la primera jurisprudencia que se sienta sobre violaciones al derecho a la vida y del domicilio vinculadas a cuestiones ambientales”, aseveró el profesional de Derecho.
Según comentó, la destrucción del medioambiente nunca antes había sido conectada con el derecho a la vida para accionar ante las instancias del Comité. Por ello, consideró que este hecho es de relevancia global atendiendo que el estamento tiene potestad para decidir cuestiones de este tipo de 116 países del mundo.
“Rubén Portillo no solo obtuvo justicia sino que con su caso se está habilitando una puerta de posibilidades para que víctimas de situaciones similares presenten casos ante el Comité”, asentó.
El abogado coincide con Hélène Tigroudja, miembro del Comité de la ONU, quien en su cuenta de Twitter se refirió al caso.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su dictamen, argumentó que el Estado debe aprobar todas las medidas apropiadas para hacer frente a las condiciones generales de la sociedad, que puedan dar lugar a las amenazas del derecho a la vida.
En ese sentido, el documento cita que en este caso no ejerció controles adecuados sobre actividades ilegales contaminantes. Su omisión permitió que prosiguieran las fumigaciones masivas y contrarias a la normativa interna.
La organización Base IS fue la querellante en este caso con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Sobre el caso
Rubén Portillo falleció el 6 de enero del 2011. Vivía con su pareja, su hijo y su madre en una vivienda ubicada en la segunda línea de la Colonia Yerutí de la ciudad de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
Su casa estaba rodeada por las plantaciones transgénicas, propiedad de colonos brasileños. Su deceso se produjo tras padecer un cuadro de intoxicación a raíz de la exposición a altos niveles de agrotóxicos.
Portillo comenzó a presentar un cuadro de vómitos, diarrea, fiebre y malestar general. Semanas antes, le habían aparecido en la boca, en el rostro y en los dedos granos que supuraban.
De acuerdo con el relato, transcrito en el dictamen, el 6 de enero de 2011, su situación empeoró y fue llevado al puesto de salud de la Colonia, donde fue tratado por las náuseas y el vómito.
Al no presentar mejoría, sus familiares lograron conseguir un medio de transporte y llevarlo al Hospital Distrital de Curuguaty. Sin embargo, falleció en el camino.
Además de Portillo, otras 22 personas de la comunidad quedaron hospitalizadas al presentar síntomas similares.
Luego del trágico suceso, se promovieron acciones penales en contra de los propietarios de las plantaciones que rodeaban a la vivienda. Pero la familia nunca obtuvo respuesta favorable por parte del Ministerio Público.
