Tegucigalpa. – La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor, y otros expertos de la ONU, expresaron “gran inquietud” ante el riesgo al que está expuesta la vida de la lideresa y defensora Garífuna, Miriam Miranda.
Miranda, quien es coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), sufrió un atentado la madrugada del martes 19 de septiembre de 2023, cuando cuatro hombres armados con fusiles de asalto ingresaron a la comunidad Garífuna de Vallecito en Colón, Caribe hondureño.
Al respecto, Lawlor, junto a otros relatores, enviaron una comunicación al gobierno hondureño el pasado 13 de noviembre –bajo confidencialidad por 60 días– en la que lamentaron la “presunta recurrencia de ataques hacia personas defensoras de derechos humanos”.
BUSCAN AMEDRENTAR A DEFENSORA DEL TERRITORIO GARÍFUNA
Tras recibir la respuesta por parte del Estado de Honduras el pasado 15 de enero de 2023, las y los relatores expresaron inquietud, este 14 de marzo, ante el riesgo a la seguridad, integridad física y vida de la reconocida lideresa Garífuna.
Las y los relatores apuntaron que el ataque contra Miranda “podría considerarse un atentado por sus actividades pacíficas y legitimas de defensa de los derechos humanos y su rol como de coordinadora general de la Ofraneh, que buscaría amedrentar a la Sra. Miranda y tratar de disuadirla de continuar efectuando su labor como defensora de los derechos humanos”.
Noticia relacionada: Por burocracia administrativa, gobierno deja en desprotección a Miriam Miranda
Resaltaron, además, su preocupación ante “la aparente falta de confianza en las autoridades responsables de proteger defensores de los derechos humanos”, la ausencia de los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo de Protección (CTMP) en la sesión programada para el 20 de septiembre en Vallecito, Colón, y el “aparente funcionamiento inadecuado del mecanismo de protección”.
Las instituciones ausentes a la reunión agendada para el 20 de septiembre de 2023 fueron: la Procuraduría General de la República, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
“[L]a decisión de no asistir a la reunión podría percibirse como una falta de preocupación por parte de las instituciones establecidas para proteger a personas como la Sra. Miranda, siendo responsables de garantizar la seguridad de la misma, así como la de la comunidad garífuna en Vallecito”, señaló el comunicado.
En la carta, las y los relatores solicitaron información relacionada a las alegaciones; las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de Miranda y la prevención de futuras agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Así como información detallada con respecto a la ausencia de representantes de la Procuraduría General de la República, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para la reunión del CTMP del 20 de septiembre.
En respuesta, el gobierno hondureño envió el oficio SEDH-0031-2024 en el que establecieron las supuestas medidas urgentes adoptadas para garantizar la seguridad de Miranda tras el incidente. Entre estas se incluyó una serie de diligencias que habrían sido realizadas desde el Ministerio Público y que incluirían un oficio al director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Lea también: Designación de exdirector de la ATIC en la UFERCO pone en duda lucha anticorrupción
La institucionalidad hondureña destacó como parte de las acciones, la realización de la sesión ordinaria del Comité Técnico del Mecanismo de Protección el 17 de octubre de 2023. En el documento gubernamental, obviando que la misma estaba agendada para el 20 de septiembre y ante la ausencia de tres de las cuatro entidades que conforman el CTMP fue cancelada.
DEFENSORES DE LA TIERRA, TERRITORIO Y AMBIENTE, ENTRE LOS MÁS GOLPEADOS POR ATAQUES
Durante la presentación del Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo –representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)– señaló que más del 54% de las 453 víctimas de los 363 ataques registrados en 2023, corresponden a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El 31.5% de estos ataques fueron perpetrados contra personas y organizaciones integradas por indígenas y afrohondureños.
