Juan Carlos Sánchez Villalobos adquirió el cargo de director de fiscales como resultado de una estrategia política entre los tres principales partidos representados en el Congreso Nacional, que acordaron repartirse las cuotas de poder en el ente investigador después de más de siete meses de falta de consensos. Gracias a la componenda política, el oficialista partido Libertad y Refundación logró el control del Ministerio Público, los liberales obtuvieron la posición de fiscal adjunto y los nacionalistas asumieron la Dirección General de Fiscalías.
Tegucigalpa, Honduras – Juan Carlos Sánchez Villalobos, reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción y por su postura a favor de la violación a algunas garantías constitucionales como el derecho a la salud en su rol de fiscal, ha sido nombrado como el nuevo director de fiscales del Ministerio Público (MP) por un periodo de cinco años.
Sánchez Villalobos, abogado y notario de carrera, es cónyuge de la también profesional del derecho Karla Patricia García Arita que, en 2015, aspiró a ser magistrada del Poder Judicial, pero no tuvo éxito en su intención.
Ambos se desempeñaron como fiscales para el combate de la corrupción y para la defensa de la Constitución, además de ser catedráticos en una universidad privada capitalina, pero después se dedicaron a los litigios privados, defendiendo a personas salpicadas en simbólicos casos de corrupción algunos presentados por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Por ejemplo, en 2018, cuando la MACCIH investigó al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, por presuntamente desviar fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs), la abogada Karla García, se desempeñó como representante legal del diputado nacionalista y logró que la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial emitiera un fallo a su favor, suspendiendo, de esa manera, la investigación.
Pero, a diferencia de su esposa, quien no ha conseguido la venía política para alcanzar altos cargos, el abogado Juan Carlos Sánchez logró convertirse en el director de fiscales mediante un ascenso sigiloso, sin expresar públicamente su interés por posiciones relevantes en el ámbito legal. Defendiendo a presuntos corruptos, se convirtió en la pieza clave impulsada por el Partido Nacional en el ente investigador.
«En 2023 no se logró materializar lo que pedían, pero con este nombramiento, de alguna manera, se termina de concretar el acuerdo que existía entre los tres partidos políticos. Ahora, el Partido Nacional puede estar seguro de que los posibles nuevos procesos de investigación, así como los ya existentes, pasarán por este abogado, que será su filtro”, opinó el analista político Lester Ramírez en conversaciones con Criterio.hn.
Ramírez hace referencia al acuerdo tripartito que supuestamente se gestó en el primer trimestre de 2023, cuando los líderes políticos se reunieron y acordaron repartirse los cargos del Poder Judicial y el Ministerio Público, los cuales estaban en proceso de elección ese año.
En particular, los nacionalistas exigieron que el cargo de dirección de fiscales ascendiera a rango constitucional, con el objetivo de que el fiscal general no lo nombrara directamente y fuera elegido por el Congreso Nacional, mediante una mayoría calificada, es decir, por el voto de 86 diputados de los 128.
El analista planteó el escenario de posibles conflictos de interés que podrían surgir con el nuevo director de fiscales. Por consiguiente, cuestionó a la asociación de fiscales a considerar si solicitarán que el director se abstenga de intervenir en los requerimientos fiscales dirigidos a miembros del Partido Nacional, como el caso de David Chávez.
«Ahora bien, si existen posibles conflictos de interés que este señor representa, mi pregunta a la asociación de fiscales es si solicitarán que el director se abstenga de conocer los requerimientos fiscales que se han iniciado contra miembros del Partido Nacional, como el caso de David Chávez«, puso en tela de juicio Ramírez.
La dirección de fiscales es deseada por los partidos políticos porque, además de supervisar los casos de investigación y los requerimientos fiscales que se presentarán, tiene la autoridad para archivarlos si considera que no cumplen con la carga probatoria requerida, tal como lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
De igual interés: Marcio Cabañas Cadillo, en su rol de asistente del exfiscal Leónidas Rosa Bautista, desestimó caso de tráfico gris
DISCREPANCIAS QUE RODEAN A SÁNCHEZ VILLALOBOS
Sánchez Villalobos actuó como defensor privado de los diputados Héctor Padilla, Audelia Rodríguez, Augusto Domingo Cuz Ascencio, Dennys Sánchez y Eleazar Juárez, imputados en diciembre de 2017 en el caso Red de Diputados, con el que despegó la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
De acuerdo a la investigación de la MACCIH, los entonces congresistas recibieron 15 cheques de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), organización que recibió 3.3 millones de lempiras de fondos transferidos en 2015 por el Poder Ejecutivo.
Los diputados, que fueron imputados por el delito de malversación de caudales públicos, fueron beneficiados con la medida de arresto domiciliario, pero esta medida fue revocada por la Corte de Apelaciones que resolvió, en diciembre de 2022, decretar medidas de no salir del país y firmar en los juzgados cada días.
El ahora director de fiscales, también representó legalmente a Alex Eduardo Huete Gonzáles, exgerente administrativo de Casa Presidencial, a quien en 2021 la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) lo incluyó en el caso Hermes y lo señaló de cometer los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.
En resumen, de acuerdo con la investigación presentada por la Uferco, entre 2014 y 2016, Casa Presidencial contrató a la empresa Servicios e Inversiones AID y, por órdenes de la fallecida exministra de Comunicaciones y Estrategias, Hilda Hernández, se le otorgaron 29 contratos de forma directa para promover la publicidad en medios de comunicación a nivel nacional.
De acuerdo a la investigación de la Uferco, la administración de Casa Presidencial de la cual era parte Alex Huete, erogó sin ningún sustento legal más de 122 millones de lempiras para el pago a más de 70 periodistas a cambio de que emitieran opiniones favorables al expresidente Juan Orlando Hernández.
Este gasto desmesurado fue sólo el principio de una serie de irregularidades detectadas en el uso de fondos públicos, pues se descubrió que los recursos estatales se desviaron hacia una variedad de actividades, desde renta vehículos blindados, compra de boletos aéreos, construcción de viviendas hasta financiar campañas políticas.
Luego de la captura de los 11 exfuncionarios, tras el requerimiento fiscal liberado por el MP en 2021, la Corte de Apelaciones del Poder Judicial en abril de 2022 dictó auto de formal procesamiento en contra de Huete, pero con medidas cautelares. Esto ocurrió después de que el nuevo director de fiscales, Juan Carlos Sánchez, apelara la primera decisión que había sido tenerlo tras las rejas hasta que finalizara el juicio.
En palabras sencillas, en abril de 2022, Huete se comenzó a defender en libertad, bajo la condición de cumplir lo que manda el artículo 173 del Código Procesal Penal, que dice que el imputado deberá estar sometida bajo la vigilancia de su apoderado legal, en este caso el nuevo director de fiscales y, periódicamente, tenía que ir a firmar un libro de registro de personas sometidas a medidas cautelares a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia.
Lea: Declarar en reserva las negociaciones de tratados y convenios, puede ser considerada como Ley de Secretos
¿Y en su rol como fiscal?
En 2017, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Honduras (Consumeh) y otros ciudadanos, entre ellos la reconocida empresaria farmacéutica Juliette Handal, presentaron un recurso de amparo en contra de las acciones emitidas por la entonces rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y los miembros de una comisión encargada de la gestión del Hospital Escuela Universitario en la capital. El argumento principal fue que las autoridades estaban haciendo cobros ilegales a la población por la prestación de servicios en el centro médico público.
Para ese entonces, Juan Carlos Sánchez Villalobos aún laboraba en el ente investigador, precisamente en la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución. Por lo tanto, tuvo conocimiento del caso, lo manejó y, en consecuencia, emitió un dictamen a nombre del Ministerio Público mediante el cual desestimó la denuncia. Argumentó que el cobro a pacientes no violaba garantías constitucionales como el derecho a la salud.
«El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que no existe vulneración del derecho a la salud, como norma invocada por los amparistas como transgredida», dice la opinión del dictamen emitido por Sanchéz Villalobos el 31 de octubre de 2017 en representación del Ministerio Público.
Sin embargo, pese a la desestimación de Sánchez, poco menos de un año después, la Sala de lo Constitucional del Poder Judicial se pronunció sobre la resolución y falló a favor del recurso de amparo presentado por Consumeh y los demás recurrentes. Estableció, entre varias aristas, que sí se estaban violentando las garantías constitucionales, por lo que la Fiscalía tenía que proceder con la investigación.
«Los hondureños no pueden confiar en un fiscal que emitió un dictamen desfavorable para la población, cuando hubo violación a las garantías constitucionales que indican que el derecho a la salud y educación son gratuitas. En este nuevo cargo, debería retractarse de esa situación para generar más confianza», dijo el periodista y representante de Consumeh, Benjamín Zepeda, uno de los impulsores del recurso de amparo por violación al derecho a la salud.
CASO “FRAUDE SOBRE EL RÍO GUALCARQUE”
Tanto el nuevo director de fiscales como su esposa no sólo se han dedicado a ejercer litigios privados vinculados en casos de corrupción, sino que también han representado legalmente a personas vinculadas en otros casos emblemáticos, como lo es el Fraude Sobre el Río Gualcarque, caso que aún no ha concluido, lo que podría premiar un juego de intereses ahora que Sánchez Villalobos podrá conocer directamente los casos en su rol de director.
De acuerdo con un acta de audiencia de proposición de medios de prueba, emitida por el Poder Judicial el 26 de mayo de 2022 y a la que Criterio.hn tuvo acceso, el nuevo director de fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, y su esposa, Karla Patricia García, fueron representantes legales de Carolina Lizeth Castillo Argueta. Esta última fue responsable de cometer el delito de fraude en el grado de participación de cooperante necesario en el caso Fraude Sobre el Río Gualcarque.
A pesar de la emblemática naturaleza de este caso, ha sido obstaculizado en repetidas ocasiones desde su inicio el 4 de marzo de 2019, cuando se presentaron 19 acusaciones contra exfuncionarios por presunta comisión de delitos como abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado. Estos delitos están relacionados con el otorgamiento de licencias y concesiones del río Gualcarque en la comunidad lenca de Río Blanco.
El caso del Río Gualcarque es un ejemplo emblemático de conflicto socioambiental en Honduras. Este río sagrado para la comunidad lenca ha sido el epicentro de una larga lucha de los pueblos indígenas contra proyectos hidroeléctricos en la región.
El conflicto se centra en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, promovido por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y que desencadenó en el asesinato de Berta Cáceres. Esta empresa planeaba construir una represa en el río Gualcarque, lo que habría tenido impactos significativos en el ecosistema del río y en las comunidades indígenas que dependen de el para su subsistencia y prácticas culturales.
SE REPITIÓ LA HISTORIA
Aunque el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), en los periodos anteriores que gobernó el Partido Nacional, reprochó y se comprometió a no repetir las acciones que encaminaron a Honduras a convertirse en un país con altos niveles de impunidad, la historia se volvió a repetir: el engranaje judicial está divido en sectores políticos.
Sin embargo, todavía algunos líderes de opinión refieren que debe transcurrir el tiempo para que las acciones, precisamente ejecutadas por las nuevas autoridades de Ministerio Público, den los resultados esperados por la población.
Corresponde exclusivamente al Ministerio Público demostrar con sus ejecutorias que no se pactó impunidad en la construcción de los consensos. Retardar u omitir acciones dará la razón a quienes sospechan que se pactó impunidad (en la elección de las nuevas autoridades”, opinó el exministro de Transparencia y exfiscal General de la República, Edmundo Orellana.
Un comentario
Daniel, le agradezco sus reportajes, por las siguentes razones; 1) en nuestro ambiente, requiere ser valiente para hacer este tipo de investigaciones, ojala ud nunca se «cambie de bando». 2) su informacion es precisa, y en los reportajes que he leido, acertada. 3) la forma en que hilvana la informacion hace que la lectura sea agradable y facil de comprender.