Tegucigalpa. – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), destaca que el 97% de los países del mundo permiten el aborto para salvar la vida de la mujer y sólo un 3% de países lo mantiene en el ámbito del derecho penal, entre estos: Honduras.
Las organizaciones de mujeres y feministas mantienen lucha para revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad en contra del artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras y el 194 del Código Penal presentado al Poder Judicial el 13 de abril de 2021.
En ese sentido, a través de un pronunciamiento solicitan a la nueva CSJ, dirigidas por una mujer, que las resoluciones de los casos sean con enfoque de género y de Derechos Humanos.
“Su obligación, es saber que siempre tienen que fallar conforme a derecho y no conforme a creencias personales, morales o religiosas”.
En enero de 2021, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma constitucional, con la que prohibió el aborto en cualquier circunstancia, violando las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de la mujer, al actuar de manera irresponsable ante un problema de salud pública.
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CSJ ENEMIGA DE LAS MUJERES
Las organizaciones de mujeres, luego que la Corte Suprema de Justicia, encabezada por Rolando Argueta, declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad, presentaron un recurso de reposición.
Fallo, que, de acuerdo con las organizaciones de mujeres y feministas, la anterior CSJ tomó su decisión bajo preceptos personales y religioso.
Ericka García del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) expresó “se terminó la Corte que demostró con hechos que odiaban a las mujeres”, ya que según la defensora de derechos de la mujer “una CSJ que odia a las mujeres es una corte que resuelve y que falla recursos sin tomar en consideración el derecho”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), destaca que el número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51 mil y 82 mil por año.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda eliminar los obstáculos normativos innecesarios desde el punto de vista médico para el aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas (por ejemplo, la pareja o familiares) o instituciones den su aprobación, y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto.
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NUEVA CSJ CON ENFOQUE DE GÉNERO
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las observaciones sobre el noveno informe periódico de Honduras, recomendó al Estado en materia de salud, legalizar el aborto al menos en casos de violación, incesto y riesgo de la vida de la mujer embarazada o incompatibilidad con el feto y despenalizarlo en los demás casos asegurando que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros.
Las mujeres esperan que la Corte Suprema de Justicia, a través de la presidenta Rebeca Ráquel Obando, quien aseguró “trabajar para impulsar medidas en favor de la tutela judicial efectiva para las mujeres que sufren violencia”, tome un nuevo giro.
Claudia Herrmannsdorfer, del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos es de la opinión, que, si la nueva CSJ tiene el enfoque de derechos humanos y los estándares jurídicos mínimos en temas de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, debería reponerse la sentencia que despenaliza el aborto.
“Esta es una oportunidad que tiene esta CSJ para rectificar y mandar el mensaje que en Honduras las cosas serán diferente”, enfatizó Herrmannsdorfer.
El Centro de Derechos Reproductivos, —organización que promueve la igualdad de las mujeres en todo el mundo— menciona que el derecho al aborto legal y seguro se encuentra respaldado por las garantías a la vida, a la salud, a la autodeterminación reproductiva, y a vivir una vida libre de discriminación.
