Tegucigalpa. – Ampliamente disputado por el sector empresarial, el proyecto de Ley de Justicia Tributaria recibió un espaldarazo más por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.
La mención fue realizada durante el lanzamiento del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023, el pasado miércoles 20 de marzo, por la representante de la OACNUDH, Isabel Albaladejo.
“Reitero también lo que he dicho en la intervención y lo que mi oficina, manifestó hace unos días sobre la necesidad de que el Estado avance en un pacto fiscal y tributario progresivo que se traduzca en la reducción de desigualdad, reconociendo la importancia de la Ley de Justicia Tributaria, precisamente para ello”, aseguró.
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Albaladejo especificó que ante los niveles de endeudamiento del país y una deuda externa arriba del 21%, sobrepasando incluso las partidas de salud y educación, “la única forma en la que el Estado puede garantizar los derechos humanos y el desarrollo precisamente es a través, también, de una recaudación progresiva de los impuestos”.
La representante de la OACNUDH en Honduras desmitificó que la recaudación progresiva de los impuestos se traduzca en desincentivar la inversión, apuntando que no existe un país que no exija a la inversión el cumplimiento de obligaciones que se traducen en el pago de impuestos y estos, a la vez, repercutan en el bienestar de toda la población y en la garantía de los derechos humanos.
El documento sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023 expone en el punto 39, que la OACNUDH reconoce los “esfuerzos por proponer modificaciones al marco legal con la finalidad de establecer un sistema tributario progresivo y que promueva una distribución más justa de los recursos”.
REFORMAS TRIBUTARIAS PARA EL COMBATE DE LAS DESIGUALDADES
A inicios de marzo de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra realizó una breve referencia a la necesidad de abordar la temática tributaria en Honduras.
“Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción.
Cuatro días después, la representante de OACNUDH en Honduras emitió un comunicado remarcando la relevancia de un sistema tributario y fiscal progresivo que promueva la reducción de la desigualdad.
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“Para reducir la pobreza y desigualdad y hacer efectivos los derechos humanos de la población, sobre todo la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, es fundamental que el Estado establezca una política fiscal progresiva y continúe avanzando en políticas que promueven el desarrollo equitativo y sostenible, con énfasis en la garantía de los derechos humanos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales.”
Instando a los sectores involucrados a generar un diálogo nacional inclusivo y transparente, dejando a un lado recurrir a la desinformación y a las descalificaciones, para alcanzar un pacto fiscal de Estado, “sostenible en el tiempo y que apunte hacia el bienestar de toda la sociedad hondureña”.
FMI E ICEFI HAN ADVERTIDO SOBRE LA INSOSTEBILIDAD DEL REGIMEN TRIBUTARIO ACTUAL
La OACNUDH no es la primera en remarcar la necesidad de abordar una reforma tributaria en Honduras, en junio de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció en favor del mencionado proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
En el segundo semestre de 2022, fueron publicados tres informes del FMI –declarados bajo secretividad por el régimen del expresidente Juan Orlando Hernández, encontrado culpable por delitos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos– en los que se remarcó que las exoneraciones fiscales son inequitativas e ineficientes, y que el régimen tributario de Honduras “es insostenible” a consecuencia de tantas exoneraciones que se volvieron “incontrolables”.
En mayo de 2022, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó a la administración de la presidenta Xiomara Castro trabajar en un acuerdo fiscal integral que permita generar crecimiento económico y ordenar las finanzas para poder impulsar los programas y proyectos prometidos en su plan de gobierno 2022-2026.
En esa ocasión, el Icefi resaltó que la nueva administración heredaba un país cuyo esquema económico descansaba en el pago de bajos salarios a los trabajadores y una escasa generación de empleo, que a la vez empuja a la población a la informalidad y a la migración.
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