Un año y ocho días pasaron desde que la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu fue llamada – por disposición de la presidenta Xiomara Castro – a reunirse con el canciller Enrique Reina. Este miércoles sostuvo su segunda reunión con Reina, siempre por sus posicionamientos que desde el Ejecutivo etiquetan de injerencia en asuntos soberanos.
Tegucigalpa. – Un nuevo episodio de crispación diplomática es protagonizado por la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, tras manifestar su desacuerdo con las decisiones de nombrar un fiscal general y fiscal adjunto, ambos interinos, por la controversial Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Dogu, expresó a medios hondureños el martes 7 de noviembre, que la decisión de una minoría en el Congreso Nacional debilitó las instituciones del Estado y la imagen del país. Las declaraciones colmaron la copa en la Secretaría de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional.
A través del titular de esta institución, Enrique Reina, se citó a la embajadora estadounidense para reunirse hoy, miércoles, “para manifestar la inconformidad del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro por posicionamientos que consideramos injerencia en asuntos soberanos”.
La afirmación de Dogu fue antecedida por otras en la misma línea, como el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., Brian A. Nichols, entre otros funcionarios y congresistas.
Tras finalizar el encuentro este miércoles con Laura Dogu, el canciller Reina afirmó en conferencia de prensa que manifestó a Dogu “la inconformidad del gobierno de la República ante ciertas declaraciones que tuvo que consideramos internos y de carácter soberano”. A lo que ella realizará sus propias consultas e informará a Washington sobre la posición de la administración Castro.
“Reiteramos que para nosotros es un tema interno, creemos que la decisión de nombrar por parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional un fiscal interino y un fiscal adjunto interino se hace en el marco de la Constitución y como tal debe respetarse una decisión que se hace en el marco de la ley sobre un tema de carácter plenamente interno del Estado de Honduras”, declaró Reina.
Asimismo, aseguró que la actual administración está “trabajando arduamente” para luchar contra el esquema de corrupción e impunidad que se conformó en los últimos doce años en Honduras y el cual debilitó la institucionalidad y que, además, “habría elegido fuera de la legalidad a un fiscal general y fiscal general adjunto”. Se refiere a Óscar Fernando Chinchilla quien ostentó el cargo de fiscal general por diez años, y Daniel Sibrián como fiscal general adjunto.
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“Lamentablemente en este país durante mucho tiempo la relación [con Estados Unidos] no era de amistad, era de ser súbditos y yo creo eso no existe pues somos estados soberanos, estados que mantenemos una relación digna, habrá temas que estemos de acuerdo, habrá temas que no estemos de acuerdo y eso lo vamos a manifestar y exigimos la misma relación de respeto a nuestra soberanía, a nuestras actitudes como Estado”, declaró Reina.
En octubre de 2022, Reina se reunió con la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, por disposición de la presidenta Xiomara Castro, tras una serie de comentarios con tinte injerencistas en los que cuestionó temas y leyes que corresponden a la soberanía del país.
En esa ocasión, Reina, puntualizó que la relación con Estados Unidos es primordial, es también estratégica para Honduras, pero se debe mantener en el campo de una relación mutua de franqueza, de dignidad y de respeto a la soberanía hondureña.
RESPETO MUTUO DEBE PRIMAR
El economista Julio Raudales expresó a Criterio.hn que desde ya hace un tiempo las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos “se han tensado y todo comenzó, pues creo, con algunas medidas que ha tomado el gobierno de Honduras y que por la naturaleza del trabajo conjunto tradicional que han hecho los dos países no han agradado al país del norte”.
Raudales subrayó que Honduras es un país soberano y tiene derecho a manejar su política internacional a discreción, independientemente de lo que piensen otros países y esto quedó evidenciado cuando Honduras tomó la decisión de reconocer una sola China e iniciar relaciones diplomáticas con la República Popular de China, principal rival económico y en algunos casos político de los Estados Unidos.
La embajadora Dogu “ha externado algunas opiniones que también han desagradado al gobierno hondureño, pero bueno, yo creo que unas declaraciones, expresar una opinión de parte de un gobierno no necesariamente implica injerencia. No necesariamente implica que exista la intención de hacer que Honduras, o que el gobierno de Honduras se comporte de tal o cual manera. Entonces, creo que en eso debe haber respeto de las dos partes”, ahondó.
El economista señaló que Estados Unidos debe respetar las decisiones soberanas y unilaterales de Honduras, como romper con Taiwán y reconocer una sola China, así como solidarizarse con el pueblo de Palestina por la situación en Medio Oriente.
“Estados Unidos debe respetar estas cosas, repito, pero también Honduras debe respetar a Estados Unidos, que es un país amigo, que tiene una agencia de cooperación internacional, la más grande que trabaja acá en el país, que aporta al Estado hondureño más de 70 u 80 millones de dólares al año, que son provenientes, son recursos provenientes de impuestos que pagan los norteamericanos, pues aceptar quizás que aquí el gobierno emita alguna opinión sobre la forma que se están manejando las cosas acá en el país también”, concluyó.
MALESTAR DE EMBAJADORA VA MÁS ALLÁ DE NOMBRAMIENTO DE FISCALES INTERINOS
El abogado y analista político, Rodil Rivera Rodil, manifestó a Criterio.hn que actualmente el malestar expresado por la embajadora Dogu está ligado a la resolución emitida por la Comisión Permanente del Congreso Nacional en relación con los fiscales interinos, aunque añadió que a esta molestia se suma la aprobación de una normativa energética, la derogación de la ley de empleo por hora y la intensión de aprobar una reforma tributaria.
“Esto es muy sorprendente para mí, por cuanto significaría que los asesores legales que
tiene la embajada no han estudiado o no conocen a fondo el caso concreto, la estrategia que siguió el Partido Libre [Libertad y Refundación] para esperar que concluyera el periodo de la legislatura de este año y para poder, de conformidad con la ley de la Constitución, salir del
impasse, al menos provisionalmente, nombrando fiscales interinos para normalizar la situación del Ministerio Público”, defendió.
Objetó que así funcionan los juegos políticos en los congresos de todo el mundo incluido el de los Estados Unidos y recalcó que la crítica de la embajadora Dogu es injustificada y que la misma es consecuencia de la oposición que ha manifestado desde su llegada a Honduras en contra de las medidas neoliberales tomadas por el gobierno.
“A los pocos meses de haber venido, yo creo que no tenía ni dos meses, cuando al enterarse de que este gobierno había parado la privatización de la ENEE, ella empezó con sus críticas,porque ella viene representando una corriente neoliberal”, planteó.
Agregó que el malestar de Dogu está basado en dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional y un proyecto de ley. En primer lugar la “Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano”, que de acuerdo con Rodil habría detenido la privatización de la ENEE. Seguida por la derogación de la Ley de Empleo por Hora, la cual afirmó además de ser inconstitucional, benefició a centenares de empresarios e introdujo la precarización en el trabajo en Honduras.
En cuanto al proyecto de Ley de Justicia Tributaria, Rodil sostuvo que busca “reducir y tratar de introducir un poco de control en las desmedidas exoneraciones que los empresarios de Honduras han recibido de los distintos gobiernos y sobre todo del gobierno de Juan Orlando Hernández y que han sido criticadas por el Fondo Monetario Internacional”.
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OTROS EPISODIOS TENSOS DESDE LA LLEGADA DE DOGU
Esta no es la primera ocasión en que la embajadora estadounidense es interpelada por el canciller Enrique Reina, quien a finales de septiembre de 2022 le exigió que rectificara posiciones, señalando que “cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales”
En marzo de 2023, Dogu dijo: “[e]stamos preocupados por el impacto que tendrá la nueva Ley de Justicia Tributaria en la creación de empleo y crecimiento económico”. A su juicio, la propuesta gubernamental no sólo desalentaría las nuevas inversiones, sino que podría animar a que las existentes se trasladarán a otro país.
Previamente, en mayo de 2022, Dogu expresó su preocupación por el efecto en las inversiones extranjeras que tendría la aprobación de la “Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano”.
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En esa ocasión, Reina nuevamente respondió que “[l]a reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza”. A la vez que manifestó preocupación por la “desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE.UU.”.
Para julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe “Declaraciones de Clima de Inversión de 2022: Honduras”, mediante el cual señaló que la derogación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y la Ley de Empleo por Hora contribuyen a la incertidumbre en el clima de inversión en el país centroamericano.
El Senado de EE. UU. confirmó a Laura Fansworth Dogu como embajadora de Estados Unidos en Honduras en marzo del año pasado, luego de casi cinco años sin que Honduras contará con un representante plenipotenciario, tras la salida de James Nealon en junio de 2017.
Entre octubre de 2015 a octubre de 2018, Laura Dogu fungió como embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cesando en su cargo tras la crisis política de la nación centroamericana, cuyo estallido fueron las controvertidas reformas a la seguridad social y que continúa al día de hoy con el exilio de periodistas y encarcelamiento de liderazgos sociales.
