La Policía capturó a 4,033 personas entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, de las cuales, sólo 753 fueron requeridas por el Ministerio Público y llama la atención que ningún caso de los requeridos corresponde al delito de extorsión.
Tegucigalpa. – La efectividad del estado de excepción para combatir la delincuencia y criminalidad en Honduras está en duda o por lo menos ese la conclusión de los primeros seis meses de su aplicación, según un análisis de datos de Criterio.hn que refiere que el 81% de los capturados, en este periodo de tiempo, fueron liberados, porque no se tuvo las pruebas para incriminarlos.
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Con base a peticiones de información a la Policía Nacional y al Ministerio Público, este medio digital encontró que, de las 4,033 capturas registradas a partir de diciembre, cuando entró en vigor el estado de excepción y hasta el 31 de mayo, 3,280 personas fueron liberadas, mientras apenas el 19% (753) fueron requeridas por la Fiscalía.
El análisis de Criterio.hn, que consistió en un cruce de datos, muestra que, de diciembre a mayo de 2023, la Policía capturó a 4,033 personas por 15 delitos, de las cuales, el Ministerio Público solamente requirió a 753.
La cifra de liberados, que es la predominante, es debido a que no hubo pruebas suficientes ni testigos para mandarlos a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por ejemplo, Criterio.hn conoció el caso de Eduardo Morazán -nombre ficticio que se usará para proteger su identidad- quien en abril de este año fue arrestado por elementos de la Policía Nacional en una populosa zona habitacional, ubicada en la salida al sur de la capital hondureña.
Según lo contado, él se encontraba con un grupo de amigos en una esquina de dicho sector del municipio del Distrito Central, alrededor de las 9:00 de la noche, cuando uniformados de la Policía llegaron en dos vehículos y sin especificar un motivo, los subieron y se los llevaron a la estación policial ubicada en la colonia Loarque de la capital.
En su relato de hechos explicó que el argumento de los policías para arrestarlo fue porque tenía apariencia de pandillero perteneciente a estructuras criminales.
Finalmente, sin tener un motivo por el cual tenerlos retenidos, ya que al momento de la aprehensión no portaban armas ni drogas, y tras una supuesta investigación policial, fueron puestos en libertad.
El caso de Eduardo y sus amigos está entre los 3,280 que fueron puestos en libertad por no contar con evidencias para aplicarles un requerimiento fiscal y posteriormente presentarlos ante los tribunales de justicia.
Con el estado de excepción vigente las autoridades policiales tienen las facultades de arrestar y allanar viviendas sin tener una orden emitida por un juez porque se suspenden las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99.
El delito que domina en los requerimientos fiscales es el tráfico de drogas, al igual que en las capturas, con el 44% (332 casos). Le sigue la portación ilegal de armas de fuego y municiones, con el 11% (86) y maltrato familiar, que registró el 8% (60). Mientras el delito de extorsión no se refleja, pese a que fue el argumento inicial para poner en práctica el estado de excepción.
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CAPTURAS POR OTRAS CATEGORÍAS
El gobierno de Honduras aplicó un estado de excepción parcial para contrarrestar la extorsión, un delito que se paga con hasta 15 años de cárcel, según el Código Penal. No obstante, a más seis meses de la normativa, ese flagelo no es el hegemónico en las capturas realizadas por la Policía Nacional.
El estudio de Criterio.hn a la información oficial indica que los principales motivos de las capturas fueron el tráfico de drogas, con el 45% (1,814), y la portación ilegal de armas, que registró el 29% (1,168). Y, con un valor mucho más inferior, figura el robo, que registró 7% (290).
El cobro de extorsión, delito que provocó que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, decretara el estado de excepción parcial, figura hasta en el cuarto lugar de las capturas realizadas, representando apenas el 5%, es decir 206 arrestos. Pero, este delito, como se indica arriba, no figura en los requerimientos presentados por el Ministerio Público.
Las capturas relacionadas al cobro de extorsión, a criterio del director legal de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, sólo demuestran las evidentes falencias del estado de excepción en el país.
“Si el crimen organizado en realidad estuviera siendo perseguido y no quedando en impunidad sus asesinatos, ellos mismos retrocederían, pero como no es así, saben que el país es un terreno fértil para seguir cometiendo este tipo de acciones”, mencionó.
Madrid aseguró que las autoridades de seguridad carecen de una verdadera estrategia integral y científica, por lo tanto, los asesinatos en el país continuarán y el cobro de extorsión escalará hasta abarcar más sectores de la sociedad.
“Si existiera una estrategia integral, tuvieran colaboradores en barrios y colonias que informarían en dónde se cometería el siguiente incidente, ya sea extorsión o asesinato, para abordarlos antes de que se ejecute el delito, pero acá no tienen nada de eso, no hay red de colaboradores ni estrategias”, mencionó.
Sin embargo, el jefe del departamento de Comunicaciones de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, aseguró que las capturas sí funcionan porque son con base en una línea investigativa, por lo tanto, continuarán pidiendo prorrogar el estado de excepción.
“Cada allanamiento y captura que se hace es con base a una investigación hecha por nuestros cuerpos técnicos. Si bien es cierto, ASJ tiene su criterio, pero no han dicho que estaríamos mejor sin un estado de excepción parcial”, puntualizó.
No obstante, el caso planteado de Eduardo Morazán refleja, por ejemplo, que los arrestos ejecutados en este estado de excepción no están acompañados de una verdadera investigación que ponga tras las rejas a los orquestadores de la violencia desencadenada en el país.
“Si hay críticos que creen que lo mejor para Honduras es la cesantía del estado de excepción, definitivamente es que no quieren asistir a seguir salvando vidas, porque una vida salvada no tiene precio y hasta la fecha llevamos 370 homicidios menos, en comparación al 2022” agregó.
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Para el coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, la violencia y criminalidad se debe enfrentar con un plan en el que estén integrados todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de buscar alternativas para no recurrir a un estado de excepción que violenta los derechos humanos con la suspensión de las garantías constitucionales.
“La Secretaría de Seguridad no tiene que inventar el agua hervida, ¿qué debe hacer?, construir un plan con una política nacional de seguridad, convivencia y combate al crimen. Hace décadas Honduras no lo tiene y por eso están estos resultados que además continúan violentando los derechos humanos”, planteó Sierra.
El defensor de derechos humanos reconoció que con el actual estado de excepción se está reduciendo el número de homicidios en el país, pero enfatizó que la gobernanza del crimen organizado continúa ejecutando sus fechorías porque no se ataca directamente a los líderes de grupos criminales.
“Consideramos que deben ponerse metas claras; ejecutar un plan antiextorsión que en realidad le haga una lucha a este flagelo, de lo contrario la comisión de ese delito continuará afectando la población”.
De acuerdo con los números del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) analizados por Criterio.hn, desde el 1 de enero, hasta el 13 de junio de 2022, se registraron 1,710 asesinatos, y en el mismo periodo de 2023, han matado a 1,343 personas, es decir, 367 menos que en el año anterior.
“No sólo orientemos los resultados del estado de excepción parcial en un grupo de víctimas, sino en toda la población en general y verificar que el comparativo de los homicidios está bajando”, justificó Martínez Madrid.
En cuanto a los departamentos con más capturas, Francisco Morazán es el que más registró en lo que va del estado de excepción: 694, que representan el 17%. Le sigue Cortés, situado en el norte de la nación centroamericana, con 579 (el 14%), mientras que El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, suma 411 capturas, que significan el 10%.
Además, las personas detenidas, entre los 12 y 30 años, concentran el grupo más grande, con el 56% que, en valores absolutos, son 2,249. Eso significa que 5 de cada 10 detenidos tienen las edades antes mencionadas.
La otra franja de edad mayoritaria es la de 31 a 40 años, que acumula 965 detenciones, el 24% del total.
En tanto, destacan los hombres como los principales detenidos por la Policía en el estado de excepción en Honduras. El 93% (3,744) de los arrestos corresponden al sexo masculino, mientras que el restante son mujeres: 289 (el 7%).
Y de los seis meses que tiene de funcionar el estado de excepción en el país, enero fue cuando más capturas se registraron, con el 20%. Seguido de abril, con un 19%, una diferencia módica, igual a la de marzo.
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“CAPTURAS NO SON LA SOLUCIÓN”
Para el abogado criminalista Gonzalo Sánchez, quien perteneció, durante 15 años, a la ya desaparecida Dirección de Investigación Criminal (DIC), las capturas no son la solución de la problemática nacional, pasa más, dijo, por una estrategia enfocada en erradicar a los cerebros de los grupos delictivos.
“La iniciativa de la presidenta Xiomara Castro (el estado de excepción) fue buena, lo malo son los resultados porque no son los esperados porque han pasado varios meses de su implementación y continuamos viendo asesinatos múltiples seguidos”, opinó.
“Podemos seguir así: capturando y capturando. Pero eso no funciona mucho. Hay que trabajar con toda la fuerza de la seguridad para combatir a los líderes de las organizaciones criminales”, añadió.
De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, desde el 6 de diciembre de 2022, hasta el 18 de junio de 2023, se realizaron 4, 802 allanamientos de morada, 4, 458 más que los que se ejecutaron desde diciembre de 2021 hasta junio de 2022 (344).
El análisis de Criterio.hn ha puesto al descubierto que las capturas no responden a los resultados que se pueden esperar para disminuir el crimen y la delincuencia o, en el mejor de los casos, para hacer justicia a los responsables de los delitos, pero el gobierno alardea con el número de allanamientos y capturas, pese a que carecen de efectividad.
Por ejemplo, el miércoles 13 de junio de 2023, varios uniformados de la Policía Nacional llegaron en dos patrullas hasta la colonia Altos de Santa Rosa, situada en la salida al sur de la capital hondureña. Al llegar a una de las cuadras de dicha colonia, se bajaron frente a la escuela Enciende Una Luz y procedieron a ejecutar dos allanamientos de manera simultánea, frente a maestros y niños que no sabían qué estaba sucediendo.
Los agentes policiales lograron entrar a las viviendas, sin embargo, no encontraron a los presuntos criminales, tampoco armas o drogas, lo que podría dejar en evidencia que la Policía carece de investigaciones para efectuar sus operativos.
Desde el 6 de diciembre de 2022, en Honduras se aplicó el estado de excepción para Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades, que tuvo efecto hasta el 6 de enero de 2023. Luego el Poder Ejecutivo lo extendió hasta el 20 de febrero de 2023, y pasó a abarcar 73 municipios hondureños, mientras que la segunda prórroga estuvo entre el 20 de febrero y 6 de abril, en el mismo territorio. La tercera ampliación fue desde el 7 de abril hasta el 21 de mayo en los mismos municipios y, la cuarta, comenzó el 22 de mayo y culminará el próximo 5 de julio, en la misma franja territorial.
La presidenta hondureña declaró la “guerra contra la extorsión” el 24 de noviembre de 2022, cuando lanzó el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. Sin embargo, de acuerdo con los datos analizados por Criterio.hn, este delito no es el más golpeado con base a los arrestos que se hicieron hasta mayo de 2023 y mucho menos con los requerimientos fiscales, porque ni tan siquiera figura en estos.
El reclamo de los sectores afectados y los análisis de los especialistas en seguridad ciudadana, mantienen, además de las consecuencias del flagelo, tensa la situación en Honduras. Por ejemplo, el rubro del transporte afirma que paga mensualmente 250 millones de lempiras por concepto de extorsión.
Y lo anterior ocurre pese a que la Secretaría de Seguridad experimentó un incremento en el presupuesto de 2023 quedando en más L9, 000 millones, mientras el de 2022 fue de L6,800 millones.
DATOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
De enero a marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió 18, 146 expedientes por diferentes delitos y, de esa cifra, emitió 4, 233 resoluciones, sin embrago, estos procesos judiciales no corresponden directamente a personas requeridas durante el estado de excepción.
De acuerdo con las cifras analizadas por Criterio.hn sólo el 23% de los ingresos fueron resueltos, es decir, dos de cada 10 fueron sobreseídos o se les condenó, según el tipo de delito por el cual fueron requeridos.
“Es prematura echarle al Poder Judicial esa carga porque no se han cumplido todavía ni los dos años, o sea, estamos hablando de enero a marzo, y hay personas que quizás dentro de todo eso se le está respetando el debido proceso”, valoró el abogado penalista, Fernando González.
Agregó que “claro que existe una mora judicial, pero en ese caso debería apoyarse a lo que es el sistema judicial con un mejor presupuesto para que haya más apertura de jueces para que la aplicación de justicia sea más rápida”.
El profesional del derecho, mencionó, el caso del excapitán de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Santos Rodríguez Orellana, quien quedó en libertad porque el ente acusador no presentó la suficiente carga probatoria.
“Miremos el ejemplo del capitán [Rodríguez] Orellana que después de mucho tiempo el Tribunal de Sentencia dijo que el Ministerio Público inventó a través de sus peritos los cargos por los que se le imputaban”, reprochó.
De acuerdo con el fallo emitido por la Sala I del Tribunal de Sentencias de la CSJ, la investigación y acusación presentada por el MP dejaba más dudas que certezas, por lo que no se puede mostrar su participación en los delitos que lo señalaron.
A Rodríguez Orellana lo señalaron de lavar activos y participar en homicidios, y fue capturado junto a su esposa el 4 de noviembre de 2021, en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, capital de Honduras, después de regresar de un viaje por la isla de Roatán en el Caribe del país.
El penalista explicó que, si bien es cierto, son más de 18 mil ingresos de expedientes a la CSJ, pero, para llegar a una resolución se debe esperar un proceso que tarda alrededor de 30 meses (2 años y medio), por lo que las resoluciones que se emitieron son de años atrás y no necesariamente están relacionadas con requerimientos presentados durante el estado de excepción.
