Tegucigalpa. –La ola de violencia que enfrenta Honduras no solo expone la incapacidad del gobierno en materia de prevención y ataque del delito, sino que también pone en evidencia la colusión de los entes operadores de justicia que por su corrupción han sido coparticipes de la impunidad.
La tasa de impunidad en asesinatos en Honduras alcanza el 94.9%, es decir, que apenas 5 de cada 100 homicidios son judicializados y terminan con sentencia condenatoria, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Una reciente encuesta de percepción ciudadana realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) expone que 67% de los hondureños están de acuerdo con someter a juicio político al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla y al presidente de la Corte Suprema Justicia, Rolando Argueta por sus vinculaciones con la estructura criminal que instauró el extraditado expresidente Juan Orlando Hernández.
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Analistas en temas de seguridad señalan que el incremento de las muertes múltiples en Honduras es el resultado de la caída de “JOH”, como se le conoce a Hernández, por lo cual las estructuras criminales ligadas al narcotráfico se están reestructurando mientras el gobierno de Xiomara Castro continúa sin una estrategia efectiva de seguridad para enfrentar la violencia.
La falta de investigación por parte de los operadores de justicia genera que los homicidios se mantengan en la impunidad y si no se investigan a los responsables de cometer estos crímenes el flagelo no se contendrá afirma Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, excoordinador de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DNLC), asesinado en diciembre de 2011.
“Hay una mora en la investigación de asesinatos, esta mora tan grande nos dice que matar en Honduras no pasa nada. Desafortunadamente la justicia sigue igual y, en la medida no haya justicia, van a haber más asesinatos”, lamentó la también socióloga hondureño-venezolana.
Caldera, a través de la Fundación Alfredo Landaverde, manifestó que presentarán ante el Congreso Nacional una exhortación para que investiguen a los operadores de justicia por la falta de investigación y persecución contra autores materiales e intelectuales de asesinatos.
“Estamos pidiendo cita al Congreso Nacional para que se investigue a la Fiscalía y la Corte Suprema, que informen y digan por qué hay tantos asesinatos rezagados. ¡Queremos justicia!”, exigió.
Misma postura tiene el reconocido abogado experto en derecho humanos, Joaquín Mejía, quien señala que los altos índices de violencia están estrechamente vinculados con la impunidad y que representa la falta de investigación, la falta de judicialización y la falta de sanción a las personas que cometen delitos.
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“Cuando no se investiga, no se judicializa y no se sanciona, se envía un doble mensaje, por un lado, un mensaje a la sociedad en el sentido que es mejor limitar nuestras libertades, no denunciar nada porque puede pasarle lo que le pasa a la gente que muere de manera impune y un segundo mensaje a quienes son victimarias en el sentido que pueden seguir cometiendo delitos porque aquí a nadie se le castiga”, añadió.
A criterio de Mejía, la falta de acceso a la justicia frente a los crímenes “alimenta la impunidad que es como una rueda que no se detiene, que va aplastando a las víctimas y cuando no se detiene la impunidad obviamente se mantiene los altos índices de violencia”.
Mejía indica que, solo investigando, judicializando y sancionando se podrá detener la impunidad y para eso se requiere que las instituciones operadoras de justicia sean independientes, competentes, imparciales, al tiempo que expone se necesitan mecanismos de selección de altos cargos en las instituciones que garanticen que las personas que lleguen en el ámbito de la justicia y seguridad “sean las más competentes, íntegras y comprometidas con la justicia en el país”.
Cabe indicar que, en lo que va del 2022, Honduras registra más de 1,902 muertes violentas, 30 masacres y más de 152 mujeres asesinadas, según cifras de la Policía Nacional, del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV/UNAH) y la Asociación Calidad de Vida.
Alice Shackelford, representante de las Naciones Unidas en Honduras, valora que para tener un verdadero Estado de Derecho se requiere de instituciones operadoras de justicia “independientes” lo que garantiza el acceso a la justicia por lo que considera vital que la elección a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia sea “transparente y basada en méritos”.
