Revisar perfil de militares asignados a centros penitenciarios, presencia del Conaprev para asegurar veeduría, llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para que proceda de oficio a constatar e investigar los presuntos delitos de tortura, son algunas de las peticiones que realizan las organizaciones de defensoras de derechos humanos al gobierno
Por: Kelly Ortez
Tegucigalpa-. Ocho Organizaciones defensoras de derechos humanos emitieron este lunes un comunicado en conjunto para instar al gobierno que preside Xiomara Castro, a que retire la militarización de los centros penitenciarios, al tiempo que piden la implementación de una serie de medidas para evitar que los privados de libertad sean víctimas de tortura.
Mediante un comunicado, las organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron su desacuerdo a que la Policía Militar asuma el control de los centros penitenciarios en Honduras.
Argumentaron que la medida violenta los estándares internacionales, que sostienen que las Fuerzas Armadas (FF. AA), -por su formación castrense- resulta común en el uso de la fuerza de manera desproporcionada e indiscriminada en contra de las personas privadas de libertad.
Ante ello piden revisar el perfil de los militares que han sido seleccionados para asumir funciones en el sistema penitenciario en Honduras.
Al tiempo que realizaron dos llamados contundentes: el primero es a las Comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención Contra La Tortura (MNP-CONAPREV), para que asuman con autonomía, integridad y ética el mandato que por Ley les corresponde de estar presente en la prevención de tortura en los distintos centros penales.
Asimismo, exigen a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, que proceda de oficio a constatar e investigar los presuntos delitos por tortura, tratos degradantes, tratos crueles e inhumanos a los que estarían siendo sometidas las personas privadas de libertad.
Dentro de las ocho organizaciones que se suman a la petición destaca: El Centro de Estudio de la Mujer (CEM-H), Asociación de Familiares de Persona Recluidas en Centros Penitenciarios de Honduras (ASOFAPRECPH), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, El Centro de Prevención, Tratamiento y rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Asociación de Familiares de Personas Recluidas en Centros Penitenciarios de Honduras (ASOCIDEH PPL), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) y la Asociación Para Una Vida Mejor (Apuvimeh).
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MEDIDAS CONTRADICEN RECOMENDACIONES DE LA CIDH
Sobre el tema, la asesora legal y técnica del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Esther Salinas, dijo en entrevista con Criterio.hn que, como organización parte de este pronunciamiento, se presentan como un frente unido a raíz de la “Bukelización”, mediatica que se está dando en el país.
Aseguró que el pronunciamiento lo realizaron con base a las recomendaciones que han emitido organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que refiere que las fuerzas militares no cuentan con formación adecuada para asumir la gestión penitenciaria.
Salinas aseguró que las medidas adoptadas recientemente en temas de seguridad en Honduras, contradicen las recomendaciones emitidas en el Informe Situación de Derechos Humanos emitido en 2019 por la CIDH.
El informe destacó la alarmante situación de militarización en centros penales, pese a que la Ley del Sistema Penitenciario Nacional dispone que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
En este sentido, la entrevistada expresó que el llamado expedito es hacia la presidenta Xiomara Castro, “los llamados son varios, primero que someta a revisión los perfiles de los custodios, y garantizar capacitaciones a los mismos y, como sociedad civil nos ponemos a la disposición de participar en el proceso de capacitaciones”, expresó, Salinas.
Y agregó, “nos ponemos a la orden para poder trabajar una ruta de acción en la cual podamos implementar una real y profunda reforma penitenciaria”.
MESA TÉCNICA DE AUTORIDADES Y DEFENSORES
Es necesario que se sienten en una mesa la señora presidenta, con los organismos defensores de los derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil, para que en conjunto se aborde el tema con el fin de buscar una estrategia, expresó la directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera.
Desglosa que la misma puede incluir a los militares, pero solo en periodos circunstanciales para realizar las requisas al interior de los centros.
Asimismo, mencionó que dentro de las propuestas se debe de respetar a la autonomía de las Comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención Contra La Tortura (MNP-CONAPREV).
“Ellas tienen que tener un rol protagónico ante estas situaciones que se están dando, tiene que emitir comunicados en contra de torturas que estén pasando”, opinó Ferrera en entrevista con este medio de comunicación.
Desde su punto de vista también se tiene que prestar especial atención en tratos que se brindan a privados de libertad, de acuerdo a su preferencia sexual, “no es posible que una persona LGTBI este durmiendo desnuda con una persona heterosexual, en el mismo modulo, eso contrae las medidas internacionales”, criticó.
Agregó que la mesa consistiría en proponer soluciones buscando el involucramiento de todos los sectores como: encargados del sistema penitenciario, “dentro de la mesa se plantean soluciones y se dice qué instituciones se van a incorporar para ayudar, seguidamente, se planifica los procesos y bajo qué fundamentos”.
Asimismo, refirió del involucramiento de organizaciones internacionales para plantear el tema de reinserción y rehabilitación, “son cuestiones que debemos abordar, el tema se debe acordar con conocedores en la materia, no se puede resolver el problema en los centros penitenciarios sólo con personas castrenses que crean que sólo con violencia se resuelve todo”.
Aseguró que de cara al futuro se continuará con el proceso de veeduría, al tiempo que se le dará acompañamiento de los familiares “vamos continuar solicitando reuniones con los directores de centros y no vamos a bajar la guardia”, concluyó la defensora de derechos humanos.
PROTESTAN FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD
Las nuevas medidas de seguridad en Honduras -que incluye la militarización de los centros penitenciarios- fueron ordenadas el pasado 21 de junio, un día después de la tragedia suscitada en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que cobró la vida de 46 privadas de libertad.
Semanas después de las nuevas ordenanzas, familiares de los privados han realizado varias protestas pacíficas pidiendo que no se violente los derechos humanos de sus familiares.
El reclamó más reciente lo realizaron este día. Familiares, en su mayoría mujeres, se instalaron a las afueras de la cárcel de máxima seguridad de la “Tolva” ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso.
Con pancartas y consignas exigieron que se restablezcan los derechos de los privados de libertad. “Estamos en un país de libre expresión, por eso le queremos pedir a la señora presidenta de Honduras, que, así como ellas es madre nosotras también, aquí no es El Salvador, aquí no es Palestina donde por décadas han sido violados los derechos”. expresó una de las madres de los recluidos que prefirió omitir su nombre y rostro por seguridad.
Al tiempo que destacó que su principal preocupación es que, en el país, se inicie violentando los derechos de los privados y después se pretenda implementar medidas represivas con los demás ciudadanos.
La mujer avisó que las protestas pacíficas continuarán en todos los centros penales del país, por varios días, “no vamos a dejar solo a nuestros familiares, aquí estaremos nosotros vigilando”, exclamó una de las manifestantes.
Informó que de momento sus familiares internos solo visten con ropa interior, sin embargo, autoridades del centro les informaron que en los próximos días se les estarán brindando colchonetas.
Mencionó que de momento no han podido ingresar a visitar a sus familiares, y temen que puedan ser víctimas de muerte por falta de atención como sucedió ya con un recluso.
Tras la aplicación de las nuevas normas de seguridad, los distintos cuerpos armados del país han informado sobre una serie de requisas y decomisos al interior de los centros penitenciarios en el país, y hasta la fecha se ha reportado la muerte de un privado de libertad por padecer complicaciones de obesidad lo que le provocó un cuadro de hipertensión arterial, según informaron fuentes oficiales.
