Tegucigalpa. -La construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola es uno de los tantos casos contractuales que enfrentará el próximo gobierno, que tomará las riendas de Honduras, a partir del 27 de enero del 2022.
Este proceso está marcado por diversas irregularidades que surgen de decisiones adoptadas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para un proyecto que se ha instalado a un costado de la base área “José Enrique Soto Cano” y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, esta segunda, la base militar estadounidense en Honduras.
Con esta obra se ha desplazado al vetusto aeropuerto internacional de Toncontín, localizado en la zona sur de Tegucigalpa, a Comayagua zona central de Honduras, a 75 kilómetros de la capital hondureña. Pero lo más alarmante de esta historia, no es el traslado de la terminal área a otro sector, sino que el Estado se haya convertido en el principal financista de una obra que será usufructuada por una empresa durante 35 años.
Hechos:
El 17 de marzo de 2016, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-016-2016 y el decreto legislativo 71-2016, se aprobó un contrato para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Palmerola, a través de una alianza público-privada, entre la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), y el grupo Palmerola International Airport S. A (PIA), conformado por grupo EMCO y PIA, cuyo presidente es el empresario minero, Lenir Pérez.
La aprobación del contrato estuvo llena de cuestionamientos por parte de diputados de oposición, así como empresarios de la zona central del país que vieron con preocupación el proyecto de la nueva terminal aérea comercial, que ahora funciona en Comayagua.
Inicialmente, se contempló que la construcción del nuevo aeropuerto costaría cerca de 163 millones de dólares, aportados a través de diversos financiamientos: el capital privado $87 millones, el Gobierno de Honduras 76 millones, de estos, 53 millones provienen de fondos de conversión de deuda Honduras-España y 23 millones de fondos propios.
En mayo de 2019, el Congreso, reformó el decreto legislativo 71-2016, para ampliar el monto del aporte de fondos propios, de 23 millones a 68.4 millones de dólares, agregando de esta forma, 45.4 millones de dólares, a la construcción del proyecto, además se extendió la concesión de 30 a 35 años.
La excusa para aprobar esa modificación fue que, se necesitaba construir una terminal aérea que cumpliera con las normativas de regulaciones internacionales y relacionadas a las terminales exigidas por entes como la Organización de Aviación Internacional Civil (OACI), una agencia adscrita a la Administración Federal de Aviación, del Gobierno de Estados Unidos.
La reforma fue realizada en medio de protestas de diputados, en una sesión, en la que además se aprobó los contratos para el sistema de enrolamiento del Registro Nacional de las Personas y otros como la autorización para que Inversiones Estratégicas de Honduras hiciera cualquier tipo de contrataciones directas.
Después, en octubre de 2021, a través del PCM 099-2021, se aprobó un reajuste presupuestario de más de cinco millones de dólares, del presupuesto de INSEP, $2,184,782.00 para poner en funcionamiento el Aeropuerto Internacional de Palmerola y $3,600,000.00 para la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Toncontín.
La aprobación de esta extensión presupuestaria también estuvo llena de críticas por parte de la oposición, pues cuestionaron que los fondos serían administrados por el Consorcio PIA y que lo concerniente a Toncontín era para reparar la pista de aterrizaje, mientras que lo destinado a Palmerola tenía el objetivo de adecuar elementos como las luces de la pista y la planta de tratamiento del sistema aeroportuario.
Hasta la fecha, se estima que el monto total de construcción ha superado los $250 millones, en su mayoría de fondos aportados por el Estado de Honduras.
Además, el Gobierno intentó hacer nuevos ajustes presupuestarios, incluso, el dirigente magisterial, Daniel Esponda, denunció que se pretendía usar $110 millones del Instituto de Prevención del Magisterio, para financiar el proyecto Palmerola, iniciativa a la que los docentes se opusieron y evitaron oportunamente.
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Según INSEP, la concesión fue a 30 años, pero el Congreso lo modificó a 35, además, el tiempo de construcción tenía un plazo inicial de 24 meses. Su página web indica que la terminal comenzó a construirse el 5 de diciembre de 2016, pero fue hasta el pasado sábado 11 de diciembre (cinco años después), que el aeropuerto registró su primer vuelo.
El Gobierno que preside Juan Orlando Hernández ha implementado una fuerte campaña mediática en relación con la construcción del aeródromo. Hernández afirmó el 19 de octubre pasado que la construcción es de primer nivel y que el país está listo para las grandes ligas del tráfico aéreo.
“Con la presentación del aeropuerto de Palmerola enviamos un mensaje que Honduras está lista para hacer negocios, para tener relaciones de ganar, ganar con los inversionistas, para generar miles de empleos y prosperidad”, dijo el mandatario.
El consorcio encargado de su construcción dio a conocer que la terminal área tendrá la capacidad de recibir 1,7 millones de pasajeros al año, frente a los 290.000 que recibió Toncontín en 2019.
El Gobierno apostó por Palmerola, argumentando que la terminal de Toncontín, ubicada en el Distrito Central, no era del todo segura para los viajeros y que con el nuevo aeropuerto se busca fomentar el turismo en Comayagua.
La obra, cuya pista comprende una construcción de 39.000 metros cuadrados, según Emco, funciona en el mismo sitio donde opera una base de la Fuerza Aérea Hondureña construida por EE. UU. a inicios de la década de los ochenta.
La primera aerolínea en aterrizar en esta terminal fue Spirit, y se espera que en los próximos días se sume, Copa Airlines. De hecho, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ya reconoció a Palmerola como una nueva terminal comercial.
Este proyecto fue muy cuestionado, debido a que su construcción ha sido muy cara y, además, fuera de tiempo. Asimismo, porque el producto entregado no supera la expectativa de un aeropuerto de primer nivel.
También porque registró varias irregularidades como la aprobación del decreto legislativo 71-2016, de marzo de 2016, por parte del Congreso Nacional donde se violentó el procedimiento parlamentario, porque se aprobó sin conocer los detalles contractuales de la empresa concesionaria.
Asimismo, porque desde ese poder del Estado se aprobaron reformas, en 2019, para agregar fondos al monto del contrato original, con el propósito de favorecer a la empresa que ejecutaría la obra.
El economista Edwin Sandoval, criticó que se haya construido este aeropuerto, cerca de una base militar y diputados como Andrés Benedith, lamentaron que el proyecto se haya convertido en realidad, sobre la base de irregularidades legislativas, cometidas por el oficialismo en el Congreso Nacional.
ILUSIONISMO OPERATIVO
El sábado 11 de diciembre de 2021, el Gobierno inauguró el aeropuerto de Palmerola con bombos y platillos. Invitaron a medios de comunicación afines a Casa Presidencial, para cubrir la llegada del vuelo de Spirit, desde Estados Unidos.
El expresidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, José Betancourth, fue entrevistado por diversos medios de comunicación, entre ellos Criterio.hn, luego de comparecer en un foro televisivo, y afirmó que el aeropuerto todavía no está en condiciones óptimas, para ser considerado de competencia internacional.
Dijo que, hay un alboroto evidente por la llegada del primer vuelo, pero que es importante valorar el papel que este tráfico aéreo dejará a Comayagua y su población.
“Dijeron que habría crecimiento, pero no vemos que el aeropuerto de Comayagua traiga con ello desarrollo, como sí ha ocurrido en San Pedro Sula. No hay muchos atractivos para atraer turismo, por eso, que se alimente el aeropuerto con líneas de bajo costo, no es suficiente, así que, el futuro puede ser prometedor, pero a muy largo plazo”, valoró Betancourth.
Con respecto a los beneficios para el consorcio del empresario Lenir Pérez, comentó: “hay que recordar que la licitación final es por 35 años, no pagan impuestos, entonces, bajo esas condiciones todo le queda a la empresa que administra, pero en cuanto a beneficio de la ciudadanía, no se ve lo mismo”.
Por su parte, la presidenta electa Xiomara Castro, se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales diciendo que “los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional. Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra Toncontín, afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo. Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley”.
Lo expresado por Castro implica una decisión del Poder Legislativo que requiere de al menos 65 votos de los diputados, algo que es factible lograr con el respaldo de las bancadas de los partidos Libertad y Refundación, Salvador de Honduras y de algunos diputados de los demás partidos, incluyendo al Liberal.
Los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional. Palmerola es un contrato ilegal y un monopolio que cierra toncontin afectando al pueblo que me otorgó su mandato de defenderlo. Ese contrato elimina competencia y será revisado y modificado en ley.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 11, 2021
El empresario Lenir Pérez, reaccionó luego de conocer el mensaje de Castro, y a través de medios de comunicación de circulación nacional, expresó: “yo le mencioné al presidente Juan Orlando Hernández, que este proyecto no es suyo, no es del Gobierno, no es de nosotros, sino que es para beneficiar y atraer inversiones”.
“Nosotros no vamos a confrontar y vamos a respetar a cualquier presidente que el pueblo haya elegido, se debe dialogar sobre Palmerola, porque vamos a dar un paso al frente, siempre y cuando los intereses y las decisiones se tomen para el beneficio del pueblo”.
Pérez dijo además en su cuenta de Twitter que estaba abierto a revisar el contrato y a escuchar sugerencias de mejora que sean para beneficio y ahorro del pueblo hondureño.
Según las autoridades gubernamentales, la nueva obra operará las 24 horas, dispondrá de 11 puertas de embargue, de ellas cuatro remotas, y una pista con 2.500 metros de largo.
VERIFICACIÓN: FALSO
El Gobierno sostiene su discurso de que la construcción de Palmerola ha sido un éxito, tanto en materia financiera como en las obras edificadas.
Más allá del ilusionismo gubernamental, la realidad indica que su discurso es falso, porque el proyecto no se construyó en los tiempos establecidos, además, el costo de construcción superó las expectativas iniciales, y, por si fuera poco, según expertos, las obras finales no cumplen con lo que se esperaba.
Inicialmente se esperaba que el aeropuerto estuviera listo el 15 de octubre, pero en ese momento, hubo problemas en la finalización de varias obras, entre ellas, la terminal de carga, la torre de control, el sistema de generación de energía, iluminación de la pista y tratamiento de aguas residuales. Luego, se esperaba que los vuelos empezaran el 14 de noviembre, después, se reprogramó para el 24 de noviembre, hasta que finalmente en diciembre se pudo concretar.
El tema de la torre de control fue muy cuestionado, pues la misma, fue motivo de atraso en la llegada de los primeros vuelos internacionales, que estaban previstos para mediados de noviembre de 2021, pues no cumplía con los requerimientos del tráfico aéreo.
Para diputados como Jorge Cálix, Palmerola es un nuevo caso de corrupción, del que el próximo gobierno está obligado a investigar. A través de sus redes sociales expresó que se gastó más de 300 millones de dólares “en un aeropuerto que no tiene torre de control, y donde ni hubo que construir pista porque ya existía ¿En qué gastaron todo ese dinero?”, se interrogó el congresista.
Asimismo, varios diputados de oposición, como Andrés Benedith del PINU, denunciaron que la construcción de este aeropuerto fue acompañada de vicios de nulidad, cometidos por diputados en el Congreso Nacional al momento de aprobar y luego modificar el contrato, entre ellos, la violación a los procedimientos parlamentarios.
Por lo tanto, un proyecto cuya construcción, según INSEP, duró prácticamente cinco años, demanda revisiones minuciosas a las cláusulas contractuales por parte de un equipo de auditoría especial.
TODO CONDUCE A LA REVISIÓN DEL CONTRATO
Luego de la postura asumida por la presidenta electa, Xiomara castro, una posible revisión del contrato toma fuerza, de hecho, ya está en el ideario de la agenda del nuevo Congreso que asumirá el 25 de enero.
El abogado Raúl Paniagua, es del criterio que la revisión es viable, y que a pesar de que el contrato fue aprobado tanto en el Poder Legislativo, como Ejecutivo, deben buscarse las particularidades del contrato, y si se encuentran irregularidades, tomar las medidas pertinentes.
Debe hacerse una investigación para saber cuál es el precio real, y que el pueblo no pague más de la cuenta. El empresario Lenir Pérez, debe ser responsable, porque alguien que hace negocios con un Estado corrupto, debe someterse a las consecuencias, porque un inversionista primero analiza el mercado, la seguridad jurídica y con quien invertirá, y si esto, es objeto de corrupción, entonces, se deben tomar medidas”, dijo Paniagua.
Por su parte el también abogado, Fausto Cálix, considera que luego de mucho tiempo de la aprobación lo más viable es hacer una revisión al contrato específicamente en algunos beneficios obtenidos por el contratista como las exoneraciones fiscales y, si se encuentran irregularidades, tomar las medidas que con base a ley corresponda.
Para la diputada liberal, Edinora Brooks, contratos como el de Palmerola, han pesado en la credibilidad de los diputados del Congreso Nacional, porque la gente se cansó de actos irregulares como la aprobación de contratos poco transparentes y que lejos de beneficiar a la ciudadanía, generan afectación.
Finalmente, la diputada liberal, Karla Medal, llamó al próximo Congreso a revisar el contrato, entre otros más que se han aprobado bajo la sombra de vicios de nulidad y, de esa forma, devolverle la confianza a la ciudadanía.
Mientras eso sucede, Palmerola ya es una terminal aérea comercial y, a pesar de que su construcción no está al 100%, ya hay dos aerolíneas en proceso de funcionamiento y, además, se espera que, en el transcurso de los días, se sumen otras.
Por ahora el debate gira alrededor de una posible reforma al contrato de Palmerola y este miércoles 15 de diciembre se informaba sobre los últimos aterrizajes de vuelos internacionales.
3 respuestas
Excelente investigación..me llama la atención lo que se publicó esta semana,que la alcancía del gobierno de turno,be digo Taiwán (por por el apoyo internacional,esos pobres se ven sometidos a los antojos de corruptos por quedar bien) va a donar el dinero para habilitar un salón diplomático en Palmerola,osea que P2!!..está gente ni esas obras tenía contempladas en su «aeropuerto de primer nivel»,lo que es peor,no lo tenían presupuestado?..imagino si,pero se robaron el dinero,por qué debe un gobierno extranjero regalar dinero para una obra que hasta dentro de 35 años será del pueblo?..por qué no darla a otros aeropuertos?….lo bueno,es que YA SE VAN!!!!!
Aclaración, la cita que hago en mi comentario anterior acerca de la reforma constitucional que crea las zedes… es tomada de:
Lo Que No Se Quiere Decir de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES). Georgina Sierra Carbajal, Doctora en Derecho Constitucional, Post- Doctorado en Derecho Constitucional, junio de 2021.
Gracias
“ La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria.” Constitución de la República de Honduras, artículo 4. Los últimos cuatro años de gobierno han sido inconstitucionales y todos los actos- contratos- realizados por el mismo son ilegales, incluyendo los contratos de este aeropuerto.
“La reforma constitucional que crea las ZEDES violenta la forma de gobierno y al territorio nacional, violenta los artículos pétreos que están por encima de cualquier reforma constitucional, artículo 321 de la Constitución… Sí el cimiento donde está sustentado la creación de las ZEDES es nulo, todas aquellas normas jurídicas como ley orgánica, leyes, reglamentos y normas que se deriven de ella, son nulas” . Aplicará esto en el caso de el nuevo aeropuerto?