La OACNUDH condenó la muerte de un joven en los bordos de Río Blanco en la ciudad de San Pedro Sula por parte de agentes de la Policía Municipal
Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó en la tarde de este martes el uso desproporcionado de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad en el desalojo ocurrido esta mañana en los bordos del río Blanco en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras, en donde un joven falleció luego de recibir varios disparos por parte de agentes de la Policía Municipal, quienes acompañados por agentes militares, ejecutaron un desalojo violento, que dejó varios heridos, tras recibir órdenes expresas del alcalde sampedrano Armando Calidonio.
La OACNUDH reiteró al Estado de Honduras su obligación de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de uso de la fuerza, reprendiendo al Gobierno para que recuerde que “durante una pandemia los desalojos forzosos son aún más detestables y pueden constituir una grave violación de la ley humanitaria”, indica esta oficina, citando palabras del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal.
La OACNUDH además instó al Estado de Honduras a realizar una investigación en línea con los estándares internacionales que permita esclarecer los hechos ocurridos esta mañana en San Pedro Sula.
Rafael Flores Hernández, quien según vecinos del sector tenía un puesto para lavar vehículos ubicado en la orilla del Río Blanco, fue asesinado por agentes de la Policía Municipal de San Pedro Sula después de oponerse a que las autoridades municipales le destruyeran con un tractor su lugar de trabajo.
La Corporación Municipal de San Pedro Sula, que desde hace un año busca retirar de los bordos a estos pobladores, emitió una resolución para proceder al desmantelamiento de chozas, casas, negocios y las pulperías ubicadas en estos bordos, le dio dos horas para abandonar sus casas, sacar sus pertenencias y buscar otro lugar para vivir.
Es preciso señalar que las acciones ordenadas por Calidonio se dan en el marco de un contexto de desastre ambiental y precariedad total en la zona del Valle de Sula, ya que según la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) al menos 2 millones de personas en Honduras fueron afectadas por los huracanes Eta y Iota, la mayoría de ellos perdió sus casas. La falta de una vivienda digna es una tarea pendiente para millones de personas y un reto para el Estado de Honduras.
Las autoridades sampedranas argumentaron que el desalojo, en el que hubo disparos de arma de fuego por parte de los policías municipales, militares y policiales, además del uso de gas lacrimógeno y agresiones físicas con toletes, formaba parte del proceso para evitar la “contaminación” generada por personas que viven en estos bordos, por lo que, a pesar de no tener un plan de reubicación, procedieron por la fuerza a sacarlos.
José Alfredo Ponce, gerente de seguridad y movilidad urbana de la Alcaldía, dijo que actuaron en base a una orden de desalojo para los bordos del río Blanco debido a que hay bastante contaminación ambiental. Agregó que hay bordos que no habían sido tomados por ninguna persona, pero que ahora han puesto hasta negocios de carwash (puesto para lavar vehículos) y pulperías, y que paulatinamente se están tomando la parte sur por el bulevar del norte.
“Hasta las 8:30 AM comenzamos el desalojo. Es importante decir que solo estábamos actuando contra los negocios, a los demás solo se les estaba citando”, dijo Ponce.
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) repudió la orden de Armando Calidonio y condenó la brutalidad policial y militar ejercida.
“Condenamos el accionar desmedido de la Policía Municipal y la irresponsabilidad del Estado de Honduras al no garantizar viviendas en lugares seguros a las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, quienes, al no encontrar una forma de acceder a viviendas dignas, se ven orilladas a instalarse en las riberas de los ríos”, indicó Ciprodeh.
Como señal de protesta, los pobladores y amigos de la víctima procedieron a tomarse el bulevar del norte de San Pedro Sula, a la altura del puente de río Blanco, sin embargo, fuertes contingentes policiales y militares continuaron haciendo disparos y lanzando gas lacrimógeno lo que profundizó aún más la tensión que se vive en el lugar.
“Nosotros somos personas de bien. No tenemos dónde vivir y ya hemos establecido acá nuestros puestos de trabajo. Las autoridades simplemente nos quieren sacar de aquí y no tenemos a dónde ir”, expresó uno de los manifestantes.
