Desde un sector de la oposición exponen que se puede convocar a sesión extraordinaria, esto amparándose en el artículo 190 de la Constitución de la República y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Tegucigalpa, Honduras. -12 días han pasado desde la última reunión del pleno, donde se sometió a consideración las propuestas presentadas por los partidos políticos para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto que no alcanzaron la mayoría calificada, sin embargo, las y los diputados siguen a la espera de la convocatoria para retomar las sesiones en el Congreso Nacional.
Al respecto el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, precisó que de no lograr un consenso para la elección de las autoridades del Ministerio Público no habrá sesiones legislativas.
Dichas declaraciones fueron respaldadas por su compañero de bancada y prosecretario del Congreso Nacional, Fabricio Sandoval. Durante su participación en un foro televisivo el pasado 10 de septiembre, aseguró que “si construimos” los acuerdos y los consensos se retomarán las sesiones, de lo contrario no se convocará al pleno.
“Mientras no haya un acuerdo no habrá sesión, porque tenemos la obligación constitucional de elegir al fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público”, aseveró el legislador.
Lo anterior implica que de no llegar a un consenso entre las bancadas del Congreso Nacional para elegir a las autoridades del ente acusador del Estado las sesiones continuarán paralizadas. Sin embargo, desde un sector de la oposición exponen que se puede convocar a sesión extraordinaria, esto amparándose en el artículo 190 de la Constitución de la República.
El artículo en mención dice textualmente que “el Congreso Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias: cuando lo solicite el Poder Ejecutivo, cuando sea convocado por su Comisión Permanente y cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros (65 diputados). En estos casos sólo tratará los asuntos que motivaron el respectivo Decreto de convocatoria”.
Según el dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, la Constitución de la República y la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los diputados a convocar a sesiones extraordinarias.
En su participación en un programa televisivo el dirigente nacionalista, dijo que la oposición política -conformada por los partidos Nacional, Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH)- suman 74 diputados y ellos legalmente pueden convocar reuniones extraordinarias en el Congreso Nacional.
En ese sentido, hizo un llamado a los congresistas de oposición a convocar sesión extraordinaria, mientras la dirigencia de los partidos políticos se pone de acuerdo para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público.
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¿PUEDEN LOS DIPUTADOS CONVOCAR A SESIONES EXTRAORDINARIAS?
Analistas consultados por Criterio.hn precisaron que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a la mitad más uno de sus miembros (65 diputados) para convocar a sesiones extraordinarias.
El director de Justicia y Seguridad de la Asociación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, explicó que las sesiones ordinarias son las que convocan la Junta Directiva del Congreso Nacional a través de su presidente y las extraordinarias son las que se convocan para un fin específico.
Madrid detalló que el artículo 190 constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mismas que señalan que las sesiones pueden ser convocadas a solicitud del Poder Ejecutivo, por la Comisión Permanente y por la mitad mas uno de los miembros del Congreso Nacional.
“Entonces la mitad más uno de esos miembros podría solicitar sesión extraordinaria que podría llevarse a cabo un viernes, sábado, domingo o lunes para tratar un tema específico. Hay que tener en cuenta que ambos artículos no mencionan que se necesita la autorización de la Junta Directiva, los diputados solo deben firman y convocan a sesión extraordinaria”, puntualizó.
Por su parte el abogado constitucionalista, Oliver Erazo, manifestó que 65 diputados, o sea la mitad mas uno, pueden convocar, pero es deber de los 128 legisladores estar presentes en las sesiones.
En una entrevista brindada a este medio digital, indicó que las y los congresistas están dejando un mal mensaje a la población, ya que por capricho de los políticos las reuniones del pleno están paralizadas desde hace 12 días.
Erazo no descartó que esta las sesiones continúen detenidas, ya que no se vislumbra un consenso entre las bancadas para elegir a las autoridades del Ministerio Público.
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PARALIZADA LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Hasta el momento las únicas actividades que se han realizado en ese poder del Estado son las reuniones de la comisión especial que investiga la participación del exfiscal general, Óscar Fernando Chinchilla y exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián (fiscal general momentáneo), la entrega del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2024 a la Junta Directiva.
Posteriormente, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó para el martes 12 de septiembre a la Junta Directiva, sin dar detalles sobre los temas que se tratarían en dicha reunión.
12 días ha estado paraliza las sesiones en el Congreso Nacional, lo que implica que proyectos de ley continúen engavetados y con ello la mora legislativa vaya en aumento.
Entre los proyectos que ha quedado rezagado son la aprobación de reformas electorales, la iniciativa fue presentada en 2022, pero fue hasta marzo de 2023 que se retomó el tema y serían dictaminadas por la Comisión de Asuntos Electorales.
A la lista se suma la Ley de Casas Refugio que sigue engavetada en el Congreso Nacional desde marzo de 2023. La propuesta fue presentada por grupos de mujeres organizadas para acompañar a víctimas de violencia doméstica y femicidios.
A esto se suma el atraso en elecciones de segundo grado como la designación de los nuevos comisionados de la Unidad de Política Limpia, la elección del tercer magistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
