Tegucigalpa. – Nuevamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACUDH) en Honduras se pronunció en relación a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y como su marco legal contraviene las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La declaración fue realizada por la representante en Honduras de OACNUDH, Isabel Albaladejo en el marco del lanzamiento del Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023, el pasado miércoles 20 de marzo.
Dentro del informe, específicamente el Punto 38, se reitera que la implementación de las ZEDE podría afectar negativamente el derecho a la consulta previa libre e informada; la tutela del derecho a la propiedad frente a eventuales expropiaciones; el acceso a la salud, educación y seguridad social. Así como el derecho a la información de las personas que residen en las comunidades afectadas a causa de la opacidad que rodeó la negociación e instalación de las ZEDE.
Albaladejo señaló que la normativa de las ZEDE “implica una renuncia del Estado a funciones en materia de seguridad, justicia y protección de derechos humanos”. Sumado a “la opacidad y falta de información con la que se llevaron a cabo las negociaciones para adoptar este marco legal y la instalación de las ZEDE en el país”.
La Ley Orgánica de las ZEDE fue aprobada en 2013, siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Previo a su aprobación y reformas constituacionales, fueron destituidos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, por declarar inconstitucionales –entre otras leyes– las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), antecesoras de las ZEDE.
Albaladejo, además, señaló que las ZEDE “implica la privatización de derechos sociales a cuya protección el Estado no puede ni debe renunciar”, remarcando la necesidad de que se lleve a cabo una derogación plena del marco legal de estas.
Recordó que el marco legal de las ZEDE fue derogado en 2022, pero esta pendiente de una “derogación plena a través del Congreso Nacional para que surta los efectos plenos efectos jurídicos”.
El entramado legal de las ZEDE, incluida su Ley Orgánica, fueron derogadas por unanimidad en abril de 2022 por el Congreso Nacional. No obstante, en medio de las disputas tripartidistas del Poder Legislativo, una serie de normativas que necesitaban ratificación en 2023 fueron obviadas, por lo que no surtió efecto la derogación de las ZEDE.
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Arbitrajes establecen obligaciones únicamente a los Estados, sin la posibilidad de defensa: Albaladejo
La representante de OACNUDH en Honduras también se refirió a los arreglos de controversias internacionales en el ambito del arbitraje, en este caso el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con respecto a la demanda interpuesta contra Honduras por la ZEDE Próspera en febrero de 2023.
Albaladejo hizo propias las palabras del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y el relator especial de derechos humanos y medio ambiente, quienes señalan que actualmemnte los arreglos de diferencias internacionales a nivel de arbitraje son lesivos, porque establecen obligaciones únicamente a los Estados, sin que estos tengan la posibilidad de defenderse.
“Establecen derechos para las empresas nacionales y transnacionales sin exigir el cumplimiento de obligaciones. Son lo que hemos venido a llamar contratos leoninos,
en la medida que sólo establecen derechos para las empresas que pueden acudir a estas instancias para exigir jurídicamente el cumplimiento del acuerdo, pero privan al Estado y a las comunidades de poder ejercer su defensa en la misma medida”, cuestionó Albaladejo.
En junio de 2021, la ONU pidió al gobierno de Honduras, encabezado en ese momento por Juan Orlando Hernández, revisar la compatibilidad de las ZEDE con sus obligaciones internacionales, señalando que estas “podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos”.
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En agosto de 2023, Criterio.hn publicó un trabajo investigativo, de dos entregas sobre la incorporación del 3.1% del territorio de la isla de Roatán al regimen de ZEDE Próspera, y el uso de una clausula para la incorporación de estos, en la que se establece que el proyecto continuaría vigente 21 años después de la muerte del último descendiente directo de Lionel Messi, vivos al momento de la firma del convenio, u 80 años después de la fecha de vigencia.
