Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa, Honduras.- Una veeduría social, contenida en el informe, «Prácticas erróneas en la administración pública», que recientemente realizó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), concluye que es necesario denunciar la errónea definición de parámetros de abordaje de la pandemia del Covid 19, que demuestra la ineptitud gubernamental y evidencia un colapso casi general y sobre todo, a nivel sanitario y social.
El documento, se enfoca en una valoración monetaria de las transferencias y ayudas brindadas por el gobierno a las familias hondureñas y advierte sobre la improvisación total y la falta de estrategias y de políticas públicas orientadas a satisfacer adecuadamente las necesidades de la población. “No podemos obviar que los sacos solidarios son una ayuda populista que puede paliar las necesidades de la afligida sociedad hondureña, sin embargo, eso no tiene un carácter sostenible, y la ciudadanía requiere de alimentos diariamente”, expresa el CNA.
Expresa, que esos programas asistencialistas no son la mejor manera de abordar la problemática y no deberían tener una vigencia prolongada y que, por consiguiente, el Estado debe de crear estrategias eficientes a corto, mediano y largo plazo. Por tal razón, el CNA llama a las autoridades a priorizar las necesidades reales de la población.
Asimismo, declara que los ciudadanos desconocen si las transferencias realizadas por el gobierno central a las municipalidades fueron o no suficientes para soportar los gastos y hacerles frente a las necesidades de la población en el tiempo de la pandemia. El informe dice, que se han adoptado decisiones y emitido resoluciones sin la debida motivación incumpliendo formalidades legales, que generan vicios de nulidad en las acciones dictadas en el marco de la emergencia.
Además, detalla contradicciones en la información reportada sobre las compras, gastos y liquidaciones presupuestarias contenidas en los documentos disponibles en los portales de transparencia de las municipalidades e instituciones del Estado. Afirma, que esa documentación no cumple a cabalidad los criterios de calidad emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
De acuerdo con el documento, en algunos casos, se ejecutan gastos para la compra de insumos que componen la bolsa solidaria, pero los documentos de liquidación corresponden a ejecuciones de otros programas gubernamentales; “significando esto una incongruencia significativa que a nuestro criterio debe evitarse por parte de los entes públicos”, señala el informe, que de igual manera, delata la existencia de documentación que no coincide con las cantidades de raciones supuestamente entregadas.
También dice, que hay instituciones que han realizado compras de bienes o insumos sin especificar la utilidad o los destinatarios finales, un aspecto, que según el CNA es necesario para la transparencia y la rendición de cuentas. Para este organismo de transparencia no es admisible que se realicen compras de equipos de protección y víveres, sin establecer a los beneficiarios.
En otro sentido, denuncia la existencia de ambigüedades y falta de rendición de cuentas en el contenido de cada bolsa solidaria y sostiene, que estos procesos requieren un soporte adecuado, que implique la definición de perfiles requeridos y una selección basada en un procedimiento, criterios y objetivos.
Para el CNA las contrataciones de personal, de bienes o servicios deben estar encaminadas a satisfacer necesidades urgentes y no puedan realizarse mediante procesos convencionales de contratación pública. Revela que la mayoría de las municipalidades no cuentan con documentación que justifique los criterios de selección de la oferta y la adecuada comparación de precios porque la única cotización que publican es la del proveedor.
Por otra parte, el documento detalla que las instituciones realizan contrataciones directas de productos que no están vinculados con la emergencia sanitaria con empresas dedicadas a otros rubros, como, por ejemplo, la compra de equipos de protección personal a empresas de la construcción, de transporte de carga o de venta de frutas y verduras, que nada tienen que ver con lo requerido para hacerle frente a la pandemia. “No hay claridad en cuanto al método o criterios empleados para seleccionar los proveedores”, afirma el CNA en su informe.
Cuestiona, que varias entidades, en el marco de la pandemia han enfocado sus compras a un solo proveedor, con pagos de anticipos hasta del 70 y 80%, que son superiores al porcentaje aceptado por la normativa. También, evidencia la falta de exigencias de garantías y contratos ambiguos que no brindan los detalles necesarios, como el establecimiento de sanciones para las empresas que incumplen.
El CNA asegura, que ha identificado disparidad entre las descripciones contenidas en las órdenes de compra, insumos, precios y fechas de entrega, aparte de las incoherencias entres los datos del proveedor y facturas, en comparación con las constancias de registro de proveedores y del Registro Tributario Nacional.
Igualmente, asegura, que las municipalidades carecen de herramientas de control para la elaboración de cada bolsa o saco solidario, de las cantidades de cada insumo que conforman cada ración. Según el CNA hay instituciones que reportan deudas y gastos con fechas adelantadas.
Ante tal situación, el informe de este organismo de transparencia le ha recomendado al IAIP que en el portal único de transparencia de COVID-19 se brinde mayor precisión en los datos, se mejore la visibilidad y ubicación de la información y se promueva la adecuada rendición de cuentas. A las municipalidades, les pide elaborar una estrategia de desarrollo local que dé lugar a la mejor utilización de los fondos provenientes de las transferencias municipales designadas.
La excusa perfecta
Para la directora del CNA, Gabriela Castellanos, la pandemia ha sido la excusa perfecta de las autoridades para eludir el sistema de contratación del Estado y hacer compras alejadas de transparencia. Ella dice que esta situación parece ser una costumbre de políticos y funcionarios que por sus intereses personales han dejado de pensar en el país.
Confirmó, que en la veeduría social encontraron irregularidades que van desde la falta de informes de liquidación presupuestaria hasta la imposibilidad de saber si la información colgada en los portales de transparencia se hace en el tiempo requerido por la ciudadanía. Y cuestionó la adquisición de productos con empresas dedicadas a rubros diferentes.
Castellanos denunció que, de acuerdo con quejas ciudadanas, las bolsas o sacos solidarios no fueron entregados de manera completa y que esa situación afecta las finanzas del Estado. “La pandemia debe de dejar de ser la oportunidad de oro que encontraron los funcionarios para suprimir la transparencia y la rendición de cuentas”, puntualizó.
