Los expulsados por la erosión costera

 

Texto: Breidy Hernández

Fotos: Horacio Lorca

 

“Aquí ya no se ven jóvenes, somos una comunidad de viejos”, dice entre lágrimas Francis Azucena Cruz, al recordar que tres de sus cuatro hijos viven en Estados Unidos y que dos de ellos se vieron obligados a migrar luego que el mar acabara con sus casas. Ella misma perdió su restaurante y su pequeño hotel, que también le servía de vivienda, en la aldea de Cedeño, una comunidad de 3,800 habitantes que año tras año ve cómo la erosión se está comiendo las playas, ahora invadidas por escombros de concreto y varillas de hierro.

 

La erosión costera es implacable. Entre 1982 y 2015, el mar se adentró en la tierra de Cedeño un promedio de 1.22 metros por año y en 33 años se perdieron 40.62 metros de playa en algunas áreas. Y sigue avanzando. Según el estudio Variación de la línea de costa en la aldea de Cedeño, y cartografía de amenaza ante marejadas y ascenso del nivel del mar de Juan Ángel del Cid Gómez, con asesoría de José David Cáceres, las marejadas y el aumento del nivel del mar, debido al alza de la temperatura de las aguas, han destruido casas, escuelas, centros comunitarios y ventas de pescado, y han espantado hasta a los turistas.

 

Muy cerca de allí, en La Puntilla, pasa lo mismo. Una investigación más reciente desarrollada por Fian Internacional señala que la pérdida de costa en los últimos años ha sido de entre 50 y 80 metros, menor que la de Cedeño (entre 60 y 100 metros), pero los daños en la infraestructura son mayores. El estudio Impacto del cambio climático en los recursos costeros y medios de vida en las comunidades de Guapinol, Cedeño y Punta Ratón, Marcovia, Choluteca, atribuye esta situación a la orientación de las playas con respecto al oleaje y a la dirección de las corrientes marinas predominantes.

 

En Punta Ratón, la cantidad de escombros es mayor que en Cedeño.

 

Incluso da un dato revelador sobre la magnitud de la erosión costera en La Puntilla: el avance del mar en la tierra es cerca de tres veces mayor que el que se da en Punta Ratón, la aldea donde está situada (16 a 30 metros). Esto obedece a que la costa tiene forma de punta litoral, lo que intensifica el impacto de las marejadas.

 

A espaldas de Ana Gabriela Rivas se observa la que fue su casa; debido a que la arena entró cerca de un metro, ahora la usa para guardar la leña que recolecta en la playa.

 

“Aquí el mar ha derribado casas, pobres y ricos han perdido. El mar se lo ha llevado todo”, dice Ana Gabriela Rivas, una mujer de 65 años, que cada mañana se pasea por la playa de La Puntilla en busca de trozos de madera arrastrados por las olas que luego le servirán para avivar el fuego. Camino a la casa de su hija, donde también vive ella, comenta que el mar ha derribado muchas viviendas. La suya fue soterrada por la arena al menos un metro hace dos años y la de su hija está a apenas tres metros de ese lugar. “Me cansé de botarle agua y arena, entonces me salí”, refiere.

 

La primera hija de Francis Azucena Cruz en marcharse a Estados Unidos fue Francis Isabel Toruño Cruz. Salió hace 19 años cuando aún el avance del mar hacia tierra firme no habían destruido sus viviendas ni sus negocios. Hace nueve años, Santos Osmany Toruño Cruz siguió los pasos de su hermana y, hace cinco, el menor de sus hijos, Yoni Emmanuel Toruño Cruz, pasó la frontera, para tener un trabajo estable y construir la casa de su mamá.

 

“No solo los cimientos de mi casa y de mi hotelito me arrancó el mar, sino el corazón de mis hijos”, lamenta, al tiempo que expresa su dolor porque, aunque ellos han podido enviarle dinero para ayudarle a construir una nueva casa, enfrentan inestabilidad laboral por no tener un estatus migratorio regular. “El migrante sufre, es discriminado”, refiere Francis, que se ha convertido en una voz activa de los hondureños sobre el impacto de la migración por causas climáticas, en el ámbito nacional e internacional.

 

Francis Azucena Cruz lamenta que en la aldea de Cedeño la juventud sea la que ha buscado la ruta migratoria.

 

Honduras tiene alrededor de 820 kilómetros de costas distribuidas en el mar Caribe y en el mar Pacífico y está considerado el tercer país más vulnerable del mundo a fenómenos meteorológicos extremos, según el Índice de Riesgo Climático de la organización alemana Germanwatch e.V. Tras las tormentas Iota y Eta en 2020, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calculó que unos 4 millones de hondureños resultaron afectados. En una nota publicada en noviembre de 2021 decía que 247.000 personas se desplazaron hacia el interior del país y 183.000 buscaron protección en el exterior.

 

Para este reportaje de Criterio.hn y CONNECTAS, viajamos al golfo de Fonseca, a unos 170 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras, en busca de historias sobre los efectos del cambio climático en las zonas costeras y su relación con la migración y el desplazamiento forzado. En el recorrido encontramos que mientras las marejadas son cada vez más frecuentes e intensas, los planes de atención a los pobladores son prácticamente inexistentes y se centran en lo inmediato.

Quedarse a pesar de todo

Hasta hace unos años, la playa de Cedeño era conocida como “el balneario de los pobres” por sus precios accesibles y su infraestructura turística sencilla y confortable. Hoy está amenazada la inmensa línea de champas —enramadas de madera y palmas de coco, con muchas hamacas guindadas—, donde los turistas suelen recibir la brisa marina mientras esperan la comida típica: pescado frito con tajadas de banano verde. El mar ha ido entrando en la tierra y está acabando con la playa.

 

En la playa de Cedeño, los escombros permanecen como un recordatorio del avance del mar a tierra firme.

 

Por eso, los visitantes son cada vez más escasos. “El turista ya no quiere venir a Cedeño, porque el Cedeño de antes era muy bonito y el Cedeño de ahora, nada que ver; solo son escombros”, relata Francis Azucena Cruz.

Francis Azucena Cruz refiere que el turismo ha bajado debido a los múltiples escombros que hay en la playa.

 

“Antes, había turistas todos los meses, pero ahora solo vienen en temporada alta, que es en Semana Santa y en octubre, cuando celebramos la semana morazánica”, complementa Marilen Sujey Amaya Reyes, dueña de una champa a la orilla de la playa donde vende pescado y camarones.

 

Confiesa que siente temor de que sus cuatro hijos sean deportados debido a las políticas migratorias en Estados Unidos. “Eso de que Trump los quiere sacar es otra preocupación que tenemos; imagínese que logren deportar a los que se han ido huyendo de la pobreza, de la delincuencia, que los vuelvan a mandar”.

 

Marilen Sujey Amaya Reyes mientras dialoga con la periodista Breidy Hernández, le muestra una fotografía de cómo era su casa antes que quedara bajo el mar.

 

En la aldea, nos esperaba un grupo de mujeres para contar historias con dos elementos en común: sus casas bajo el mar y uno que otro familiar en Estados Unidos.

 

Ellas han sabido adaptarse a los efectos del aumento de las marejadas en frecuencia y en intensidad. Francis Azucena, por ejemplo, perdió su restaurante y su hotelito el mismo día y ahora vive de lo que le produce un champa en la playa que, solo abre los fines de semana, a menos que alguien la contrate por anticipado para que lo atienda entre semana.

 

“En los últimos diez años, he perdido cuatro casas y un negocio, un restaurante, no era de lujo, era de maderita, pero también lo perdí”, recuerda Delmis Amaya Ordóñez, una mujer que, aun así, permanece en Cedeño en una casa de pedazos de madera, sostenida sobre postes del mismo material, a escasos metros de la playa. La primera casa era de bloque, pero tuvo que reemplazarla por una de madera, igual que ha hecho con las siguientes. El restaurante no lo recuperó y ahora se conforma con una champa que también abre solo los fines de semana y con la venta de pescado y camarones frescos.

 

Casa de Delmis Amaya a la orilla de la playa en la aldea de Cedeño.

 

Hace una década, cuando el mar se tragó sus casas, cuatro de sus hermanos migraron a Estados Unidos. “Nosotros no nos pudimos ir porque para eso se necesita dinero. El mar está aumentando a cada año, el mar nos está consumiendo nuestras vidas, nuestras familias —relata, mientras entre el ruido de las olas y el canto de las gaviotas se escuchan los motores de las lanchas que se aproximan a la playa—. No tenemos adónde irnos, no tenemos la ayuda de nadie, aquí solo estamos por vivir”.

 

Delmis Amaya Ordóñez ha tenido que volver a construir las cuatro casas por el avance del mar y el retroceso de la playa.

 

La historia es igual en La Puntilla. En la playa un grupo de pescadores descansa en una de las champas, unos sentados en hamacas y otros en sillas plásticas. La pesca ha sido escasa y mientras esperan a sus compañeros para ajustar el pedido de un comprador que está con ellos, Harvin Santos cuenta partes de la historia de cuando el mar lo dejó sin nada en 2015.

 

Solo habían pasado dos meses desde que regresó de Estados Unidos, donde trabajó cinco años para reunir el dinero necesario para construir una casa de concreto, porque la suya era de madera. En cuestión de horas, la furia de la marejada arrasó con todo. “No es fácil. Todo lo que hice en Estados Unidos lo perdí”, señala.

 

“Como pude logré quitar el techo, las puertas y las ventanas. Fue lo único que pude salvar, porque cómo despegaba el bloque”. Pero no se le ha quitado el miedo. “Eso es duro; cuando veo que el mar viene cerca… no se me olvida…, me digo: por dónde voy a empezar a deshacer mi casa”, cuenta.

 

Harvin Santos migró a Estados Unidos para conseguir el dinero para construir su casa en La Puntilla. Poco después de lograrlo, el mar la destruyó y él se desplazó a Tegucigalpa, aunque confiesa, sintió ganas de irse nuevamente al país del norte. Hoy vive en su antigua comunidad.

 

En ese momento sintió la necesidad de irse de nuevo a Estados Unidos; sin embargo, decidió mudarse junto con su familia a Tegucigalpa. Pero en la capital ganaba poco (3,000 lempiras mensuales, algo así como 120 dólares) “y ese sueldo no me ajustaba”. Por eso, meses después, en 2016, regresó a La Puntilla donde solo había dejado escombros y se rumoraba de un proyecto de reubicación.

Migrantes climáticos forzados y sin registro

Las remesas son un indicador de la cantidad de migrantes de un país. De acuerdo con el Banco Central de Honduras, estas representaron el 26 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2024. En el caso de Marcovia, de un total de 9,444 hogares, 2,135 reciben remesas, según el Plan de Desarrollo Municipal de 2019.

 

Según la Encuesta Nacional de Migración y Remesas en Honduras (ENMR), el 14 % de las migraciones forzadas en Honduras obedecieron al cambio climático y el 3.9 % a las afectaciones del cambio climático. El estudio fue presentado en diciembre de 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

 

 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene registros sistemáticos y discriminados de las causas de la migración, pese a que identifica perfiles migratorios a través de encuestas en el centro de atención a migrantes retornados.

 

Su director, Wilson Paz, considera que las afectaciones climáticas sí impulsan el éxodo, igual que lo hacen la falta de oportunidades, la reunificación familiar y la inseguridad. En su opinión, muchas personas no identifican explícitamente el cambio climático como motivo de su partida, ya que no siempre reconocen sus efectos.

 

Las marejadas en el golfo de Fonseca, región costera compartida por Honduras, El Salvador y Nicaragua, son fenómenos impulsados por la dinámica natural del mar incluyendo corrientes y oleajes, pero no es lo único. "El cambio climático ha intensificado estos procesos. El aumento de la temperatura y el derretimiento de los cascos polares están aumentando el nivel del mar, lo que afecta especialmente a zonas costeras bajas", explica Manuel Rodríguez, director del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT), de la Universidad Nacional Autónoma de honduras-UNAH).

 

Por su parte, Daniel Germer, biólogo y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, señala que el impacto del cambio climático en la temperatura del océano y en las corrientes marinas aumenta las lluvias y las inundaciones.

 

Además del alto riesgo de inundación pluvial y fluvial, Marcovia corre peligro de inundación por marejadas, según el Plan de Prevención y Respuesta ante Emergencias.

 

De hecho, hoy en día Cedeño experimenta impactos cada vez más fuertes, hasta el punto de que el municipio declara el estado de emergencia cada vez que hay una marejada. El avance del mar destruye lo que encuentra a su paso, amenaza la vida de pescadores y agricultores locales y afecta hasta a la niñez. Por ejemplo, según el vicealcalde de Marcovia, José Ávila, “la escuela solía estar lejos de la playa, pero tuvo que ser trasladada a un anexo porque las marejadas estaban golpeando las paredes".

 

Las olas alcanzaron la escuela de Cedeño en mayo de 2019, marcando el inicio de los daños a su infraestructura. Fuente: redes sociales.

 

Algo parecido le pasó al centro de salud que, en palabras de Ávila “ya está quedando en la intemperie”, así como al centro comunal que estaba cerca del sector de El Campo. “Sería irresponsable darle un dato exacto del número de viviendas y edificaciones que se han perdido, pero son de todo tipo”, afirma el funcionario.

Un plan de ordenamiento territorial sin ejecutar

Caminar por las playas de Cedeño y La Puntilla se ha convertido en un recorrido un tanto peligroso porque a medida que se avanza por la orilla cuando el sol está a punto de caer sobre el inmenso mar que va tiñéndose de tonos naranja, la luz del sol dificulta ver los pedazos de concreto y las varillas de hierro.

 

Escombros de concreto y varillas de hierro que muestran los cimientos de lo que alguna vez fue una casa, ahora destruida frente al mar.

 

"El problema en Cedeño es que había mucha construcción de concreto, lo que dejó muchos escombros. Se volvió una playa de riesgo, y con frecuencia teníamos personas lesionadas, golpeadas por el concreto o se insertaban varillas de hierro", sostiene el vicealcalde Ávila. Los pobladores aseguran que estos accidentes siguen ocurriendo debido a que, aunque la Alcaldía prohibió las construcciones de cemento, la municipalidad no ha terminado de retirar los escombros.

 

Pero el asunto es más profundo porque las medidas tomadas por las autoridades locales y nacionales han sido insuficientes para la adaptación al avance del mar en la playa, entre otros efectos del cambio climático en esta región vulnerable.

 

Según el vicealcalde, el enfoque actual es hacer cumplir la ordenanza de 2016 que prohíbe construcciones de concreto en la playa, con el fin de reducir los impactos negativos de la erosión y fomentar el uso de materiales reciclables y reutilizables en la construcción costera. El funcionario precisa que la prohibición no se extiende a todo tipo de materiales debido a que no pueden perjudicar al turismo ni a los vendedores de pescado. También están abordando la disponibilidad limitada de tierra para la reubicación.

 

Cayendo la tarde, los pescadores regresan de faenar en el mar. Algunos guardan sus lanchas bajo las champas que en fines de semana sirven para atender a los pocos turistas.

 

Una de las acciones más apremiantes es reubicar a las comunidades que están en zonas de alto riesgo por el avance del mar en la tierra e implementar planes de ordenamiento territorial. Manuel Rodríguez, director del IHCIT, refiere que las alcaldías deben evitar la construcción de viviendas en áreas vulnerables, pero tienen que ir más allá: "La adaptación al cambio climático es crucial. Debemos tener normativas claras para la construcción y el ordenamiento territorial para reducir nuestra vulnerabilidad".

 

A su vez, José David Cáceres, asesor de la investigación sobre la variación de la línea de costa en Cedeño mencionada antes, y coordinador del Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT-UNAH), advierte que esta solución debe considerar los aspectos psicosociales, ambientales y económicos de las comunidades afectadas. "El reasentamiento tiene implicaciones económicas, pero también un sentido de arraigo y pertenencia a la tierra —explica—. Es fundamental que el abordaje sea integral para evitar que las personas regresen a sus zonas de origen".

 

Cáceres también destaca la necesidad de contar con un plan de ordenamiento territorial actualizado y vinculante, que defina los usos permitidos en cada zona del municipio y establezca normas claras para la gestión del territorio. Marcovia carece de él. "El problema es que nos gusta hacer muchos planes, pero en el momento de operativizarlos nos quedamos cortos —lamenta—. Es fundamental que los planes se traduzcan en reglamentación y que se acompañen de una caracterización exhaustiva del territorio".

 

Según el vicealcalde Ávila, por falta de fondos, no se ha podido concretar un estudio de ordenamiento territorial que se hizo con la Embajada de la República de Taiwán. El proyecto abarcaba la reubicación total, el ecoturismo y el paisajismo. Sin embargo, superaba la capacidad del gobierno local. “No hubo fondos suficientes; como gobierno local no tenemos la capacidad, porque eran cientos de millones”, dice. Los intentos por obtener financiación a través de la cooperación internacional no han dado resultados.

 

En varias ocasiones, incluso en la visita a la zona, insistimos en reunirnos con el alcalde Nahún Calix, quien ha estado al frente de la comuna marcoviana por más de 20 años, pero no nos atendió. También solicitamos a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) la ejecución presupuestaria del Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Respondió que no hay avances en la gestión y desarrollo del Programa Nacional de Adaptación (NAPA), pero que la Unidad de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático cuenta con un Plan Nacional de Adaptación con vigencia 2018-2023. Precisó que su estado está siendo evaluado “con el objetivo de definir mejoras que contribuyan a pasar de la formulación a la implementación” en la actualización para 2025-2030.

 

Claudia Pineda, directora de Fian Internacional en Honduras, sostiene que las instituciones del Estado fallan en la planificación. "Todo el sistema nacional de gestión del riesgo se concentra en la etapa de la reacción, en el momento de la emergencia", denuncia.

 

Para ella, el enfoque integral que se requiere para abordar el problema debe involucrar ordenamiento territorial, reforestación, regulación de construcciones y un modelo de desarrollo comunitario diferente. Por eso, lamenta la inexistencia de apoyo financiero e inversión específica para abordar el problema y que las políticas públicas ni siquiera lo reconozcan plenamente. Los esfuerzos se limitan a la asistencia momentánea en situaciones de emergencia.

Una reubicación que deja más preguntas que respuestas

Salimos de Marcovia por una calle de tierra, en cuyas orillas vimos cultivos para exportación de ocra, melón y caña de azúcar, además de algunas lagunas camaroneras. Dos horas más tarde, llegamos a Punta Ratón, otra de las comunidades con alto riesgo de inundación.

 

En La Puntilla, algunas paredes siguen en pie.

 

En 2016, en La Puntilla, se desarrolló un proyecto de reubicación. Entre las paredes en pie, los muros de concreto a punto de caer y una playa muy blanca, nos llama la atención un detalle: una línea de unas 30 casas con el mismo diseño y materiales diferentes: siete son de bloque y cemento, el resto de madera.

 

Bajo una champa, sentado en una lancha, está don Edilberto Montúfar, al que todos conocen como don Edil. Cuesta ganarse su confianza porque, igual que otros pobladores, está acostumbrado a los turistas, pero no a la visita de periodistas preguntones ni mucho menos de fotógrafos que disparan con la cámara.

 

“Tuvimos pérdidas, nos botó las casitas; por el cambio climático, subió una marea alta”, relata mientras muestra en dónde estaba su casa. En el lugar, se observan grandes columnas de cemento sobre la arena; son los cimientos de una vivienda de dos pisos que funcionó como hotel y que, según cuenta, cada día al caer la tarde, cuando sube la marea, quedan bajo el agua. Pertenecía a una cuñada por parte de su esposa, que, después de perder su vivienda, se fue de la comunidad hacia Guatemala.

 

Su memoria no guarda el año en que perdió su vivienda; lo que sí recuerda es que trabajaba en una de las camaroneras de la zona cuando llegaron a avisarle de la marejada. Ese día perdió su casa y algunas pertenencias junto con otras familias.

 

Edilberto Montúfar perdió su vivienda en las marejadas de 2016. Ahora permanece en La Puntilla junto con su esposa. Él fue uno de los siete beneficiados con una casa de bloque y cemento.

 

Unidos pidieron ayuda de la municipalidad; el alcalde solicitó apoyo al gobierno central. La municipalidad de Marcovia compró el terreno y la Presidencia facilitó la construcción de las viviendas. Los reubicaron a unos 50 metros de la playa en un proyecto habitacional cuyas casas, según don Edil, se planearon para que fueran de bloque y construidas sobre polines.

 

“El contratista que buscaron les quedó mal y solo se construyeron siete de bloque; el contratista se fue”, refiere don Edil y agrega que no sabe su nombre. Según su testimonio y el de otros habitantes de la comunidad, una primera constructora no terminó el proyecto, pero sí se llevó los fondos. Como el presupuesto bajó, el nuevo contratista construyó las casas de madera.

 

Casas de bloque construidas en La Puntilla. La segunda es la de don Edilberto Montúfar.

 

Las autoridades municipales dan otra versión. El vicealcalde Ávila aclara que la participación del municipio en la toma de decisiones fue limitada, pero que, hasta donde sabe, aunque las casas iban a ser construidas sobre polines y los cimientos no se afectarían, decidieron que el concreto no era el material ideal. Por eso, atendiendo las sugerencias de los expertos municipales y de otras partes interesadas, optaron por la madera.

 

Criterio.hn y CONNECTAS intentamos acceder a documentación sobre la ejecución presupuestaria del proyecto habitacional, así como al costo del terreno y de las viviendas a través del Sistema de Información Electrónico de honduras-SIELHO), pero la municipalidad no respondió. A su vez, el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos (PVAH-Convivienda) contestó que “no se ha encontrado registro alguno de lo solicitado”.

 

El proyecto no tiene 10 años de haber sido construido, y don Edil refiere que la madera se ha podrido debido a la humedad.

 

En el recorrido por el caserío de La Puntilla, el deterioro de algunas de las casas de madera es evidente. Edilberto Montúfar atribuye el deterioro tanto a la humedad de la brisa marina como al descuido de las personas.

 

Mientras tanto, la gente sigue emigrando. “De aquí se han ido bastantes personas para Estados Unidos”, señala don Edil, aunque aclara que las casas no han quedado abandonadas, sino que de cada una se han ido una o dos personas. Son las mismas que envían las remesas que les han traído una prosperidad agridulce. Ahora algunas familias son propietarias de lanchas para la pesca cuyo costo con aperos, según cálculos de don Edil, ronda las 130,000 lempiras por unidad (unos 5,083 dólares).

 

En la Puntilla, a diferencia de Punta Ratón la economía no depende del turismo, sino de la pesca. Cuando los peces escasean, algunos prefieren no salir.

 

Pero lejos de quitarles un problema, debido a la subida de la temperatura del mar y a la sobrepesca, los peces han escaseado y los pescadores se han visto obligados a adentrarse en el mar y traspasar la frontera de El Salvador o de Nicaragua. Los pescadores denuncian que la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua los detiene y les imponen multas de hasta 5,000 dólares, “algo imposible de pagar”.