Diversos organismos, incluyendo Oacnudh, manifestaron su preocupación ante la extensión del Estado de excepción en Honduras, aseguraron que violenta las garantías de libertad de los ciudadanos, además, brinda facultades a los entes armados para implementar el uso desmedido de la fuerza
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), emitió el 07 de julio del presente año un comunicado, en el que manifestó su preocupación por la extensión del Estado de excepción en Honduras.
El comunicado firmado por la portavoz del ente, Marta Hurtado, expresó la preocupación, por la extensión del estado de excepción, el texto detalló que la medida representa la suspensión de libertad personal, igualmente, da vía libre para que las Fuerzas Armadas (FF. AA), realicen detenciones y allanamientos sin orden judicial.
El texto, también hace el llamado urgente para que se supervise el trabajo de los militares, desde que asumieron el control de los centros penitenciarios, porque se informó que desde el monitoreo que realiza la oficina y denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras, se ha conocido actos de abuso y uso excesivo de la fuerza hacia los privados de libertad.
“Habrían sido golpeados con toletes y patadas por la policía militar, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de maltrato”, dicta de manera textual el comunicado.
En este contexto, insta a realizar una supervisión interna y externa de las operaciones de la fuerza militar, además, realizar la debida investigación en relación a actos de uso desproporcionado de la fuerza dentro de los centros penitenciarios, y recomiendan también no optar medias de control de la violencia que atenten contra los derechos humanos de los reclusos.
En este sentido, recordaron que para hacer frente a los desafíos en el tema penitenciario se debe de acoplar a normas nacionales e internacionales como reglas “Nelson Mandela” que refieren a medidas como: eliminar los autogobiernos en las cárceles, eliminar los hacinamientos; abuso de encarcelamiento, resolver problemas de larga data de judicialización y crear políticas integrales de rehabilitación de los privados.
“Recordamos el deber del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, cita el comunicado.
LABOR DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS
Sobre el tema, la integrante del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEM-H), Ana Ferrera aseguró a Criterio.hn que, desde la organización que integra manifiestan su oposición a que los militares tengan el control de la seguridad, sobre todo en el tema penitenciario, por los hechos históricos de violación a derechos que se han suscitado.
En este sentido, pide que, instituciones como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estén pendientes de los tratos por parte de militares en centros penitenciarios y demás lugares, “las organizaciones somos veedoras y seguiremos coordinado, pero también está la exigencia que se investigue a las autoridades al frente de operativos”.
Agregó que: “nosotros vamos a seguir en veeduría, y nos comunicaremos con los mecanismos internacionales de derechos internacionales, asimismo, podemos solicitar audiencias temáticas y, daremos acompañamiento a familiares”, aseguró Ferrera.
Sobre el tema de tratos en las cárceles, ya se han pronunciado diversas organizaciones incluyendo a la directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, quien manifestó a Criterio.hn que, respecto a las muertes y rumores de muertes en los centros penitenciarios, se estará prestando especial atención.
Se va a solicitar aplicar protocolos internacionales, como Estambul y Minnesota, que refieren a tratos a privados de libertad.
Asimismo, dijo que, van a presionar para que se aclare los hechos de muertes, ejemplificando el fallecimiento del privado en la cárcel de máxima seguridad en La Tolva el pasado 30 de junio, “habrá que investigar porque no solo se trata de un fallecido, porque un infarto se puede dar por múltiples causales y de esta manera evidenciar que fue lo que realidad paso”. dijo la defensora de derechos humanos.
Nota relacionada: Organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncian contra militarización porque incurre en tortura » Criterio.hn
POLÍTICA ENFOCADA EN INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
El malestar por el Estado de excepción no solo viene de organismos internacionales, sino de organizaciones hondureñas. Por ejemplo, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), publicó recientemente un comunicado en el cual insta al gobierno a eliminar el Estado de excepción y, por el contrario, atienda el tema de la violencia desde un enfoque integral.
En la publicación, manifiestan su oposición al estado de excepción por las consecuencias historias que ha resultado de estas medidas, que sólo han servido como escudo para que los entes de seguridad justifiquen la violación de derechos humanos y violación a las garantías individuales.
Resaltando que la medida no ha presentado los resultados esperados, al tiempo que contradice las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han sugerido no incluir estas políticas de seguridad en Honduras.
En este sentido, hacen un llamado al gobierno para que resuelva la problemática desde un enfoque integral y popular, asumiendo una política que tenga como eje central la investigación y judicialización de las grandes estructuras criminales.
SECTOR ECONÓMICO DE SAN PEDRO SULA SE PRONUNCIA
En tanto, empresarios de San Pedro Sula también han manifestado su inconformidad con el toque de queda porque afecta duramente la economía del sector y del país, para el caso, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, expresó que la medida impuesta ya ha empezado a traer consecuencias negativas en la economía sobre todo en los pequeños emprendedores hondureños.
La medida también fue cuestionada por el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, quien advirtió que esta traerá repercusiones en la vida económica de los hondureños, debido al cierre de negocios en horas de la noche.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció la ampliación del estado de excepción parcial por un plazo de 45 días, es decir, hasta el 19 de agosto, esta sería la sexta ampliación, desde que comenzó con el PCM 29-2022, el 6 de diciembre de 2022.
