Tegucigalpa. –Su participación en medios de comunicación y redes sociales ha sido casi nula, pero desde que el Congreso Nacional le confirió el estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), ese silenció mutó a una protesta.
Óscar Fernando Chinchilla, el considerado “fiscal cinco estrellas” por un sector de la sociedad civil, se desmorona en medio de una postura a la que ha arrastrado al Ministerio Público, a través de las redes sociales, al catalogar de inconstitucional la independencia conferida a la UFERCO, que coordina el fiscal Luis Javier Santos.
Chinchilla es considerado parte de la estructura criminal que instauró el exmandatario, Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos, acusado de traficar alrededor de 500 mil kilogramos de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
La postura que mantiene Chinchilla, a través de las redes sociales del Ministerio Público, coincide con la agenda instaurada por medios de comunicación ligados a grupos de poder que se oponen a que la Uferco esté facultada para judicializar a implicados en redes de corrupción sin requerir de su autorización o de otra autoridad de la fiscalía, lo que consideran como “inconstitucional”.
“El combate a la corrupción comienza por el respeto a la Constitución y la Ley. La función pública debe nacer de la legalidad como única guía y compromiso al proceder del funcionario. Solo a su servicio, podemos ser objetivos e imparciales, evitando cualquier instrumentalización”, expone el Ministerio Público.
La posición del fiscal general de Honduras es apoyada por varios sectores y algunas organizaciones de sociedad civil pese a que en el juicio en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el narcotraficante hondureño, Geovanny Fuentes Ramírez, este declaró que el expresidente Juan Orlando Hernández, impuso a Chinchilla en el cargo para proteger la actividad criminal.
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Además, la Comisión de Extradición del Congreso Nacional reveló que durante las investigaciones que se ejecutaron a los operadores de justicia del país, recibió información y testimonios de detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) que entregaron documentación con órdenes ilegales, relevos irregulares y denunciaron obstrucción a sus labores.
Asimismo, exponen que tienen en su poder un informe que se presentó a Chinchilla por parte de un detective de la DLCN sobre acciones de la directora de la unidad Soraya Carolina Cálix que detalla las acciones de ella para proteger la actividad criminal del cártel de los hermanos Hernández, Juan Orlando y Antonio “Tony” Hernández.
Las reacciones de Chinchilla luego de mucho tiempo en mudez, se enfoca en exponer los casos que presentó la Uferco tras la extinción de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), sin embargo, la mayoría están en la impunidad, con los sindicados en libertad, debido al resquebrajamiento y debilitamiento de la Uferco por la reducción de personal, capacidad técnica y financiera, sumado a las leyes que obstaculizan la lucha anticorrupción.
“En fotos y diferentes espacios radiales y televisivos, cuando se trata de combatir la corrupción aparecen muchos analistas hablando del tema ¿Cuántos de estos analistas conocen los obstáculos que tienen que superar los fiscales, investigadores y analistas que investigan un caso?”, cuestionó el titular de la Uferco, Luis Javier Santos.
A juicio del ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, también exfiscal general de la república, solo los corruptos o que están ligados a casos de corrupción se oponen a fortalecer la Uferco.
“El haber fortalecido la Uferco era absolutamente necesario, esas voces agoreras son los corruptos, los amigos de los corruptos o los que promueven la impunidad, pero está bien que se haya fortalecido la UFERCO. El que no haya hecho nada malo no debe nada que temer, debe temer el que participa de las redes de corrupción”, expresó.
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Añadió que existen espacios pagados en medios de comunicación que pretenden mantener una campaña mediática para desestabilizar las acciones a favor de fortalecer la lucha contra la corrupción y “si tienen miedo, la patria está reivindicándose”.
Carlos Sierra, director de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), también considera que hay acciones de fuerzas maquiavélicas corruptas que se oponen en otorgar facultades a la Uferco.
“Hay fuerzas oscuras y perversas en el país que realizarán acciones para evitar que se pueda investigar la corrupción, eso no lo podemos dudar. Los poderes que se han lucrado con la corrupción, lucharán para que no se combata la corrupción”, expresó.
Para el congresista del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) y exfiscal, Ramón Barrios, los mismos que acabaron con la UFECIC “son los mismos que se oponen a la capacidad de actuar directamente de la Uferco”.
Chinchilla ha enjuiciado en los últimos días, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), a varios implicados en corrupción durante la pandemia de la covid, queriendo aparentar acciones frontales contra el flagelo que mantiene a la nación entre las más corruptas del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
CORRUPCIÓN SIGUE BLINDADA
Si bien, las facultades que otorgó el Congreso Nacional a la Uferco fortalecen la lucha contra la corrupción, durante los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional se aprobaron leyes arbitrarias que obstaculizan el accionar de los entes de investigación, por lo que instan su derogación.
“Estamos comprometidos en combatir la corrupción y apoyamos cualquier iniciativa dirigida a fortalecerla, no obstante, esta tarea no se podrá cumplir si se sigue posponiendo la derogación de los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021 y sin la asignación de personal”, expone la Uferco.
Bajo el Decreto Legislativo 116-2019, que se aprobó en octubre de 2019, se creó la Ley Especial del Fondo Departamental que blinda a diputados, funcionarios, alcaldías, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y organizaciones privadas de ser acusadas penalmente por el mal manejo de los recursos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emita un informe, en un plazo de tres años, que confirme el delito.
Además, se puso en marcha la inmunidad parlamentaria al reformar el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que impide que un congresista de Honduras pueda ser judicializado penal, civil o administrativamente por su función en el hemiciclo legislativo.
En mayo de 2020, mediante Decreto Legislativo 57-2020, se aprobó la normativa para interpretar los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal contentivo de la figura de decomiso y secuestro de documentos u objetos relaciones a investigaciones del Ministerio Público.
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Con dicha interpretación, se limitó al Ministerio Público realizar decomiso y secuestro de documentos sin autorización de un juez y se estableció un plazo de cinco años para conservar el registro de información por parte de las instituciones, es decir, que los sujetos requeridos a entregar la información, en caso de haber transcurrido cinco años desde que realizó la transacción, no estarán obligados a entregarla.
De igual manera, en octubre de 2021 valiéndose de un asueto nacional, los congresistas del conservador Partido Nacional, en contubernio con la mayoría del Partido Liberal, aprobaron el Decreto Legislativo 93-2021 mediante el cual derogaron y reformaron varios artículos del Código Penal, en especial, concerniente al delito de lavado de activos.
Para el caso, se reformó el artículo 47 en el que se estipuló que el secreto bancario será suspendido únicamente por orden judicial, de tal manera que los entes financieros no están obligados a develar información ante investigaciones de lavado de activos, extorsión, entre otros, si no se autoriza por un juez.
