Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) reiteró mediante un comunicado la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de la verdad sobre el asesinato de Berta Cáceres ocurrido el 2 de marzo de 2016.
La representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Alabaladejo Escribano señaló que la oficina que representa «continúa dando seguimiento a la causa de Berta Cáceres y reitera al Estado hondureño su responsabilidad de Profundizar la investigación de este caso, permitiendo conocer la verdad de los hechos y garantizar la reparación de las víctimas y sus familiares, recordando que la justicia para las víctimas solamente será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen».
El documento resalta que el asesinato de la defensora de los derechos humanos ambientales ocurrió en un contexto de vulneración de derechos de los pueblos indígenas, tal como fue constatado por la Relatora Especial de los pueblos indígenas, quien en su informe de visita al país señaló que los pueblos originarios de Honduras viven en situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrente por reivindicar sus derechos en un contexto general de violencia e impunidad.
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Por lo que OACNUDH considera fundamental que el Estado de Honduras redoble esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y haga efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos Humanos.
Asimismo, OACNUDH señaló que observa con preocupación los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales en Honduras, incluido el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, tal y como lo expreso la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michele Bachelet, el 26 de febrero de este año ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.
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Asesinatos de defensores y defensoras de DDHH no son inevitables: Mary Lawlor
A la publicación de la OACNUDH en el marco del quinto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, se suma la de Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Lawlor expresó mediante un artículo de opinión que, a cinco años de la muerte de Berta Cáceres, los defensores de derechos humanos continúan siendo asesinados en impunidad. «Es una historia conocida y continua, en Honduras y en todo el mundo, donde las personas responsables del asesinato de alguien que defiende los derechos humanos gozan a menudo de impunidad», escribió.
Mary Lawlor. (foto Human Rights House Foundation)
La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos afirmó que desde 2015, al menos 1,323 defensoras y defensores han perdido la vida; siendo Latinoamérica la región más afectada especialmente cuando se refiere a casos relacionados a derechos ambientales.
Subrayó que «El número de defensores y defensoras asesinados es, con toda probabilidad, significativamente mayor que las cifras de las que disponemos». Además, agregó: «Sabemos que, en cada continente, en las ciudades y en el campo, en las democracias y las dictaduras, los gobiernos y otras fuerzas amenazaron y mataron a quienes defendían los derechos humanos. Muchos, como Berta Cáceres, son asesinados en el contexto de grandes proyectos empresariales».
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Lawlor manifestó: «Estos asesinatos no son actos de violencia al azar que surgen de la nada. Muchos de los homicidios son precedidos de amenazas. Como señaló Amnistía Internacional, el asesinato de Berta Cáceres “fue una tragedia anunciada” y Berta había “denunciado reiteradamente las agresiones y las amenazas de muerte contra ella, que habían aumentado mientras luchaba contra la construcción de una represa hidroeléctrica llamada Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca”».
Finalmente, remarcó que «los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos no son inevitables: muchos se anuncian con antelación y, aun así, los gobiernos, año tras año, no proporcionan recursos suficientes para prevenirlos y, año tras año, no piden cuentas a los asesinos. De hecho, los Estados no sólo deben acabar con la impunidad, sino que también deben aplaudir públicamente la contribución vital que hacen los derechos humanos a la sociedad».
