Tegucigalpa, Honduras. – La histórica deuda en acceso de justica hacia las mujeres, es el principal elemento para que las organizaciones de mujeres exijan a los diputados y diputadas del Congreso Nacional se nombre a la abogada Jenny Almendares como fiscal general de la república.
De acuerdo con las organizaciones de mujeres, la impunidad en casos de femicidios y violencias en contra de las mujeres sobrepasa el 95 %, por la escasa investigación.
“Nuestras exigencias se basan en la histórica demanda por el acceso a la justicia para las mujeres”, señaló a Criiterio.hn, Cristina Alvarado del colectivo de mujeres por la Paz Visitación Padilla.
Para la defensora de derechos humanos, además en el país centroamericano se requiere de una institucionalidad que responda ante la impunidad perpetuada en las violencias contra las mujeres y su expresión más extrema: los femicidios.
Sólo en 2023, del 1 de enero hasta el 31 de julio del 2023, se contabilizaron 274 femicidios, según la data del Centro de Derechos de la Mujer.
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¿MUJERES LOGRARAN REPRESENTACIÓN?
La elección del fiscal general y del fiscal adjunto se mantiene empantanada ya que no se logran los consensos entre los partidos políticos, mientras llegan a un acuerdo político, las organizaciones de mujeres reiteran que desde el Congreso Nacional (CN), se debe respetar el principio de paridad de género.
En ese sentido, ante la falta de acceso a la justicia, consideran que la abogada Jenny Almendarez es la persona idónea para ocupar la silla como fiscal general del Ministerio Público, y de esta manera reivindicar los derechos de la mujer.
Para Cristina Alvarado, esta es una oportunidad que posibilitaría impulsar medidas y mecanismos para el acceso a la justicia para las mujeres, “que efectivamente el Estado cumpla con su rol de protector y garante de los derechos de las mujeres”, expresó.
Sin embargo, esta posibilidad se ve empañada por una campaña de violencia política en contra de la abogada Almendares –única mujer que forma parte de la lista de los cinco postulados que presento la Junta Proponente ante el CN— misma que fue denunciada por las organizaciones de mujeres.
Ante este panorama, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), enfatizó que “la brecha de género está a años luz de cerrarse”.
PACTOS PATRIARCALES
Históricamente las mujeres se han mantenido en una condición de vulnerabilidad, exclusión y sumisión, debido a la cultura machista y patriarcal que limita el desarrollo de la mujer en el ámbito público.
“Las mujeres somos las mejores calificadas, pero somos las que menos acceso tenemos a puestos, a salarios, acceso a oportunidades”, indicó Jessica Sánchez. Esta condición diferenciada incrementa la brecha de género.
De acuerdo con el análisis de Jessica Sánchez, al no reconocer la meritocracia de las mujeres en estos procesos y además “se presta a la instrumentación”. –como el caso de la abogada Almendarez que pese a ser la mejor evaluada, no figura en las nóminas como fiscal general—.
Para la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), Migdonia Ayestas, las mujeres se ven limitadas a participar en la vida política del país y en la toma de decisiones porque «hay pactos patriarcales, los hombres negocian entre ellos y dejan a las pocas mujeres que hay en el Congreso a que los sigan».
Estos pactos, de acuerdo con Ayestas, no permiten que se valore la capacidad, la idoneidad, experiencia e independencia de las mujeres.
