La organización advierte que la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó este lunes su preocupación por el fallo emitido contra la diputada al Congreso Nacional y comisionada de la policía en retiro, María Luisa Borjas.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, actuando como juez ejecutor condenó ayer a Borjas a dos años y ocho meses de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, lo que implica la inhabilitación de Borjas como diputada.
Borjas fue declarada culpable el pasado 29 de enero por los delitos de calumnias constitutivas de difamación por una querella promovida por el banquero Camilo Atala.
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Mediante un comunicado, la OACNUDH dijo manifestar su preocupación por las recientes condenas que restringen el derecho a la libertad de expresión. Estas condenas involucran a una defensora de derechos humanos, también diputada del Congreso Nacional condenada por el delito de calumnia constitutivo de difamación a 2 años y 8 meses de pena privativa de libertad y una pena accesoria de inhabilitación especial e interdicción civil, y un periodista sentenciado a 10 años de reclusión no conmutable por 6 delitos de difamación constitutivos de injurias y calumnias.
Al señalar lo anterior la instancia de las Naciones Unidas, hace mención a Borjas y al periodista David Romero Ellner.
En su misiva la representante de la OACNUDH, María Soledad Pazo, recuerda que el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, señaló en su informe de misión su seria preocupación porque la criminalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación puede ser utilizada para silenciar a la prensa y limitar el derecho a la libertad de expresión de manera excesiva.
Ante tal extremo, el informe advierte que “existe la posibilidad de que se empiecen procesos penales en contra de cualquier persona que exprese una opinión que pueda ser considerada contraria a la dignidad de una autoridad pública, debilitando de esta manera el derecho a la libertad de opinión y expresión”.
El Relator Especial señaló en el mismo informe que “las medidas legales relativas a la libertad de opinión y expresión deben existir para eliminar obstáculos legales para el libre ejercicio de ese derecho fundamental, así como para sancionar a quienes violan ese derecho. En este sentido, las medidas legales no deben restringir indebidamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ni tampoco deben permitir que se usen para censurar y sancionar a personas que hagan uso de su derecho a la libertad de expresión. El Estado también tiene la obligación de tomar medidas para prevenir crímenes contra la libertad de expresión donde haya riesgo de que estos ocurran”
La OACNUDH recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
El Estado de Honduras ha recibido recomendaciones por parte del Comité de derechos humanos, el Examen Periódico Universal y del Relator Especial sobre la libertad de expresión en las que solicita se considere la posibilidad de despenalizar la difamación y, en todo caso, que la normativa penal solo debería aplicarse en los casos más graves, ya que la pena de prisión no es nunca apropiada, señala el comunicado de la instancia de las Naciones Unidas.
Finalmente, la OACNUDH alienta al gobierno de Honduras a avanzar en la reforma penal para despenalizar la difamación, calumnia e injuria, y adoptar soluciones adecuadas a través de los procedimientos civiles a los que las personas puedan recurrir en casos de difamación.
La semana pasada la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, fue cuestionada porque su seguridad sacó a la fuerza de un evento público a Olivia Zúniga, hija de Berta Cáceres y diputada al Congreso Nacional por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre).
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Zúniga Cáceres fue agredida por exigir justicia por el asesinato de su madre y por gritarle asesino y “fuera JOH” al gobernante hondureño, Juan Hernández.
Paradójicamente el incidente se originó en el marco del lanzamiento de Spotlight, una iniciativa mundial impulsada por la Unión Europea y la ONU, para dar respuesta a los desafíos sobre la violencia contra las mujeres, las niñas y los feminicidos.
El coordinador del partido Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, anunció que elevaría una protesta formal al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por violentar los derechos a la hija de la lideresa indígena y ambientalista, Berta Cáceres, asesinada la madrugada del 3 de marzo en la ciudad de La Esperanza, en el occidental departamento de Intibucá.
Hasta el momento la OACNUDH no se ha pronunciado sobre este caso.
