Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. Este miércoles una nueva masacre despertó asombrados a los vecinos de la capital Tegucigalpa y de toda Honduras con siete personas asesinadas en la colonia 19 de septiembre en el sector conocido como “El Infiernito”.
Se trata de seis hombres y una mujer que fueron asesinados en la madrugada con el mismo modus operandi: mareros llegaron en la madrugada, los sacaron de sus viviendas y los acribillaron a sangre fría.
Según vecinos de las víctimas, el hecho se perpetró a eso de las tres de la mañana cuando se escucharon varias ráfagas de disparos y algunos de ellos creyeron que se trataba de petardos o cuetes típicos de esta temporada.
Los muertos respondían a los nombres de William Adonay Zelaya Matute 36 años albañil, Alex Leonardo Zelaya Matute 26 años albañil, Johan Enrique Zelaya Palma 20 años guardia de seguridad, María Elena Cerrato Domínguez 19 años, Selvin Lenin Cuellar 35 años albañil, Oscar Rolando Maradiaga 33 años albañil y Ángel Javier Ordoñez Corea también albañil de tan solo 17 años.
El subcomisionado de policía Leonel Sauceda, ante tanta tragedia en el país, no soportó el llanto y lloró frente a las cámaras fotográficas y de televisión al dar a conocer los nombres de las personas asesinadas en Tegucigalpa.
Ayer martes en el municipio de Choloma, también se dio otra masacre donde fueron asesinadas ocho personas dedicadas del rubro del transporte a tan solo 150 metros de una posta policial en el sector López Arellano
Hasta la fecha se han creado al menos 13 unidades militares con tareas de seguridad. De acuerdo a las Naciones Unidas, Honduras reportó en 2014, 90 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras el gobierno asegura que la tasa fue de 66.49 por cada 100 mil habitantes.
En los últimos días, distintos sectores de la sociedad hondureña cuestionan al gobierno presidido por Juan Hernández porque en su campaña política prometió seguridad y porque cuando fue presidente del Congreso Nacional aprobó un nuevo impuesto denominado “Tasón de Seguridad” y no ha dado los resultados esperados.
Con este gravamen que es considerado confiscatorio por la empresa privada, se recaudan un aproximado de 1800 millones de lempiras que hasta la fecha no se sabe en que lo invierten y que no ha sido capaz de frenar la violencia que entre ayer y hoy deja más de 35 muertes en el país.
