Tegucigalpa. – A cinco años del vencimiento del plazo establecido para que el Estado de Honduras procediera al saneamiento del territorio garífuna de Punta Piedra en Iriona, Colón, la institucionalidad gubernamental de diferentes administraciones continua sin dar cumplimiento a la sentencia.
A consecuencia de esta incapacidad estatal, los territorios ancestrales y comunitarios del pueblo garífuna continúan siendo asediados. La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció la invasión de un tercero vinculado con la criminalidad en parte del territorio que pertenece a la comunidad de Punta Piedra.
Esto “constituye una flagrante violación del derecho a la propiedad colectiva, generando violencia, y terror dentro de la comunidad”, remarcó la organización a través de un comunicado emitido el jueves 19 de octubre.
Desde la Ofraneh advirtieron su preocupación ante este nuevo acto de usurpación al territorio garífuna, puesto que la sentencia de la Corte IDH en materia de territorio además de obligar a restituir de manera integral el territorio en manos de terceros, además dispone la obligación de garantizar que el territorio en posesión de la comunidad no sufra ninguna intrusión, expansión adicional, interferencia o afectación por parte de terceros o agentes del Estado.
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Ante el continuo incumplimiento por parte del Estado de Honduras a las sentencias dictadas por la Corte-IDH, la Ofraneh exigió se proceda a una investigación de oficio sobre este “hecho delictivo que hoy denunciamos y otros hechos de usurpación y violencia que han ocurrido por el incumplimiento de las sentencias”.
La organización señaló las desapariciones forzadas del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz, Snaider Centeno, junto a otros tres jóvenes garífunas en 2020, así como otras acciones violentas contra miembros de la comunidad como “una serie de acciones y omisiones constitutivas de genocidio contra el pueblo garífuna”.
Entre estas se encuentran los asesinatos en 2023 de Ricardo Arnaúl Montero en enero y Martín Morales Martínez en mayo, ambos integrantes del Comité de Implementación de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Triunfo de la Cruz.
El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declaró responsable al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de poblaciones Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, dictando una serie de reparaciones que a ocho años siguen sin cumplirse.
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En julio de 2022, la defensora y coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, expresó a Criterio.hn que uno de los principales impases para el cumplimiento de la sentencia es la integración del comité interinstitucional, al que suelen asignarse técnicos y personas sin poder de decisión, por lo que requerían que bajo el nuevo mandato se asignen personas y autoridades de alto nivel con poder de decisión.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, advirtió a finales de octubre de 2022 que la ausencia de determinación por parte del Estado en el cumplimiento a las sentencias Triunfo de la Cruz y Punta Piedra está costando las vidas de garífunas que han reclamado de forma permanente la restitución y saneamiento de la tierra garífuna a lo largo de la costa del Caribe hondureño.
