La nueva declaración impulsa la articulación regional y llama a los países desarrollados a asumir su responsabilidad ante los impactos que sufren comunidades como las hondureñas, atrapadas entre la urgencia ambiental y la lucha por sus derechos esenciales
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de una crisis climática que amenaza cada vez más a las poblaciones vulnerables de América Latina y el Caribe, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró el pasado 6 de agosto la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que determina el alcance de las obligaciones jurídicas de los Estados frente al cambio climático.
La Declaración, aprobada por el Consejo Permanente de la OEA —máximo órgano político permanente del organismo—, reconoce expresamente el valor vinculante de las obligaciones internacionales de los Estados en la protección ambiental, en particular del sistema climático global. Durante la sesión, los países miembros afirmaron que la acción climática ya no es solo una cuestión de política, sino de cumplimiento del derecho internacional.
De Interés: CIJ reconoce derecho a un ambiente sano y abre vía a litigios climáticos
CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHOS HUMANOS, INTERDEPENDIENTES
El pronunciamiento de la CIJ, emitido el 23 de julio a solicitud de la Asamblea General de la ONU, subraya que el deber de los Estados de prevenir daños significativos al ambiente se extiende de manera explícita al sistema climático. Además, la Corte reiteró que “el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible” es indispensable para la vida, la salud y todos los derechos fundamentales.
La OEA considera esta opinión un “hito” que fortalece la base jurídica de la lucha conjunta contra el cambio climático. “Los Estados tienen ahora una hoja de ruta jurídica más clara para orientar sus políticas ambientales y climáticas, poniendo los derechos humanos en el centro”, comentaron fuentes diplomáticas durante la sesión.
VULNERABILIDAD DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO
La Declaración insiste en que los países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares y comunidades indígenas, resultan desproporcionadamente afectados por el calentamiento global, a pesar de tener una baja responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, los Estados desarrollados deben movilizar recursos, transferencia tecnológica y financiamiento climático para apoyar a los más vulnerables, en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Entre los aspectos más relevantes, la OEA subrayó que la opinión consultiva de la CIJ señala que el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia climática puede derivar en responsabilidad jurídica, exigiendo a los Estados que detengan estas prácticas, ofrezcan garantías de no repetición y reparen los daños cuando sea aplicable.
Además, la Declaración aboga por armonizar marcos jurídicos y políticas públicas con los estándares internacionales, y por integrar las consideraciones de derechos humanos en todas las estrategias de mitigación y adaptación climática, con enfoque especial en los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y niñez, personas migrantes y demás grupos históricamente discriminados.
Lea: Corte IDH define obligaciones estatales frente a la emergencia climática
DESAFÍOS DE CONSENSO
La adopción de la declaración no estuvo exenta de matices: algunos Estados, como Estados Unidos, Paraguay y El Salvador, presentaron observaciones y reservas respecto a aspectos específicos del texto y al alcance vinculante de la opinión consultiva. Sin embargo, la mayoría de los miembros valoró ampliamente la necesidad de avanzar hacia una acción climática más ambiciosa, cooperativa y sustentada en el derecho.
Por último, el texto llama a aprovechar la sinergia entre foros internacionales y a implementar —a través del Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático 2023-2030 y la cooperación regional— respuestas eficaces para proteger a las personas, los ecosistemas y las economías del continente.
También lea: Migrantes del mar, el sol y la lluvia
HONDURAS: VULNERABILIDAD EXTREMA E IMPACTOS REALES
Para Honduras, uno de los países más vulnerables del mundo según el Índice de Riesgo Climático 2025, los efectos del cambio climático son devastadores: desde la erosión costera que provoca desplazamientos de familias –como en Cedeño y La Puntilla, documentados por Criterio.hn y Connectas– hasta olas de calor, sequías prolongadas, huracanes e inundaciones que amenazan la seguridad alimentaria y desplazan a miles de personas.
Las comunidades rurales, indígenas y especialmente las mujeres enfrentan el deterioro de sus medios de vida, profundizando la pobreza y dificultando la recuperación económica.
A pesar de su baja contribución histórica a las emisiones globales, Honduras ha asumido compromisos ambiciosos: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 16% para 2030, restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque y disminuir el consumo de leña en 39%.
Estas metas, oficializadas en mayo de 2021 con la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC) ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fueron reafirmadas públicamente durante la COP28 en Dubái en 2024, subrayando la relevancia de la restauración forestal y la transición hacia energías limpias como parte del desarrollo sostenible del país, sin embargo, los avances de estos acuerdos son pocos.
