Por: Redacción CRITERIO
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Por varios actos de corrupción, ocho empleados del Instituto de la Propiedad (IP) fueron capturados este martes en Honduras, mientras se presentó 17 requerimientos fiscales contra tres exempleados y 14 funcionarios de esa entidad.
Los detenidos, José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo, Kevin Josué Fonseca, Marlon Rafael Borjas, Liz Daniela Reyes y Jhony Fernando Carías Montoya, fueron capturados y trasladados al Primer Batallón de Infantería, por elementos de la Policía Militar del Orden Público.
A los apresados se les acusa de crear una red de planillas fantasmas, por lo que enfrentan cargos por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, fraude y complicidad.
El presidente del Consejo Directivo del IP, Ebal Diaz, manifestó que los arrestados se les descubrió drenando fondos al Estado hondureño, mediante la duplicidad de planillas. Kevin Fonseca, uno de los detenidos, se presume que era el exjefe de Recursos Humanos y hace 10 días se le había realizado una audiencia de descargo, pero habría desvanecido las acusaciones.
REQUERIMIENTOS FISCALES
En tanto los requerimientos fiscales fueron interpuestos por la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, abuso de autoridad y encubrimiento. Los nombres de los imputados no se dieron a conocer, solo se insistió que son 17 en total.
El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones a raíz de la interposición de una denuncia por parte de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras.
El departamento de Relaciones Públicas del MP informó que será un juez el que tendrá que conocer las causas que se les imputan a los altos funcionarios y determinar el grado de culpabilidad de los involucrados para girar las órdenes de captura correspondientes.
El Instituto de la Propiedad viene siendo investigado desde hace varios meses, por registros de escrituras ficticias que luego fueron hipotecadas, así como pérdida de expedientes, sustracción y adulteración de folios, falsificación de firmas, extensión y registro de títulos otorgados fraudulentamente, manipulación del sistema informático, cambio de claves y nomenclaturas y cobro de dinero para agilizar trámites.
En los actos reñidos con la ley se supone el involucramiento de empleados de menor y mediana categoría, e incluso directores y miembros del Consejo Directivo.
Antes de realizar las capturas, un fuerte contingente de la Policía Militar realizó en despliegue en las oficinas del IP, ubicadas en la colonia Humuya de Tegucigalpa, las que fueron intervenidas y cerradas por más de una hora, según relataron los vecinos de la zona.
